Alberto Núñez Feijóo hace años que pretende presentarse como el dirigente capaz de representar una derecha institucional, centrada en la gestión y alejada de las batallas ideológicas que impulsaba la ultraderecha. Ese relato resulta hoy cada vez más difícil de sostener. El Partido Popular no solo ha dejado de marcar distancias con ese discurso, sino que ha comenzado a incorporarlo con absoluta naturalidad.
La última prueba es la futura ley del "concebido no nacido", una iniciativa que el propio PP anuncia dispuesto a defender porque, asegura, cuenta con "el apoyo de la calle". El argumento resulta significativo. Ya no se trata únicamente de explicar una medida concreta. Se trata de presentar un cambio de rumbo como si existiera una mayoría social esperando precisamente ese debate.
El Partido Popular insiste en que la norma busca apoyar la maternidad y favorecer la natalidad. Ese objetivo, por sí solo, difícilmente encontraría oposición. España necesita políticas familiares ambiciosas, mejores permisos de conciliación, escuelas infantiles suficientes, vivienda asequible para los jóvenes y estabilidad laboral para quienes desean tener hijos.
El problema no está en ayudar a las familias. El problema está en el marco político elegido para hacerlo. La expresión "concebido no nacido" no es una fórmula neutra ni un simple tecnicismo administrativo. Forma parte de un lenguaje construido durante años por los sectores más conservadores para introducir una determinada concepción jurídica y moral sobre el embarazo y los derechos reproductivos. La ley aprobada por Isabel Díaz Ayuso en Madrid reconoce al concebido como integrante de la unidad familiar a efectos de determinadas ayudas públicas, y Feijóo pretende trasladar ese modelo al conjunto del Estado.
El propio PP sostiene que esta propuesta forma parte de su ideario desde el congreso de 2025 y recuerda que Galicia ya contempló una previsión similar durante la etapa de Feijóo como presidente de la Xunta. Es cierto. Pero también lo es que la norma gallega tenía un alcance mucho más limitado, circunscrito esencialmente al ámbito de las familias numerosas, mientras que el modelo madrileño amplía de forma considerable el reconocimiento administrativo del concebido.
Ese cambio tiene un alcance mucho mayor de lo que aparenta. No se limita a adelantar determinadas ayudas económicas durante el embarazo. Introduce una nueva categoría jurídica y simbólica que inevitablemente reabre el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Feijóo insiste en que todo responde a una política de apoyo a la familia. Sin embargo, cuesta aceptar esa explicación cuando el anuncio llega apenas unos días después de otras propuestas destinadas a endurecer el discurso sobre las bajas laborales, la inmigración o las políticas sociales. La impresión es que el líder popular ha dejado de priorizar los grandes problemas económicos y sociales para colocar en el centro debates de fuerte carga ideológica.
Dentro del propio Partido Popular existen voces que empiezan a expresar preocupación por esa acumulación de anuncios y por una sensación creciente de improvisación estratégica. Algunos dirigentes reconocen que el partido corre el riesgo de abandonar el espacio central que durante años intentó ocupar para adentrarse en debates que favorecen precisamente a Vox.
La contradicción resulta evidente. Feijóo aspira a presentarse como un presidente para todos, pero cada semana incorpora a su discurso una nueva propuesta que estrecha el perímetro de esa supuesta centralidad. El dirigente que prometía moderación aparece ahora encabezando debates diseñados para movilizar al electorado más conservador.
Las políticas de natalidad son imprescindibles. España necesita más apoyo a quienes quieren formar una familia. Pero ese apoyo puede impulsarse desde una perspectiva centrada en los derechos, la conciliación y la igualdad o convertirse en el vehículo para introducir una determinada visión moral sobre el embarazo y la maternidad. y eso es precisamente lo que está ocurriendo.
El Partido Popular sostiene que existe un respaldo mayoritario a esta propuesta. Puede comprobarlo en las urnas cuando llegue el momento. Lo que ya ha dejado claro es otra cosa. Feijóo ha decidido que el camino hacia La Moncloa pasa por asumir cada vez más postulados que hace apenas unos años pertenecían al espacio político de Vox. Ese desplazamiento no amplía el centro político. Lo estrecha. Y obliga a preguntarse si el PP sigue intentando ocupar el espacio de la moderación o si ha renunciado definitivamente a él.
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