Alberto Núñez Feijóo ha elevado un nuevo escalón en su ofensiva política contra el Gobierno. Después de afirmar que "sin Sánchez, Zapatero no habría podido delinquir", el líder del Partido Popular aseguró este jueves que el expresidente actuó en televisión siguiendo "instrucciones" de Pedro Sánchez y sostuvo que su entrevista solo perseguía ganar tiempo para un Ejecutivo cada vez más debilitado. También afirmó que, tras sus explicaciones públicas, José Luis Rodríguez Zapatero "tiene hoy más problemas que ayer".
La dureza de las declaraciones no constituye la principal novedad. Lo verdaderamente significativo es la forma en que el principal partido de la oposición ha decidido construir su relato político. Cada comparecencia judicial, cada diligencia de investigación y cada información publicada se incorporan inmediatamente a un discurso que presenta las sospechas como si ya fueran conclusiones consolidadas.
Esa estrategia ofrece un evidente rendimiento político. La corrupción erosiona la confianza ciudadana y cualquier Gobierno sometido a investigaciones judiciales afronta un desgaste difícil de evitar. La oposición tiene la obligación de exigir explicaciones, fiscalizar la acción del Ejecutivo y reclamar responsabilidades cuando existan indicios suficientes. Esa función forma parte de la esencia misma de una democracia parlamentaria. Otra cuestión distinta consiste en convertir la investigación judicial en una sentencia política irreversible.
José Luis Rodríguez Zapatero compareció públicamente para negar cualquier actuación irregular, defendió la legalidad de su actividad profesional y pidió expresamente que se respetara su presunción de inocencia. Sus explicaciones podrán resultar más o menos convincentes para la opinión pública, pero la valoración política de una entrevista no puede sustituir el trabajo que corresponde a los tribunales.
Sin embargo, Feijóo ha optado por recorrer un camino diferente. Afirma respetar "absolutamente" la presunción de inocencia, aunque al mismo tiempo sostiene que Zapatero habría delinquido gracias a la existencia del actual Gobierno y presenta como prácticamente acreditadas conductas que continúan siendo objeto de investigación judicial.
La presunción de inocencia pierde buena parte de su sentido cuando se invoca únicamente como una fórmula retórica después de formular acusaciones de enorme gravedad. No basta con añadir una cláusula de respeto formal a las garantías procesales si el discurso político ya ha trasladado a la ciudadanía la impresión de que la culpabilidad constituye un hecho prácticamente demostrado.
Ese desplazamiento del lenguaje tiene consecuencias para el conjunto del sistema democrático.
La política necesita exigir responsabilidades con firmeza, especialmente cuando aparecen indicios de corrupción. Pero también necesita preservar una diferencia esencial entre investigar y condenar. Si esa frontera desaparece, el debate público deja de organizarse alrededor de los hechos para hacerlo alrededor de las sospechas, y cualquier procedimiento judicial termina funcionando como un instrumento de confrontación política antes incluso de que exista una resolución.
Resulta llamativo, además, que Feijóo atribuya la entrevista de Zapatero a una supuesta operación diseñada por Pedro Sánchez para distraer a la opinión pública. Esa afirmación forma parte de una narrativa mucho más amplia en la que cada decisión del Gobierno, cada intervención pública y cada movimiento institucional aparecen integrados en una estrategia única de ocultación. Es una interpretación legítima desde el punto de vista político, pero requiere pruebas que vayan más allá de la mera conjetura.
La oposición desempeña un papel imprescindible en cualquier democracia. Fiscalizar al Gobierno constituye una obligación constitucional y política. Esa tarea gana credibilidad cuando se apoya en datos verificables y pierde fuerza cuando la insinuación acaba ocupando el lugar de la demostración.
El Partido Popular ha construido buena parte de su estrategia sobre la promesa de regeneración institucional. Precisamente por esa razón debería ser el primer interesado en preservar los principios que sostienen el Estado de derecho. La lucha contra la corrupción exige determinación, pero también exige rigor. Convertir la sospecha en una forma habitual de hacer oposición puede ofrecer beneficios inmediatos, aunque termina debilitando las mismas garantías que cualquier ciudadano espera encontrar cuando la justicia llama a su puerta.
Las investigaciones seguirán su curso y serán los tribunales quienes determinen los hechos. Hasta entonces, la responsabilidad de la política consiste en mantener una exigencia constante sin renunciar a un principio básico de cualquier democracia madura. La presunción de inocencia no protege a un partido ni a un dirigente concreto. Protege la calidad del Estado de derecho frente a la tentación de sustituir las pruebas por los relatos.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.