La financiación autonómica se ha convertido en el terreno favorito para el combate político. Ninguna comunidad ha explotado mejor ese escenario que Madrid, donde el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha hecho del conflicto con Moncloa una herramienta de identidad. En su última ofensiva, la consejera de Economía, Rocío Albert, ha denunciado que el nuevo sistema de financiación “castiga a los madrileños para financiar la fiesta independentista”. Pero tras la retórica inflamatoria, las cifras y los hechos cuentan otra historia.
Discurso victimista, estrategia electoral
Las declaraciones de Albert siguen un patrón bien conocido en la política madrileña: proyectar a la región como víctima de un supuesto castigo fiscal orquestado por el Gobierno central. Según su versión, cada euro destinado a Cataluña es extraído de los bolsillos madrileños. El mensaje cala en ciertos sectores, pero ignora que Madrid es la mayor beneficiaria del sistema fiscal español en términos de concentración de actividad económica y atracción de empresas por su política de bajos impuestos.
El discurso de agravio, más que una defensa fiscal, funciona como una pulsión electoral. En la práctica, el Gobierno regional lleva años cultivando la identidad de “Madrid frente a España”, una narrativa útil para reforzar la marca Ayuso como símbolo de resistencia frente a Pedro Sánchez. Lo que se presenta como un argumento técnico sobre redistribución acaba siendo, en esencia, teatro político diseñado para movilizar al electorado conservador.
Espejismo de la eficiencia madrileña
Ayuso ha convertido la baja fiscalidad en su bandera ideológica. Pero su promesa de “eficiencia liberal” convive con niveles crecientes de desigualdad interna, una dependencia estructural de los servicios financiados por el Estado central y un modelo competitivo frente a otras regiones que roza el “dumping fiscal”. Madrid atrae capital y sede social de empresas de toda España, pero a costa del tejido productivo de otras comunidades, lo que agrava los desequilibrios que el nuevo sistema de financiación intenta corregir.
Decir que Madrid “paga la fiesta independentista” simplifica un mecanismo mucho más complejo. En realidad, la Comunidad se beneficia de un sistema que le permite recaudar más que ninguna otra, gracias a la concentración demográfica y económica en su territorio. Ese éxito, aunque legítimo, no debería presentarse como un sacrificio. Pero el relato victimista resulta más rentable que los matices.
Retórica incendiaria en tiempos de negociación
Rocío Albert asegura que el Ejecutivo autonómico “utilizará todos los recursos legales” para evitar un reparto “injusto” de fondos públicos. Sin embargo, ninguna de las medidas propuestas por el Ministerio de Hacienda discrimina directamente a Madrid. Lo que sí hace es abrir un proceso de actualización que llevaba más de una década paralizado y que busca mayor correspondencia entre ingresos, población y necesidades de gasto.
El problema de fondo es político, no fiscal. La estrategia de Ayuso pasa por mantener la confrontación con Moncloa viva a cualquier costo: la pelea genera titulares y refuerza su perfil nacional. Mientras tanto, la discusión técnica sobre la LOFCA o la eficiencia del gasto público queda relegada a un segundo plano, eclipsada por el juego de declaraciones altisonantes y el eco mediático.
Gestión o espectáculo
La paradoja del Gobierno madrileño es que cuanto más denuncia la desigualdad territorial, más reproduce la desigualdad interna. Los problemas estructurales de sanidad, vivienda o transporte no se resuelven con guerra fiscal ni con discursos de “resistencia”. Madrid se ha convertido en el escaparate de una política de branding, donde la batalla contra el Gobierno sustituye a la gestión efectiva.
Desde Bruselas, donde la supervisión económica suele ser más fría y pragmática, pocos entienden esta dinámica. Mientras Alemania o Francia debaten sobre productividad, innovación o cohesión social, en España el debate fiscal se ha transformado en una trinchera ideológica doméstica, centrada en relatos más que en resultados.
Factura política del ruido
Lo que el Gobierno regional presenta como defensa de los madrileños puede acabar siendo, a largo plazo, contraproducente. Al convertir cualquier negociación fiscal en un conflicto moral entre “madrileños productivos” y “territorios subsidiados”, Madrid erosiona la lógica de cooperación que sostiene el Estado autonómico.
En la práctica, Ayuso alimenta un problema que luego denuncia: la fragmentación territorial del país, la misma que dice combatir. Su política se nutre del agravio que contribuye a crear. Y mientras las ruedas de prensa se llenan de acusaciones, la economía madrileña sigue dependiendo de los mismos mecanismos de redistribución que el Gobierno regional descalifica cada día.
Aritmética y emoción política
En el marco de los equilibrios europeos y del nuevo ciclo económico, el caso Madrid–Cataluña revela una paradoja más amplia: cada euro presupuestado se ha vuelto un símbolo ideológico. Lo que comienza como un debate técnico termina configurando el relato sobre quién pertenece al centro de poder y quién orbita a su alrededor.
En este escenario, la crítica de Rocío Albert no es un incidente: es un síntoma. La batalla por la financiación autonómica ya no trata solo de repartir recursos, sino de definir el sentido político de la equidad en un país que —cuarenta años después de la LOFCA— sigue sin resolver cómo conciliar unidad, autogobierno y justicia fiscal.