Las palabras nunca son inocentes cuando se eligen desde una tribuna pública y Antonio Garamendi conoce perfectamente el valor de cada una. El presidente de la CEOE, recién reelegido para un tercer mandato, ha decidido describir la crisis migratoria de Ceuta como una amenaza capaz de provocar el «desahucio de facto de 80.000 españoles de sus casas», una expresión especialmente llamativa porque coincide con el momento en que España vuelve a discutir precisamente sobre desahucios, pero sobre los de verdad.
Garamendi podría haber hablado de seguridad, presión migratoria, soberanía, servicios públicos o dificultades para las empresas ceutíes. Algunas de esas preocupaciones tienen fundamento en una ciudad que soportó el 30 de julio una entrada irregular extraordinaria y que todavía afronta sus consecuencias. Eligió, sin embargo, la palabra «desahucio» y añadió que «algunos» quieren expulsar de sus casas a los ceutíes, sin aclarar quiénes son esos supuestos interesados en echar a 80.000 españoles de la ciudad. Ahí empieza la perversión del lenguaje.
Un desahucio que no existe y otros que sí
Un desahucio tiene un significado bastante menos elástico del que pretende Garamendi. El Diccionario panhispánico del español jurídico lo define como la privación de la posesión de un inmueble mediante un procedimiento administrativo o una acción procesal. Ningún procedimiento está expulsando de sus viviendas a los 80.000 habitantes de Ceuta.
Eso no significa minimizar la gravedad de lo ocurrido. Interior terminó cifrando en 72.000 las personas que entraron irregularmente el 30 de julio, después de algunas cifras contradictorias difundidas durante los primeros días. El propio Ministerio informó posteriormente de que más de 70.000 habían salido ya de la ciudad. Dos meses después permanecían más de 10.000 migrantes entre recursos de acogida, centros y asentamientos improvisados, una situación extraordinariamente compleja que exige respuestas institucionales y recursos suficientes.
Pero una crisis migratoria no se convierte en un desahucio porque Garamendi necesite una palabra más poderosa.
La elección resulta todavía más difícil de ignorar porque el presidente de la CEOE acaba de asegurar que votaría contra los dos decretos de vivienda del Gobierno y ha rechazado incluso la parte del escudo social destinada a evitar desahucios de personas vulnerables. Para quienes pueden perder efectivamente su vivienda reclama menos intervención pública. Para describir la inmigración en Ceuta adopta, en cambio, el término que mejor representa la expulsión de alguien de su casa.
Garamendi acusa al Gobierno de comportarse como Robin Hood, denuncia una supuesta invasión de la propiedad privada y sostiene que el Estado no puede trasladar a los propietarios las consecuencias de su política de vivienda. Pocas horas después, la palabra desahucio le sirve para construir la imagen de 80.000 españoles amenazados con ser expulsados de Ceuta por la inmigración. Los desahucios parecen preocupar de manera diferente dependiendo de quién ocupe la frase.
La situación de Ceuta merece una política seria de fronteras, cooperación con Marruecos, acogida, seguridad y protección de los servicios públicos. Precisamente por su gravedad, no necesita metáforas que mezclen deliberadamente inmigración y expulsión de españoles de sus hogares. Porque el lenguaje político empieza a degradarse cuando las palabras dejan de describir lo que ocurre y comienzan a utilizarse para fabricar lo que se quiere que el ciudadano imagine. Y Garamendi, esta vez, ha escogido una imagen imposible de confundir.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.