Feijóo se vuelve a estampar con la vivienda

La vivienda se ha convertido en uno de los terrenos más fértiles para la batalla política de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, no sólo porque comprar o alquilar una casa resulte cada vez más difícil para la inmensa mayoría de la población, sino porque detrás de esa dificultad se acumulan otras frustraciones: la emancipación aplazada, las familias que renuncian a tener hijos, los salarios que pierden capacidad de compra y una generación que contempla la propiedad como una posibilidad hereditaria antes que como una conquista del trabajo. Alberto Núñez Feijóo ha decidido colocar ese malestar en el centro de su estrategia y presentar su alternativa como una promesa de restitución social. Sin embargo..., entre el diagnóstico certero de una emergencia y la solución efectiva existe una distancia que el discurso electoral, por definición, tiende a recorrer demasiado deprisa con algaradas populistas que finalmente se convierten en promesas incumplidas.

En Sevilla, ante representantes del sector y responsables políticos del Partido Popular, Feijóo resumió su propuesta en una cifra rotunda: construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura, un mantra repetitivo que cada día se parece más al "Ramsés, deja ir a mi pueblo" de Moisés. La ambición funciona como titular, como horizonte político y como respuesta a un déficit habitacional que el propio Feijóo sitúa cerca del millón de unidades. Pero la cifra también plantea la cuestión fundamental: cuántas viviendas se construirán realmente, en qué territorios, a qué precio y para qué ciudadanos porque el problema español no consiste únicamente en levantar edificios sino en conseguir que quienes necesitan una casa puedan acceder a ella sin comprometer la mayor parte de sus ingresos durante décadas.

Feijóo abrió su intervención con una metáfora aparentemente sencilla: la de los piragüistas que deben remar en la misma dirección para no volcar. «Y os aseguro que esto de la vivienda es como una piragua», afirmó. La imagen contiene una idea política reconocible: el equilibrio, la coordinación institucional y la necesidad de evitar movimientos contradictorios. También sirve para presentar al PP como una alternativa capaz de corregir el rumbo. Pero una crisis estructural no se resuelve solo con coordinación ni con voluntad, requiere identificar las causas de la escasez, establecer prioridades, movilizar recursos y explicar cómo se repartirán los costes y los beneficios de las medidas propuestas.

El diagnóstico de Feijóo

El líder popular dibujó un panorama de emergencia nacional. «La situación en la que estamos en este momento es, yo no recuerdo otra igual, la peor situación en materia de vivienda que conocemos en España desde hace mucho tiempo, desde 1961», sostuvo. A continuación, vinculó el encarecimiento de los inmuebles con el aumento de población, el crecimiento del número de hogares y una producción insuficiente de vivienda nueva. Su argumento central es que la demanda avanza más deprisa que la oferta y que las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez han agravado el desequilibrio.

«Cada año se crean 240.000 hogares y finalizamos menos de 100.000 viviendas nuevas», aseguró, antes de situar el déficit acumulado cerca del millón de casas. Son cifras que, dentro de su relato, buscan transformar una realidad compleja en una conclusión política inequívoca: la Administración ha fallado y el cambio de Gobierno constituye la condición para empezar a corregirlo. Así, sin anestesia. 

La dificultad aparece cuando el diagnóstico se convierte en una atribución casi exclusiva de responsabilidades. El precio de la vivienda depende de factores que interactúan entre sí: disponibilidad de suelo urbanizable, capacidad de las administraciones para tramitar proyectos, costes de construcción, financiación, concentración de empleo en determinadas ciudades, evolución demográfica, inversión y características del parque inmobiliario existente. La regulación puede influir en ese mercado, pero explicar toda la crisis como consecuencia directa de un solo Gobierno simplifica un problema que atraviesa legislaturas y territorios.

Feijóo eligió, sin embargo, un lenguaje de confrontación: «Cuando todo esto pasa, no está fracasando la gente, está fracasando el Gobierno». La frase tiene eficacia política porque desplaza la culpa desde los ciudadanos que no logran comprar una vivienda hacia quienes administran el Estado, pero la contundencia retórica no sustituye la necesidad de demostrar qué medidas concretas explican cada resultado y qué instrumentos permitirían revertirlo.

El presidente del PP añadió otro argumento: el Estado habría dispuesto de más recursos por el aumento de la recaudación fiscal, los fondos europeos y el endeudamiento. «Si usted ha tenido más dinero, ¿por qué este Gobierno ha sido el que menos vivienda pública ha construido?», preguntó. El reproche apunta a una cuestión legítima: la capacidad de los poderes públicos para ampliar la oferta asequible. No obstante, para evaluar el balance sería necesario comparar series homogéneas de vivienda pública terminada, inversión ejecutada, suelo disponible y evolución de la demanda, sin confundir anuncios presupuestarios con casas efectivamente entregadas.

Una promesa que necesita calendario y financiación

La propuesta de Feijóo se apoya en una premisa clásica de la política de vivienda del PP: facilitar la construcción, reducir trabas administrativas y crear incentivos para que propietarios y promotores incorporen más inmuebles al mercado. «Hay que construir más, hay que construir más rápido», afirmó. El líder popular prometió modificar urgentemente la Ley del Suelo, simplificar procedimientos y establecer un sistema de silencio administrativo positivo para que, transcurridos noventa días sin respuesta municipal, determinadas licencias se consideren concedidas.

La intención es acelerar los proyectos y evitar que los retrasos administrativos paralicen promociones. Sin embargo, convertir el silencio administrativo en una autorización automática plantea interrogantes sobre las garantías técnicas y jurídicas, la capacidad de los ayuntamientos y la protección de las normas urbanísticas. La rapidez importa, pero no todos los procedimientos son obstáculos burocráticos prescindibles: algunos verifican que los proyectos cumplen las condiciones de seguridad, habitabilidad y ordenación territorial.

El plan exige, además, una cooperación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los municipios, administraciones con competencias distintas y, a menudo, prioridades políticas enfrentadas. Feijóo aseguró que convocaría una Conferencia de Presidentes dedicada a la vivienda y que invitaría a todas las instituciones, con independencia de su color político. «Los únicos muros que debemos construir son los de las viviendas que necesita nuestro país», declaró.

La imagen es eficaz y la cooperación resulta indispensable. Pero una conferencia no garantiza por sí misma que aparezca suelo disponible, que las promociones sean viables o que los inmuebles resultantes tengan precios compatibles con los ingresos de los hogares. El millón de viviendas necesita un calendario anual, objetivos territoriales, estimaciones de coste, capacidad de construcción y mecanismos públicos de seguimiento. Sin esos elementos, la cifra corre el riesgo de funcionar como una promesa electoral más que como un compromiso verificable.

Rebajas fiscales para jóvenes

Feijóo presentó su paquete de ayudas como una apuesta para recuperar la propiedad entre los menores de cuarenta años. Anunció bonificaciones en el impuesto sobre la renta durante los primeros cuatro años de cotización, una cuenta de ahorro para el hogar joven, avales bancarios de hasta el cien por cien del valor de la vivienda y rebajas fiscales para la compra de una primera casa. También prometió permitir el aplazamiento de determinados impuestos durante la vida de la hipoteca.

El líder popular resumió el efecto previsto con un ejemplo: «un joven que se compre, tras cinco años de trabajo, una vivienda de un precio medio de 250.000 euros se podrá ahorrar unos 25.000 euros en impuestos y necesitaría 50.000 euros menos para firmar la hipoteca». Es una cifra diseñada para convertir una política tributaria en una promesa tangible. Sin embargo, el discurso no desarrolla allí las condiciones completas de elegibilidad, el coste presupuestario, los límites de las ayudas ni la distribución territorial de sus beneficios.

La cuestión es relevante porque una rebaja fiscal puede reducir el desembolso inicial de quienes ya están cerca de comprar, pero no necesariamente resolver la situación de quienes ni siquiera pueden reunir ingresos suficientes para asumir una hipoteca. Los avales facilitan el acceso a financiación, aunque también pueden elevar el riesgo de endeudamiento de los hogares si sus salarios no permiten afrontar las cuotas. Y si la oferta no crece al ritmo necesario, una parte de los incentivos a la compra podría trasladarse a los precios, especialmente en los mercados donde la vivienda disponible es escasa.

Feijóo defendió que rebajar impuestos no implicaría recaudar menos porque aumentaría la actividad económica. «Si bajamos los impuestos no vamos a recaudar menos, porque vamos a incrementar la actividad», aseguró. Pero el efecto final depende del diseño de cada medida, de su financiación y de la respuesta de la economía. No basta con anticipar que el crecimiento compensará la rebaja: es necesario presentar estimaciones que permitan comprobar cuánto se deja de ingresar, cuándo podrían materializarse los efectos positivos y qué ocurriría si fueran inferiores a lo previsto.

Propietarios, inquilinos y el conflicto que Feijóo promete desactivar

El presidente del PP intentó presentarse como defensor simultáneo de propietarios e inquilinos. Rechazó «participar otra vez en un nuevo enfrentamiento entre propietarios e inquilinos» y propuso deducciones fiscales para quienes prolonguen hasta tres años los contratos de alquiler con incrementos de renta inferiores al IPC. El mecanismo pretende ofrecer una compensación al propietario y estabilidad al arrendatario.

La propuesta reconoce un dilema real: la seguridad jurídica importa para mantener viviendas en el mercado, pero la capacidad de pago de los inquilinos limita cuánto pueden subir los alquileres. Su eficacia dependerá de la cuantía de las deducciones, de quiénes puedan acogerse a ellas y de que el ahorro fiscal se traduzca en condiciones más favorables para el arrendatario. También será necesario comprobar si la medida consigue ampliar la oferta o se limita a subvencionar contratos que se habrían renovado igualmente.

Más contundente fue su compromiso contra la okupación ilegal: «con nuestro Gobierno los okupas estarán fuera en 48 horas». La frase concentra una de las principales palancas emocionales del discurso de la derecha, al asociar la crisis habitacional con la inseguridad de los propietarios. Feijóo argumentó que la protección de la propiedad puede beneficiar también a los inquilinos porque anima a sacar viviendas al alquiler.

La seguridad jurídica es un objetivo legítimo, pero el debate exige distinguir situaciones diferentes y no presentar como equivalentes la okupación ilegal de un inmueble y los conflictos derivados de contratos de arrendamiento. Cualquier procedimiento acelerado debe preservar las garantías legales y permitir que los tribunales determinen las circunstancias de cada caso. La promesa de las 48 horas, por tanto, necesita una explicación jurídica precisa sobre su alcance y sus límites, más allá de su potencia como eslogan.

La clase media como argumento electoral

El momento más revelador del discurso llegó cuando Feijóo vinculó la vivienda con la continuidad de la clase media. «Sin vivienda accesible, la clase media se extingue», proclamó. La frase resume una transformación social profunda: para muchas familias, la propiedad ha sido durante décadas una forma de seguridad económica, un patrimonio transmisible y una garantía para la jubilación. Para parte de la juventud actual, en cambio, ese horizonte se aleja incluso cuando existe empleo.

Feijóo habló de jóvenes que siguen viviendo con sus padres, comparten pisos y aplazan decisiones familiares. «Lo peor es que este Gobierno les ha robado a los jóvenes el futuro y la esperanza», afirmó. La denuncia conecta con una frustración reconocible, pero también vuelve a convertir una cuestión estructural en un veredicto partidista. La dificultad de acceso a la vivienda no desaparece al cambiar de Gobierno, y las expectativas de una generación no pueden reconstruirse únicamente con rebajas fiscales o promesas de construcción.

El propio candidato reconoció que «vamos a pasar algunos años difíciles» mientras se pone suelo a disposición, se levantan edificios y se entregan viviendas. Esa advertencia es importante: incluso un plan eficaz necesita tiempo. Precisamente por ello, la credibilidad de la propuesta dependerá de que el PP explique cómo protegerá a los hogares durante la transición, qué papel tendrá la vivienda pública y asequible y cómo evitará que los beneficios de la nueva oferta se concentren en quienes ya tienen mayor capacidad de compra.

Feijóo cerró su intervención con una promesa personal: «si dentro de cuatro años vengo otra vez a estar aquí, al lado de la Torre del Oro, y no la he cumplido, no me voten ustedes». Es una fórmula de rendición de cuentas que compromete políticamente al candidato. Pero el examen no debería limitarse al número total de viviendas anunciadas o construidas. También tendrá que medir cuántas son accesibles para los salarios ordinarios, cuántas se destinan al alquiler asequible, cuánto esfuerzo económico exigen y qué proporción de jóvenes logra emanciparse.

El discurso de Sevilla ofrece un diagnóstico reconocible, una cifra ambiciosa y un conjunto de propuestas que merecen ser examinadas por sus resultados esperados, sus costes y sus garantías. También presenta un relato de culpabilidad que atribuye al Gobierno actual la responsabilidad central de la crisis y una confianza notable en que la construcción y los incentivos fiscales bastarán para corregirla.

La vivienda no necesita únicamente más anuncios, ni una competición de cifras entre partidos. Necesita políticas evaluables, coordinación institucional, suelo bien planificado, inversión sostenida y una oferta que responda a la demanda sin excluir a quienes tienen menos ingresos. El verdadero compromiso de Feijóo no se medirá por el millón de casas que promete, sino por si una persona con un salario corriente puede, al final de la legislatura, encontrar un hogar sin hipotecar su vida entera.