ETA dejó de matar, pero el Partido Popular parece incapaz de dejar de utilizarla en sus discursos electorales. Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a recurrir al terrorismo para presentar una propuesta legislativa que permitiría votar en Euskadi y Navarra a quienes tuvieron que abandonar sus municipios por las amenazas y la violencia de la organización terrorista. La iniciativa, bautizada como «ley de nietos vasca», figura en el programa electoral del PP y fue presentada en Pamplona, en plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.
Nadie puede discutir el sufrimiento de quienes fueron asesinados, perseguidos, amenazados o expulsados de sus hogares por ETA. Tampoco la obligación democrática de preservar su memoria y reparar, en la medida de lo posible, las consecuencias de aquella violencia. Lo discutible es que Feijóo convierta esa deuda histórica en un argumento de campaña, sin haber explicado todavía cómo pretende resolver las dificultades jurídicas y electorales de su propuesta.
El presidente popular promete reformar la legislación para que los afectados puedan votar en los municipios donde estuvieron empadronados antes de marcharse. Sin embargo, quedan preguntas esenciales sobre la acreditación de los desplazamientos, el alcance de los beneficiarios y la compatibilidad de la medida con el sistema electoral vigente. La denominación de «ley de nietos» tampoco aclara si incluiría a los descendientes de quienes sufrieron aquella persecución.
La memoria de las víctimas no debería depender de una campaña
Feijóo ha presentado la iniciativa como una cuestión de dignidad, memoria y justicia, acompañándola de nuevas acusaciones contra EH Bildu y el Gobierno de Pedro Sánchez. El resultado es una intervención en la que la reparación de las víctimas queda mezclada con la confrontación partidista.
El PP reclama que el terrorismo no caiga en el olvido, una exigencia legítima, pero recurre reiteradamente a ETA como elemento de su discurso político. Recordar a las víctimas no exige mantener permanentemente abierta una disputa electoral alrededor de quienes las asesinaron. La organización terrorista fue derrotada y desapareció. Sus crímenes forman parte de una historia que España no debe olvidar, pero tampoco necesita convertir cada campaña en una prolongación política de aquellos años.
La democracia tiene la obligación de recordar a las víctimas de ETA. Feijóo tiene la responsabilidad de explicar por qué una reparación pendiente durante décadas aparece precisamente como una promesa electoral. Son dos cuestiones diferentes y confundirlas no contribuye a hacer justicia.
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