El Ministerio de Ciencia ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la orden que permite al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) abrir un centro adscrito a la Universidad Complutense. Esta decisión marca un hito sin precedentes en España, donde por primera vez un colegio profesional impartirá títulos universitarios oficiales.
La Abogacía del Estado, bajo el mando de Diana Morant, argumenta que "la docencia debe estar en las universidades, donde está el profesorado que domina los temas y las metodologías para enseñar". El recurso se dirige específicamente contra la orden firmada por Emilio Viciana, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
Contexto político de tensión
La decisión se produce en un clima de confrontación entre el Gobierno central y la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El ICAM se personó como acusación en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en marzo de 2024. Curiosamente, Ayuso autorizó la adscripción del centro universitario el 11 de noviembre, en pleno desarrollo del juicio.
El colegio rechazó tajantemente cualquier insinuación de "trato de favor" o "pago de servicios", después de que medios de comunicación sugirieran una posible conexión entre ambos hechos.
Irregularidades normativas detectadas
El Ministerio de Ciencia considera que la creación del centro vulnera múltiples normativas. La Fundación para el Conocimiento Madri+d, organismo que vela por la calidad del sistema universitario madrileño, advirtió que el proyecto contradice los propios estatutos del ICAM.
Ante estas objeciones, la Abogacía General de Madrid emitió un informe en mayo de 2024 señalando que un colegio profesional solo puede ser titular de un centro adscrito si sus estatutos contemplan expresamente la actividad docente. El ICAM modificó sus estatutos en nueve meses para sortear este obstáculo legal.
Conflicto de intereses y competencia desleal
Madri+d detectó un potencial conflicto de intereses con otras universidades, ya que un centro privado competirá directamente con la Facultad de Derecho de la Complutense, la misma institución a la que está adscrito. El ministerio teme que esta decisión siente un precedente peligroso y permita "ceder la formación de nuestros jóvenes a intereses particulares de grupos profesionales".
El centro del ICAM está dirigido por Ricardo Alonso, exdecano de la Complutense, quien orquestó desde dentro la creación del proyecto antes de cambiar de bando. Según fuentes consultadas, el colegio intentó sin éxito establecer alianzas con la Universidad Autónoma antes de llegar a un acuerdo con la Complutense.
Oferta académica y tarifas competitivas
El ICAM ofrecerá tres másteres universitarios con precios entre 4.000 y 5.800 euros, significativamente inferiores a las tarifas del mercado privado. Los programas incluyen el Acceso a las profesiones de la abogacía y la procura, Derecho de la construcción y Reestructuraciones e insolvencias.
Las previsiones del colegio contemplan comenzar con 210 matrículas de posgrado y alcanzar los 500 inscritos en cuatro años. Sumando los estudiantes de grado en Derecho, esperan llegar a 1.100 alumnos. Sin embargo, la Consejería de Educación expresó dudas sobre la viabilidad económica del proyecto a medio plazo.
Reacciones institucionales
El rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias, anunció que también presentaría un recurso, calificando la decisión como "una puerta falsa para formalizar universidades en ámbitos que no lo son". Su homólogo en la UCM, Joaquín Goyache, mostró sorpresa ante la decisión y advirtió que es necesario ser "prudentes" y "coherentes" cuando Madrid ya cuenta con 14 universidades.
El PSE madrileño también presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, argumentando que se vulnera la legislación universitaria estatal y autonómica, los estatutos de la Complutense y la normativa sobre colegios profesionales, que no están habilitados para impartir enseñanzas regladas.
La Consejería de Educación se defiende asegurando que se ha cumplido escrupulosamente la normativa y que el propio ministerio concedió el código de centro necesario para incorporarse como centro de impartición de enseñanzas superiores. "El Gobierno está recurriendo algo que el mismo ha avalado", señalan desde el departamento de Viciana.