Alberto Núñez Feijóo lleva años intentando presentar al Partido Popular como una formación de gobierno distinta de la extrema derecha. Sin embargo, cada nuevo acuerdo con Santiago Abascal hace más difícil encontrar dónde termina el PP y dónde empieza Vox. El último movimiento no consiste en negociar unos presupuestos autonómicos ni en repartirse consejerías. Los populares han aceptado ceder puestos con posibilidades de obtener escaño en el Senado a candidatos de Vox y retirar sus propias candidaturas en tres provincias para favorecer directamente al partido ultra.
La operación constituye un paso político de considerable alcance. Por primera vez, PP y Vox han cerrado un pacto preelectoral de estas características en unas elecciones generales. Ya no se trata de negociar después de conocer los resultados, sino de organizar conjuntamente la competición electoral para intentar impedir que la izquierda alcance una mayoría en la Cámara alta.
El acuerdo afecta a 31 circunscripciones y responde al temor de los populares a que la candidatura conjunta Senado de Progreso, impulsada por el PSOE y otras fuerzas de izquierda, altere el equilibrio parlamentario. Feijóo ha decidido que la mejor manera de frenar esa posibilidad es facilitar la entrada de más representantes de Vox en las instituciones.
El resultado es una alianza en la que Abascal obtiene oportunidades parlamentarias que difícilmente habría conseguido por separado, mientras el PP asume el coste político de reforzar a un competidor que lleva años disputándole el electorado conservador.
El PP pone sus siglas al servicio de Vox
La distribución de los puestos permite comprender el alcance de las concesiones. En Valencia, Castellón y Cádiz, Vox renuncia a presentar candidatura propia al Senado y sus aspirantes concurrirán como independientes bajo las siglas del PP. A cambio, los populares les reservan tres posiciones con posibilidades de obtener escaño.
El mismo mecanismo se aplicará en Mallorca, Gran Canaria y Tenerife, donde otros tres candidatos vinculados a Vox podrán beneficiarse del respaldo electoral del Partido Popular.
Seis posibles senadores para Abascal gracias a los votos de una formación que asegura representar una derecha diferente. Además, los candidatos elegidos se incorporarán al grupo parlamentario de Vox, no al del PP, aunque hayan concurrido en las listas populares.
La maniobra tiene una explicación electoral. En las provincias peninsulares, el sistema de elección al Senado suele favorecer al partido más votado, que puede conseguir tres de los cuatro escaños en disputa. La segunda fuerza acostumbra a obtener el restante. La aparición de una candidatura conjunta de izquierdas amenaza con alterar ese reparto y desplazar al PP de la primera posición en algunas circunscripciones.
Feijóo pretende evitarlo concentrando el voto conservador. Pero el precio es evidente. El PP renuncia a ocupar determinados escaños con sus propios representantes para garantizar que Vox tenga presencia en una institución en la que sus expectativas eran mucho más reducidas.
Abascal ha presentado el acuerdo como un gesto patriótico. Una expresión que permite envolver en grandes principios nacionales lo que, en términos parlamentarios, constituye una negociación para obtener representación y poder institucional. El PP, por su parte, intenta justificar la operación como una fórmula para asegurar una mayoría de derechas. Lo que no puede ocultar es que esa mayoría incluiría una presencia reforzada de la extrema derecha, precisamente gracias a las concesiones realizadas por Feijóo.
La retirada del PP en Cataluña y Euskadi
El capítulo más significativo del acuerdo, desde el punto de vista político, se encuentra en Girona, Tarragona y Gipuzkoa. En esas tres provincias, el Partido Popular ha aceptado desaparecer de la papeleta del Senado y dejar el espacio electoral a Vox.
La decisión resulta especialmente llamativa en Cataluña y Euskadi, donde los populares llevan años intentando consolidar un discurso propio frente a los nacionalismos periféricos. Feijóo prefiere renunciar a presentar candidatos antes que competir con Abascal por un electorado conservador minoritario.
En Girona y Tarragona, el PP nunca ha conseguido un senador elegido directamente. En Gipuzkoa sí lo obtuvo en 2000. Aunque sus expectativas actuales sean limitadas, la retirada supone una renuncia política que va más allá del cálculo de escaños.
El mensaje para sus votantes es difícil de disimular. Allí donde no haya candidatura popular, quienes quieran apoyar una opción de derecha española tendrán en Vox la alternativa favorecida por el acuerdo.
La operación también plantea una contradicción con el discurso de Feijóo sobre la moderación. El presidente del PP insiste en reivindicar una derecha institucional, pero ha aceptado que la representación del espacio conservador quede en manos de un partido que cuestiona el modelo autonómico y defiende una recentralización profunda del Estado.
La colaboración se extiende a otras catorce provincias, entre ellas Pontevedra, donde Vox presentará un único candidato al Senado para facilitar que sus electores puedan respaldar también a aspirantes populares. La coordinación demuestra que el entendimiento no responde a una concesión aislada, sino a una estrategia electoral compartida.
El control de las instituciones como objetivo
El Senado no es una cámara secundaria cuando se trata de determinados nombramientos institucionales. Su composición influye en la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, cuyos procedimientos requieren mayorías cualificadas.
Por eso, la batalla electoral tiene una dimensión que supera el reparto de escaños. PP y Vox no buscan únicamente impedir que Senado de Progreso les arrebate la mayoría absoluta. También aspiran a conservar, e incluso ampliar, su capacidad de intervención en decisiones institucionales de largo alcance.
La posibilidad de que Vox participe con mayor peso en esos acuerdos es una de las consecuencias políticas más relevantes de la estrategia de Feijóo. Una formación que hasta ahora había tenido una representación muy limitada en la Cámara alta podría reforzarla gracias a candidatos incluidos en las listas populares. Miguel Tellado ha defendido el pacto como una muestra de generosidad y sentido de Estado. También ha asegurado que PP y Vox mantienen sus identidades diferenciadas. La explicación contrasta con los términos del propio acuerdo. Cuando una formación retira sus candidaturas para favorecer a otra, incorpora representantes de su socio a sus listas y coordina el voto en numerosas circunscripciones, la separación entre ambos proyectos políticos deja de ser tan nítida como sus dirigentes pretenden transmitir.
Eso no significa que PP y Vox tengan programas idénticos. Existen diferencias en sus posiciones económicas, institucionales y territoriales. Pero el pacto confirma que esas discrepancias no impiden una colaboración electoral destinada a preservar una mayoría parlamentaria compartida. También revela hasta qué punto la candidatura conjunta de las izquierdas ha condicionado la estrategia de la derecha. La creación de Senado de Progreso ha obligado a PP y Vox a revisar sus planes y coordinarse en circunscripciones donde competir por separado podía perjudicarles.
La paradoja política es evidente. Feijóo lleva buena parte de su trayectoria nacional intentando ampliar el espacio electoral del PP y presentarlo como una alternativa capaz de gobernar sin depender de los extremos. Sin embargo, ante la posibilidad de perder el control del Senado, ha optado por facilitar directamente la representación de Vox.
Abascal consigue así un reconocimiento político que va más allá de los posibles escaños. Su partido deja de ser únicamente un socio parlamentario al que el PP recurre después de las elecciones para convertirse en un aliado con capacidad para negociar candidaturas, exigir posiciones y condicionar la estrategia electoral de los populares. El resultado definitivo dependerá de los votantes. Los acuerdos entre partidos no garantizan que sus respectivos electorados sigan las indicaciones de las direcciones, y las previsiones sobre los escaños que podrían obtener siguen siendo estimaciones.
Pero hay una consecuencia que no necesita esperar al escrutinio del 29 de noviembre. El Partido Popular ha aceptado compartir sus candidaturas con Vox y renunciar a competir en determinadas provincias para favorecerlo.
Feijóo podrá seguir defendiendo que el PP y Vox representan dos derechas distintas. Lo que tendrá más difícil será explicar por qué, cuando se trata de conservar el poder, esas diferencias dejan de impedirles concurrir bajo las mismas siglas.
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