La inflación del autoritarismo

Hay palabras que pierden precisión cuando se utilizan para describir cualquier conflicto político. Autoritarismo es una de ellas.

Alberto Núñez Feijóo volvió a emplearla esta semana ante dirigentes del Partido Popular Europeo para definir a Pedro Sánchez como un "presidente autoritario" y advertir de una supuesta degradación de la democracia española. Unas afirmaciones que forman parte de un discurso que el Partido Popular viene construyendo desde hace tiempo y que presenta la situación política española como una anomalía dentro del contexto europeo.

Más allá de la lógica del enfrentamiento político, conviene detenerse un momento en el significado de ese lenguaje. España atraviesa una legislatura especialmente compleja. La fragmentación parlamentaria obliga a negociar cada votación, la polarización ha elevado la tensión política hasta niveles poco habituales y la relación entre Gobierno y oposición vive instalada en un enfrentamiento permanente. A ello se suma una intensa judicialización del debate público y un clima institucional que alimenta la sensación de desgaste.

Todo eso describe una democracia sometida a fuertes tensiones. No basta, sin embargo, para concluir que España haya dejado de ser una democracia liberal.

Conviene recordar qué caracteriza realmente a un régimen autoritario. No es un Gobierno criticado por la oposición ni un Ejecutivo cuyas decisiones son recurridas ante los tribunales. Tampoco un presidente cuestionado por los medios de comunicación o sometido al escrutinio parlamentario. Los sistemas autoritarios limitan libertades fundamentales, restringen el pluralismo político, vacían de contenido las elecciones o subordinan la independencia judicial al poder.

Europa conoce demasiado bien esos procesos. Hungría lleva años protagonizando un deterioro progresivo del Estado de derecho. Rusia convirtió la oposición política en un riesgo personal. Nicaragua ha reducido al mínimo cualquier espacio de pluralismo. Equiparar esas realidades con la España de 2026 exige un salto argumental difícil de sostener.

Feijóo pudo pronunciar ese discurso ante representantes europeos, recibir amplia cobertura mediática, ser respondido por el Gobierno y continuar ejerciendo con absoluta normalidad como jefe de la oposición. Esa posibilidad no demuestra la ausencia de democracia. Constituye, precisamente, una de sus expresiones más evidentes.

Lo ocurrido en España tampoco es un fenómeno aislado. En los últimos años buena parte de las democracias occidentales han asistido a una evidente inflación del lenguaje político. Donald Trump denunció un fraude electoral sin aportar pruebas. Jair Bolsonaro cuestionó durante meses la fiabilidad del sistema electoral brasileño. Viktor Orbán presentaba con frecuencia las críticas procedentes de las instituciones europeas como ataques contra la soberanía húngara. Son contextos muy distintos, pero comparten un mismo mecanismo político: desplazar el debate desde la crítica a decisiones concretas hacia la impugnación de la legitimidad del adversario.

Ese cambio altera la naturaleza misma del debate democrático. Cuando la discusión deja de centrarse en las políticas públicas para girar alrededor de la supuesta ilegitimidad del contrario, las instituciones pasan a contemplarse con creciente desconfianza. El Parlamento, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, los organismos independientes o los medios de comunicación dejan de valorarse por sus actuaciones concretas y empiezan a juzgarse únicamente en función de si confirman o contradicen el relato de cada bloque político.

La confianza en las instituciones casi nunca se rompe de un día para otro, se desgasta lentamente, a través de pequeñas desconfianzas acumuladas, hasta que llega un momento en el que reconstruirla resulta mucho más difícil que perderla. Esa erosión suele ser silenciosa y apenas ocupa titulares, pero termina afectando a uno de los pilares esenciales de cualquier democracia, la aceptación compartida de unas reglas comunes.

La crítica constituye una función esencial de cualquier oposición democrática. También lo es fiscalizar con rigor al Gobierno y denunciar aquello que se considera inaceptable. Pero existe una diferencia importante entre cuestionar decisiones concretas y presentar de manera permanente el sistema institucional como un espacio esencialmente ilegítimo.

España necesita una oposición fuerte y también gobiernos sometidos al máximo nivel de control. Esa tensión forma parte del funcionamiento normal de una democracia parlamentaria. Lo preocupante aparece cuando el debate político convierte cualquier negociación, cualquier acuerdo parlamentario o cualquier decisión institucional en la prueba definitiva de una supuesta deriva autoritaria.

Quizá ese sea uno de los riesgos menos visibles de nuestro tiempo. No solo el desgaste de las instituciones, sino también el desgaste del lenguaje con el que intentamos describirlas. Porque las democracias pueden soportar una elevada intensidad política, gobiernos discutidos y oposiciones muy combativas. Lo que resulta mucho más difícil es preservar la confianza ciudadana cuando conceptos como autoritarismo, fraude o ruptura democrática dejan de reservarse para situaciones excepcionales y pasan a formar parte del vocabulario cotidiano de la confrontación.

Las palabras nunca son inocentes ya que también ayudan a delimitar la realidad. Si todo acaba siendo autoritarismo, llegará un momento en que resultará mucho más difícil reconocerlo allí donde realmente exista. Y ese empobrecimiento del lenguaje político quizá diga tanto de nuestro tiempo como la propia crispación que pretende describir.