Los Presupuestos Generales del Estado son mucho más que una previsión de ingresos y gastos. Constituyen el principal instrumento de planificación de un Gobierno y la expresión anual de sus prioridades políticas. Cuando dejan de aprobarse durante varios ejercicios consecutivos, la Administración sigue funcionando, pero lo hace apoyándose en mecanismos concebidos para situaciones excepcionales.
Eso es lo que vuelve a reflejar la evolución de las cuentas de la Seguridad Social.
Entre enero y junio de este año, el Gobierno ha autorizado casi 200 millones de euros en suplementos de crédito y créditos extraordinarios destinados a garantizar el funcionamiento de las mutuas colaboradoras y de distintos servicios comunes de la Seguridad Social. En total han sido 39 modificaciones presupuestarias, una consecuencia directa de la prórroga de los Presupuestos de 2023, todavía vigentes.
No se trata de un gasto inesperado ni de una situación de insolvencia inmediata. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito están previstos en la Ley General Presupuestaria precisamente para atender necesidades que no cuentan con dotación suficiente. Son herramientas legales y habituales en la gestión pública. El problema aparece cuando dejan de ser excepcionales para convertirse en un recurso recurrente.
La excepción acaba sustituyendo a la planificación.
Los datos muestran que buena parte de esas ampliaciones se han destinado a cuestiones perfectamente previsibles. Nóminas, incrementos retributivos pactados para las plantillas, gastos corrientes o inversiones ordinarias de las mutuas. No son obligaciones sobrevenidas. Son compromisos estructurales que un presupuesto actualizado debería incorporar desde el inicio del ejercicio.
La situación ilustra uno de los principales efectos de la prolongada ausencia de nuevos Presupuestos.
El Gobierno ha conseguido mantener la actividad administrativa mediante modificaciones de crédito, reales decretos y otros instrumentos previstos por el ordenamiento jurídico. Esa capacidad de adaptación ha evitado bloqueos institucionales y ha permitido seguir financiando políticas públicas en un contexto parlamentario extraordinariamente fragmentado.
Pero administrar no equivale a planificar. Cada modificación presupuestaria resuelve una necesidad concreta, aunque también pone de manifiesto que las cuentas públicas responden a una realidad económica muy distinta de aquella para la que fueron diseñadas hace ya tres años. Los salarios públicos han evolucionado, las prestaciones sociales han aumentado, la inflación ha alterado numerosos costes y las prioridades del Estado ya no son las mismas que en 2023.
El Tribunal de Cuentas viene advirtiendo desde hace meses de los efectos acumulativos de esta situación. Además del incremento del endeudamiento de la Seguridad Social, el órgano fiscalizador ha señalado que la utilización continuada de mecanismos extraordinarios dificulta ofrecer una imagen fiel de la situación financiera del sistema y ha insistido en la conveniencia de sustituir parte de los préstamos por transferencias presupuestarias ordinarias.
La política española ha terminado normalizando una anomalía. Durante décadas, la aprobación de los Presupuestos constituía uno de los grandes hitos de cada curso político. Hoy la prórroga se ha convertido en una práctica relativamente habitual. El Ejecutivo ha demostrado que puede gobernar sin nuevas cuentas, pero también que ese modelo exige una gestión mucho más fragmentada del gasto público.
La estabilidad presupuestaria no consiste únicamente en cumplir los objetivos de déficit o de deuda. También requiere dotar a las instituciones de un marco financiero coherente con la realidad que administran.
España mantiene un crecimiento económico superior al de buena parte de la eurozona y un mercado laboral que continúa creando empleo. Sin embargo, esa evolución convive con una arquitectura presupuestaria cada vez más alejada del momento económico presente.
Gobernar con Presupuestos prorrogados es jurídicamente posible y políticamente legítimo cuando no existen mayorías suficientes. Convertir esa fórmula en la normalidad supone aceptar que el Estado funciona cada vez más mediante ajustes sucesivos y cada vez menos a través de una planificación integral. Esa es, probablemente, la principal enseñanza que dejan estos casi 200 millones de euros en créditos extraordinarios.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.