El nuevo modelo de financiación autonómica avanza en un equilibrio inestable. Con el acuerdo entre el Ejecutivo y ERC cerrado, el foco se desplaza ahora a Junts, que ha optado por una estrategia menos ruidosa de lo esperado: presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo para no bloquear la tramitación y ganar tiempo. No es un gesto menor. Es una maniobra calculada en un Parlamento fragmentado, donde el calendario es ya un instrumento político de primer orden.
La decisión de Junts llega cuando el Gobierno necesita algo más que la suma aritmética de sus socios habituales. El rediseño del sistema de financiación —con una inyección adicional de 21.000 millones para las comunidades— requiere estabilidad parlamentaria y una narrativa de consenso mínimo. La enmienda “constructiva” permite a Junts marcar perfil propio sin asumir el coste de dinamitar la reforma en su arranque.
Marcar posición sin romper la baraja
La clave no está tanto en el contenido de la enmienda como en su forma. Junts insiste en el modelo de concierto económico para Cataluña, una reivindicación que el Ejecutivo ha descartado de manera reiterada. Sin embargo, al registrar un texto alternativo y no una enmienda de devolución pura, evita una votación inmediata que podría unir al PP y a otros grupos en un rechazo frontal, cerrando cualquier margen de negociación.
El movimiento concede oxígeno al Gobierno y, al mismo tiempo, refuerza la capacidad de presión de Junts durante los próximos meses. En un Congreso donde los tiempos importan casi tanto como los votos, cinco meses adicionales de tramitación permiten recomponer alianzas, ajustar cifras y explorar fórmulas intermedias que hoy parecen políticamente imposibles.
En este tablero, Esquerra Republicana se convierte en el otro gran actor observado. Junts aspira a elevar el listón de las exigencias y a evitar que el acuerdo cerrado por ERC y Hacienda se consolide como un nuevo “café para todos” con acento catalán. La frialdad entre Carles Puigdemont y Oriol Junqueras añade un componente personal a una disputa ya compleja, donde la competencia por el liderazgo del independentismo sigue pesando más que la aritmética parlamentaria.
Desde el Govern, Salvador Illa ha defendido el acuerdo alcanzado como el mejor posible tras más de una década de sistema caducado, sin cerrar la puerta a mejoras. Su posición refleja una realidad incómoda: el modelo no es perfecto, pero la alternativa al acuerdo es la parálisis, algo difícil de explicar en un contexto de asfixia financiera para muchas comunidades.
En el Ejecutivo central, María Jesús Montero mantiene una línea clara. Hay margen para incorporar aportaciones “asumibles”, pero el concierto catalán queda fuera del perímetro negociable. El mensaje a Junts es explícito: realismo frente a maximalismo. Y, en paralelo, la convicción de que tumbar un modelo que mejora la financiación de Cataluña tendría un coste político difícil de justificar incluso entre sus votantes.
La enmienda de Junts no resuelve nada, pero ordena el conflicto. Sustituye el pulso inmediato por una negociación prolongada, desplaza el foco del bloqueo al contenido y convierte el tiempo en un activo estratégico. En un Parlamento sin mayorías claras, no siempre gana quien dice “no”, sino quien sabe cuándo aplazar el “sí”.