La ofensiva dialéctica de hoy de Isabel Díaz Ayuso ha buscado situar a la Comunidad de Madrid como el último bastión de la democracia liberal frente a lo que denomina un asedio gubernamental a las instituciones. Con una retórica afilada, la líder del trumpismo español ha lamentado que ver a altos cargos desprestigiando a magistrados es algo que «nos hace polvo» y que «nunca se ha visto en España». Sin embargo, este ensayo de pureza institucional ignora una hemeroteca donde el Partido Popular ha ejercido, de forma sistemática y feroz, un cuestionamiento de la judicatura cuando las investigaciones por corrupción han cercado sus siglas o cuando la gestión de las catástrofes ha quedado bajo la lupa de los tribunales.
La presidenta madrileña sostiene que el juez se ha convertido en un «elemento a destruir en tiempo real», una afirmación que contrasta con la memoria de la trama Gürtel. En aquel entonces, la dirección nacional del PP no dudó en lanzar ataques personales contra el juez Baltasar Garzón, tildando la instrucción de "causa general" contra el partido. Más recientemente, figuras de peso en la formación no han tenido reparos en arremeter contra el magistrado José Ricardo de Prada, a quien el propio partido calificó de juez "progresista" con el fin de deslegitimar la sentencia que acreditó la caja B de la formación. Esta doble vara de medir destruye el relato "flower power" de Ayuso: el respeto a la separación de poderes parece ser, para el PP, una obligación ajena pero una opción voluntaria cuando los intereses propios están en juego.
Un ejemplo flagrante de esta erosión de la seguridad jurídica desde el seno conservador se produjo tras la tragedia de la DANA de Valencia. Ante la apertura de diligencias judiciales para investigar las responsabilidades en la gestión de la emergencia, diversos dirigentes populares no tardaron en poner en duda la imparcialidad de la jueza instructora, sugiriendo motivaciones políticas tras la decisión de investigar a cargos de la administración. Este señalamiento directo a una profesional del derecho desmiente la proclama de Ayuso de que «no puede ser el daño que se le está haciendo a nuestras empresas» por la inestabilidad política, pues pocas cosas generan mayor desconfianza internacional que un partido de gobierno atacando a la magistratura encargada de supervisar la gestión de una catástrofe humana.
Ayuso insiste en que el deterioro reputacional de España en lugares como Estados Unidos es culpa de la política actual, pero omite que la sombra del control judicial ha sido una constante en su partido. No se puede hablar de «reglas del juego» limpias sin recordar el polémico mensaje de Ignacio Cosidó, donde presumía de poder controlar la Sala Segunda del Supremo «desde atrás». Esta voluntad de tutela sobre el Poder Judicial es la que realmente dinamita la convivencia y la credibilidad exterior. Mientras la líder del trumpismo español denuncia que los delincuentes salen de las cárceles, su formación ha mantenido un pulso constante para evitar que sus propios responsables se sienten en el banquillo, utilizando el descrédito del instructor como primera línea de defensa.
Al asegurar que defenderá la marca España de un plumazo frente a la política, está utilizando la propia política para socavar la confianza en las instituciones que dice proteger. La verdadera amenaza para una nación de ciudadanos libres no es solo el desacuerdo político, sino la hipocresía de quienes claman por el respeto a los jueces solo cuando estos no resultan incómodos para sus intereses electorales o judiciales. La democracia liberal que Ayuso reivindica exige una coherencia que su partido, históricamente, ha sacrificado en el altar de la supervivencia orgánica.