Alberto Núñez Feijóo ha convertido la sanidad pública en una de sus grandes promesas electorales. El candidato del Partido Popular habla de más médicos, mejores servicios y una asistencia capaz de responder a las necesidades de los ciudadanos. Un discurso que adquiere otro significado cuando se recupera una afirmación que pronunció en 2012, durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia: «Dar de comer o hacer la cama no es sanidad».
La frase refleja una determinada manera de entender los servicios públicos que merece ser examinada. Feijóo establecía entonces una distinción entre la asistencia médica y determinadas prestaciones vinculadas a la estancia hospitalaria, en un contexto de debate sobre su financiación. Una separación que puede encontrar explicación en la contabilidad administrativa, pero que resulta mucho más difícil de sostener cuando se observa desde la cama de un enfermo.
Porque una persona hospitalizada no deja de necesitar cuidados cuando termina la visita del médico. La alimentación, la higiene y la atención a quienes no pueden valerse por sí mismos forman parte de las condiciones indispensables para una asistencia digna. La sanidad pública no puede reducirse a una intervención clínica y desentenderse de todo lo que necesita un paciente para recuperarse.
Feijóo no utiliza aquella expresión en sus intervenciones electorales actuales. Ahora promete fortalecer el sistema sanitario y mejorar la atención a los ciudadanos. Sin embargo, su trayectoria permite examinar hasta qué punto esas promesas representan una evolución de sus planteamientos anteriores o una formulación electoral que todavía necesita explicaciones.
Trece años en Galicia y unas promesas que no llegaron a cumplirse
La gestión de Feijóo al frente de la Xunta ofrece datos concretos para contrastar su discurso. En 2009, antes de alcanzar la Presidencia gallega, prometió que ningún paciente tendría que esperar más de 45 días para una consulta especializada o una prueba diagnóstica, ni más de 60 días para una intervención quirúrgica. Cuando abandonó el Gobierno autonómico en 2022, después de trece años, aquellos compromisos seguían sin cumplirse.
Los datos del Servizo Galego de Saúde situaban entonces la demora media para una primera consulta hospitalaria en 56,4 días y la espera quirúrgica en 78,2. En determinadas prestaciones, las cifras eran considerablemente superiores. Radiología alcanzaba los 84,4 días y las endoscopias registraban una espera media de 142.
Estas cifras no describen por sí solas toda la evolución del sistema sanitario gallego, pero permiten comprobar que los plazos anunciados por Feijóo no se habían alcanzado al término de su mandato.
La cuestión adquiere especial relevancia porque el candidato popular vuelve a prometer una reducción de las listas de espera. Su programa electoral para el 29 de noviembre contempla un plan urgente para mejorar los tiempos de atención, aunque no concreta un objetivo general de días que permita evaluar con precisión el cumplimiento de esa promesa.
Feijóo reclama confianza para resolver en España un problema que no consiguió solucionar conforme a sus propios compromisos durante trece años de gobierno en Galicia.
Las listas de espera responden a numerosos factores, desde la disponibilidad de profesionales hasta la financiación y la organización asistencial. Precisamente por esa complejidad, las propuestas necesitan objetivos medibles, recursos suficientes y mecanismos de evaluación. Sin esos elementos, el compromiso de reducirlas corre el riesgo de convertirse en una promesa tan difícil de comprobar como las anteriores.
La Agencia Estatal de Salud Pública y la contradicción del PP
Existe otro antecedente que permite examinar la coherencia entre las críticas de Feijóo al Gobierno y las decisiones de su propio partido. En mayo de 2026, el líder popular reprochó al Ejecutivo que la Agencia Estatal de Salud Pública no estuviera creada. Sin embargo, el Partido Popular había votado en dos ocasiones contra el proyecto legislativo destinado a establecer ese organismo, finalmente aprobado mediante la Ley 7/2025, de 28 de julio.
El PP justificó una de sus negativas por su desacuerdo con la actuación de la ministra de Sanidad, Mónica García. Pero esa explicación política no elimina la contradicción entre reclamar la existencia de una institución y haber votado contra la norma que debía hacer posible su creación.
La salud pública no debería convertirse en rehén de las disputas partidistas, especialmente cuando se trata de reforzar la capacidad de prevención, vigilancia epidemiológica y respuesta ante emergencias sanitarias. La Agencia Estatal de Salud Pública responde precisamente a la necesidad de mejorar la coordinación y la preparación del sistema ante amenazas que afectan al conjunto de la población. Su desarrollo institucional exige cooperación entre administraciones, estabilidad y recursos.
Resulta significativo que el programa electoral del PP contemple reforzar ese mismo organismo cuya creación legislativa no respaldó. Feijóo puede defender que su partido discrepaba del diseño propuesto por el Gobierno, pero entonces corresponde explicar qué modelo alternativo planteaba y por qué sus diferencias justificaban rechazar el proyecto.
Criticar la ausencia de una institución después de votar contra su creación exige, como mínimo, una explicación convincente.
Más médicos, pero pocas respuestas sobre el modelo sanitario
El programa electoral del Partido Popular incluye la propuesta de incorporar al menos 4.500 médicos a Atención Primaria, aumentar las plazas de formación sanitaria especializada y promover un pacto de Estado por la sanidad pública.
Son medidas que abordan necesidades reales del sistema. Sin embargo, el anuncio de nuevas incorporaciones no explica por sí solo cómo se garantizará su distribución territorial, qué condiciones laborales se ofrecerán ni de qué manera se cubrirán las plazas que presentan mayores dificultades para atraer profesionales. Tampoco queda suficientemente definido el papel que tendrán los conciertos sanitarios y las derivaciones a centros privados dentro del modelo que propone Feijóo.
La cuestión resulta particularmente importante al examinar su experiencia de gobierno en Galicia, donde la colaboración con operadores privados formó parte de la organización de determinadas prestaciones sanitarias.
Los conciertos pueden utilizarse como instrumentos complementarios para atender necesidades asistenciales. Pero su utilización plantea preguntas sobre el destino de los recursos públicos, la transparencia de los contratos y la capacidad del sistema para prestar directamente los servicios que necesita la población. Una política de fortalecimiento de la sanidad pública debe explicar cuánto se invertirá en sus centros, sus plantillas y sus medios propios, además de precisar en qué circunstancias se recurrirá a proveedores privados.
El progreso sanitario tampoco puede medirse exclusivamente por la construcción de infraestructuras o la incorporación de tecnología. Requiere una Atención Primaria accesible, profesionales suficientes, continuidad asistencial, prevención, salud mental y cuidados adecuados para las personas mayores y dependientes.
La experiencia de los pacientes no se expresa únicamente en grandes cifras presupuestarias. Se manifiesta en el tiempo que tardan en conseguir una consulta, en la atención que reciben durante un ingreso y en la posibilidad de acceder a un tratamiento sin que sus recursos económicos condicionen la asistencia.
La sanidad también consiste en cuidar
La afirmación de Feijóo de 2012 permite recuperar una discusión que trasciende la campaña electoral. La sanidad pública no es únicamente una estructura de diagnóstico y tratamiento. Es también una garantía colectiva de atención a las personas en situaciones de enfermedad y vulnerabilidad. Separar administrativamente la actividad médica de determinados servicios hospitalarios puede tener sentido para organizar presupuestos y responsabilidades. Otra cuestión es utilizar esa distinción para justificar que prestaciones esenciales dejen de estar cubiertas colectivamente o que su coste recaiga sobre quienes necesitan asistencia.
Un sistema sanitario avanzado debe incorporar los cuidados como parte de su calidad asistencial, especialmente en una sociedad envejecida y con un número creciente de personas que necesitan atención continuada.
Feijóo tiene derecho a modificar sus planteamientos y a defender un modelo distinto del que sostuvo hace catorce años. Pero también debe responder por su trayectoria y explicar cómo pretende transformar en resultados las promesas que presenta durante la campaña. Las declaraciones sobre los cuidados hospitalarios, los objetivos incumplidos de las listas de espera y las votaciones del PP sobre la Agencia Estatal de Salud Pública constituyen antecedentes diferentes, pero todos permiten evaluar la coherencia de su discurso.
La defensa de la sanidad pública no empieza en un mitin ni termina con la promesa de contratar más médicos. Se demuestra en las decisiones presupuestarias, en las leyes que se respaldan y en los servicios que efectivamente reciben los pacientes.
Y también en algo que Feijóo consideró necesario distinguir de la sanidad en 2012, que una persona enferma pueda comer, asearse y recibir los cuidados que necesita con dignidad.
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