El Congreso de los Diputados tenía esta mañana un aire se podía cortar con un cuchillo. Hoy es un día de esos en que te juegas la legislatura a una sola carta y todos en el hemiciclo lo saben. Isabel Rodríguez subió los escalones de la tribuna con la cara de las grandes ocasiones, dispuesta a librar la batalla de su vida para salvar los dos decretos del alquiler. Su discurso fue un cuerpo a cuerpo desesperado contra la derecha y, sobre todo, contra el independentismo catalán. Y es que en España el precio de un techo se ha convertido en el verdadero dolor de cabeza de La Moncloa.
La ministra empezó buscando amparo en el trabajo hecho, intentando sacudirse las acusaciones de improvisación que le llovían desde la oposición. «Es fruto de muchos meses, de muchas negociaciones, de días intensos con los grupos parlamentarios que han querido formar parte de las soluciones», soltó desde el atril, tratando de transmitir que el Gobierno había escuchado a todo el mundo.
Pues bien, la tregua duró poco. A los pocos minutos, la ministra se lanzó al cuello del Partido Popular. Mirando fijamente a la bancada conservadora, Rodríguez apretó el acelerador y les soltó un dardo directo al mentón: estar «del lado de los buitres los inhabilita para gobernar» el país. Ni más ni menos. Les preguntó en voz alta «dónde están ustedes, por qué aún no han asumido que hablamos de un derecho y que hay que combatir la especulación», para rematar con una suplica teñida de ironía: «Señorías del Partido Popular, podrían ser útiles, por una vez hoy su voto puede ser relevante para España». Buscaba, está claro, hacerles sudar la camiseta y cargarles el muerto si los decretos caen.
Pero la verdadera angustia del Gobierno no estaba en el PP. Estaba en los siete escaños de Junts. Sabiendo que Carles Puigdemont tiene el botón del pánico en sus manos, la ministra aflojó el tono y apeló directamente a los posconvergentes. Les recordó, casi con contabilidad de tendero, que no tenían motivos para quejarse: «El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente del Gobierno está recogido hoy en el BOE». Y al final, sin rodeos, vino el ruego directo, casi sin aliento: «Voten a favor o absténganse».
Para tocar la fibra del hemiciclo y bajar el debate de las nubes de la política a la calle, Rodríguez sacó a relucir el nombre de una vecina desahuciada. «Una democracia avanzada como la española no puede permitirse un desahucio más», proclamó, asegurando que «el desahucio de Maricarmen ha despertado conciencias, nos ha interpelado a todos como una bofetada de realidad». Un empujón claro a la gente para que siga apretando en las calles.
A los que le acusaban de pisar competencias o violar la seguridad jurídica, les lanzó la Constitución a la cabeza. «Hay quien todavía no se cree que tenemos un mandato constitucional para garantizar este derecho básico», protestó, atrincherándose en el artículo 47 para defender que la vivienda tiene una función social y que hay que frenar la especulación a toda costa.
Como última bala en la recámara para convencer a los indecisos, ofreció tramitar el decreto como proyecto de ley de urgencia según saliera aprobado. Todo con tal de salvar los muebles hoy. Suplicó que permitieran entrar en vigor a «un texto que da dignidad a la gente», prometiendo cambiar después «esas puntualizaciones o correcciones técnicas que algunos grupos reclaman».
El marcador del Congreso está a punto de hablar. Y mientras las luces se encienden para la votación, el alegato de Isabel Rodríguez suena como el último cartucho de un Gobierno que se lo juega todo en el tablero inmobiliario, intentando convertir un choque de votos en una cuestión de pura moral.
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