Alberto Núñez Feijóo ha elegido Badalona para inaugurar su campaña electoral con una acusación que va mucho más allá de la crítica política. El candidato del Partido Popular ha prometido una «auditoría del saqueo» del Gobierno de Pedro Sánchez y ha proclamado que aspira a ofrecer a los españoles «un Gobierno que no robe». Una declaración de enorme gravedad que convierte la sospecha de corrupción en una acusación general contra el Ejecutivo, sin acompañarla de pruebas que permitan sostener semejante conclusión.
El presidente del PP ha construido buena parte de su intervención sobre una premisa que no ha acreditado, que el dinero público ha sido objeto de un saqueo cuya magnitud y responsables descubrirá cuando llegue a La Moncloa. No ha explicado qué partidas presupuestarias considera desviadas, qué irregularidades concretas pretende investigar ni qué hechos justificarían extender esa acusación al conjunto del Gobierno.
La corrupción exige investigaciones, responsabilidades y pruebas. También cuando afecta a adversarios políticos. La fiscalización de los fondos públicos es una obligación democrática, pero presentarla como una operación destinada a descubrir un saqueo previamente dado por hecho introduce una conclusión antes de haber realizado la investigación.
Una auditoría con el veredicto escrito de antemano
«Haremos una auditoría del saqueo para saber a dónde ha ido cada euro y quién se lo ha llevado», anunció Feijóo ante unas 3.500 personas, según las cifras facilitadas por el PP, reunidas en el Polideportivo Municipal de Llefià.
La expresión resulta especialmente significativa. El candidato no propone simplemente revisar la gestión económica del Ejecutivo ni examinar posibles irregularidades. Habla de identificar quién se ha llevado el dinero de los españoles, dando por supuesta una apropiación que no ha demostrado en su intervención.
Feijóo también aseguró que España recauda más impuestos, acumula más deuda pública y ha recibido más fondos europeos que nunca, al tiempo que sus ciudadanos disfrutan de peores servicios. Sin embargo, no aportó una comparación detallada que permitiera establecer esa relación entre recaudación, gasto y calidad de los servicios públicos.
La existencia de problemas en los trenes, las carreteras o el acceso a la vivienda no demuestra por sí misma que se haya robado dinero público. Son cuestiones que requieren un análisis de inversiones, competencias administrativas, ejecución presupuestaria y resultados. Reducirlas a una misma acusación de saqueo puede resultar eficaz como consigna electoral, pero no sustituye una explicación verificable.
La intervención dejó otra cuestión sin resolver. Feijóo reivindicó su experiencia de gestión como garantía de un Gobierno distinto, pero dedicó buena parte de su discurso a denunciar el funcionamiento del país sin desarrollar las medidas económicas, presupuestarias y administrativas con las que pretende corregir los problemas que enumeró.
La concordia prometida y la izquierda presentada como amenaza
La contradicción más evidente de su intervención apareció cuando el candidato aseguró que quiere gobernar para todos los españoles, sin excepciones ni muros, y abrir una etapa de cordialidad, entendimiento y colaboración.
Ese llamamiento convivió con una advertencia dirigida contra la izquierda tras la huelga general del 11 de noviembre. Feijóo sostuvo que «la impotencia de la izquierda y de los radicales suele transformarse en violencia», una generalización que asocia a un espacio político muy amplio con los comportamientos violentos de determinados individuos.
El líder popular expresó su apoyo a dos jóvenes afiliados del PP que, según denunció su partido, fueron agredidos en Barakaldo. Cualquier agresión política merece una condena inequívoca, con independencia de quién sea la víctima. Otra cuestión es utilizar esos episodios para atribuir una tendencia hacia la violencia al conjunto de la izquierda.
Feijóo también calificó la movilización del miércoles como una «huelga electoral» fracasada. No ofreció en su intervención datos suficientes para sustentar esa valoración, que contrasta con su afirmación de que pretende representar a todos los ciudadanos, incluidos quienes participaron en la protesta.
El candidato insistió en que estas elecciones deben abrir una etapa sin confrontación, aunque su discurso de apertura estuvo dominado por acusaciones de corrupción, decadencia, incompetencia y violencia contra sus adversarios.
La distancia entre la concordia que promete y el lenguaje que utiliza constituye una de las principales contradicciones de su mensaje electoral.
Cataluña ocupó otro lugar destacado en el mitin. Feijóo aseguró que quiere convertirla en protagonista de la «reconstrucción de España» y recuperar su papel como motor económico. También elogió al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, candidato al Congreso por Barcelona, al que presentó como ejemplo de gestión y futuro impulsor de una ley contra la okupación.
La seguridad, la inmigración y la multirreincidencia completaron un discurso que vinculó problemas de naturaleza muy distinta bajo una misma idea de deterioro general del país.
Feijóo pidió el voto para abrir una nueva etapa política el 29 de noviembre. Su primer gran mitin, sin embargo, estuvo marcado por una acusación de saqueo que no acompañó de pruebas concretas y por una apelación a la concordia difícil de conciliar con la generalización de responsabilidades que formuló contra la izquierda.
Una auditoría puede esclarecer hechos. Lo que no puede hacer es convertir una acusación electoral en una verdad demostrada antes de investigar.
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