Feijóo vuelve a elegir al trabajador como problema

Hay declaraciones que retratan mejor un proyecto político que un programa electoral entero. Las pronunciadas por Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral pertenecen a esa categoría. Al anunciar que, si gobierna, promoverá una reforma para recortar el sueldo y las prestaciones de quienes estén de baja, incluso "con o sin acuerdo" de sindicatos y patronal, el líder del Partido Popular no solo ha abierto un debate sobre las relaciones laborales. Ha dejado al descubierto una concepción profundamente regresiva del Estado social.

Resulta llamativo que quien aspira a presidir el Gobierno presente como principal problema a más de un millón de personas que no acuden a trabajar, mezclando bajo una misma etiqueta realidades completamente distintas. En las estadísticas de absentismo conviven incapacidades temporales por enfermedad o accidente, permisos legalmente reconocidos, maternidad, paternidad y otras situaciones amparadas por la legislación laboral. Reducir toda esa complejidad a un supuesto abuso masivo constituye una simplificación que alimenta la sospecha sobre cualquier trabajador que enferma.

Todavía más preocupante resulta la afirmación de que todo absentismo superior al 4 o al 5 % encierra "un enorme porcentaje de fraude". Feijóo no aporta evidencia alguna que sostenga semejante conclusión. Convertir una percepción en una verdad política puede resultar eficaz en un discurso ante empresarios. Resulta mucho más discutible cuando quien habla pretende legislar sobre derechos laborales que afectan a millones de personas.

Las bajas médicas no son un privilegio. Son una garantía construida durante décadas para proteger la salud de quienes trabajan. Nadie elige sufrir un cáncer, una depresión, una lesión medular, una intervención quirúrgica o una enfermedad incapacitante. Presentar el sistema de incapacidad temporal como una especie de incentivo para dejar de trabajar supone trasladar una imagen profundamente injusta de la inmensa mayoría de los trabajadores.

España tiene un problema de absentismo en determinados sectores y conviene analizarlo con rigor. Existen fraudes, como los hay en cualquier ámbito del Estado del bienestar, y deben perseguirse. Pero también existen plantillas envejecidas, un aumento de los problemas de salud mental, una elevada siniestralidad en algunos sectores, ritmos de trabajo cada vez más intensos y una población activa que trabaja más años porque la edad de jubilación continúa aumentando. Ignorar esas causas para concentrar toda la atención en el supuesto fraude equivale a diagnosticar deliberadamente mal el problema.

Las palabras elegidas por Feijóo tampoco son irrelevantes. Hablar del absentismo como de un "cáncer" no solo introduce una carga emocional desproporcionada. Resulta especialmente desafortunado cuando miles de trabajadores se encuentran precisamente de baja porque padecen un cáncer real. La política exige precisión, no metáforas que estigmaticen a quienes atraviesan las situaciones más difíciles.

Hay además un aspecto que merece una reflexión democrática. Feijóo asegura que intentará alcanzar un acuerdo con sindicatos y empresarios, pero añade inmediatamente que actuará "con o sin acuerdo". Esa formulación dibuja una idea peculiar del diálogo social. Invitar a negociar anunciando de antemano que la decisión ya está tomada vacía de contenido uno de los pilares del modelo laboral construido desde la Constitución.

La derecha española lleva años defendiendo que el principal obstáculo para la competitividad reside en los costes laborales y en las garantías de los trabajadores. Ahora añade un elemento más. La sospecha permanente sobre quien enferma. Es un cambio de enfoque revelador. En lugar de preguntarse por qué aumentan las bajas médicas, se cuestiona directamente a quienes las necesitan.

Sorprende la facilidad con la que Feijóo encuentra cada semana un nuevo frente de confrontación con derechos que parecían consolidados. Un día sitúa en el centro del debate los derechos reproductivos de las mujeres. Otro asume el lenguaje de la extrema derecha en cuestiones culturales. Ahora apunta hacia quienes atraviesan una enfermedad. La moderación que tanto reivindicó se ha ido desdibujando hasta quedar sustituida por una oposición que busca titulares incluso cuando eso implica señalar a los colectivos más vulnerables.

España necesita mejorar la gestión de las incapacidades temporales, reducir el fraude cuando exista y reforzar los mecanismos de control. Nadie discute esa obligación. Lo que resulta inaceptable es convertir a todo trabajador de baja en un sospechoso y presentar la pérdida de derechos como la respuesta automática a un problema complejo.

Una democracia sólida protege el empleo, la productividad y la sostenibilidad de la Seguridad Social. Pero también protege a quien enferma. Porque el verdadero nivel de una sociedad no se mide por la dureza con la que trata a quienes atraviesan una baja médica, sino por la capacidad de garantizar que nadie tenga que elegir entre cuidar su salud o conservar su salario.