Toda oposición tiene derecho a denunciar la corrupción. Es más, tiene la obligación de hacerlo. Fiscalizar al Gobierno constituye una de las funciones esenciales de cualquier democracia parlamentaria. Lo que resulta mucho más difícil de justificar es que esa tarea termine sustituyendo por completo al proyecto político.
Eso fue, precisamente, lo que dejó la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo para hacer balance del curso político. Había una oportunidad evidente. Tres años después de las elecciones generales de 2023, el líder del principal partido de la oposición podía explicar cómo pretende resolver el problema de la vivienda, qué reformas económicas considera imprescindibles, cuál será su política industrial, qué propone para reforzar la sanidad pública o cómo afrontará una transición energética que ya condiciona la competitividad europea.
Nada de eso ocupó el centro de su intervención y el verdadero protagonista volvió a ser Pedro Sánchez.
Feijóo aseguró que "todo es una cloaca", y no hablaba únicamente de personas investigadas ni de casos concretos. Incluyó en esa descalificación a la Fiscalía, Hacienda, la Guardia Civil, la SEPI, Correos, el CIS y los medios públicos.
El líder de los Populares, cuando quien aspira a presidir el Gobierno sostiene que prácticamente todas las instituciones del Estado están corrompidas, deja de estar criticando a un Ejecutivo. Empieza a cuestionar la credibilidad del propio Estado democrático. Resulta legítimo denunciar responsabilidades políticas e incluso exigir dimisiones , pero otra cosa muy distinta consiste en presentar el conjunto de las instituciones como un edificio inhabitable. Ese tipo de discursos alimenta exactamente la desconfianza sobre la que prosperan los populismos contemporáneos.
"No quiero heredar el Gobierno de España, sino engrandecer este país", afirmó Feijóo. La declaración sonaba "prometedora". Sin embargo, bastaba escuchar el resto de la comparecencia para comprobar la distancia entre la ambición de la frase y el contenido del discurso. Durante más de una hora apenas hubo espacio para explicar cómo piensa engrandecer España. Hubo, en cambio, una sucesión interminable de acusaciones, pronósticos judiciales, descalificaciones morales y referencias constantes al presidente del Gobierno.
Feijóo volvió a prometer una "reconstrucción nacional" y anunció que su llegada a La Moncloa "no será un relevo, sino una limpieza a fondo".
Las democracias sustituyen gobiernos mediante elecciones. No necesitan operaciones de limpieza. Ese lenguaje convierte al adversario político en una anomalía moral que debe ser erradicada y desplaza el debate desde la confrontación de proyectos hacia la deslegitimación del contrario. Resulta llamativo que quien reclama moderación institucional recurra precisamente a una retórica que erosiona la legitimidad del rival democrático.
Tampoco pasó desapercibida otra contradicción. Durante la comparecencia, Feijóo dio prácticamente por acreditadas responsabilidades penales futuras de distintos dirigentes socialistas, aventuró comparecencias judiciales que todavía no existen y llegó a anticipar el desarrollo de procedimientos que siguen abiertos.
Pocos minutos después, cuando los periodistas le preguntaron por el alcalde popular de Móstoles, investigado por una presunta agresión sexual, recuperó inmediatamente el principio de presunción de inocencia y pidió esperar a lo que resolvieran los tribunales. La presunción de inocencia parece un principio constitucional de aplicación variable. Se invoca con convicción cuando protege a los propios y desaparece cuando afecta al adversario.
La comparecencia también confirmó otro dato político importante. Preguntado por los pactos con Vox, Feijóo los defendió con absoluta normalidad y justificó incluso la incorporación del concepto de "prioridad nacional" en los acuerdos autonómicos.
Hace apenas unos años, el Partido Popular habría evitado asumir un lenguaje procedente de la extrema derecha europea. Hoy ya ni siquiera siente la necesidad de disimular esa aproximación. Vox no necesita ganar elecciones para influir. Le basta con comprobar que muchas de sus categorías acaban integrándose en el discurso de quien aspira a gobernar España.
Quizá ahí se encuentre el aspecto más preocupante del balance presentado por Feijóo. No porque denunciara la corrupción, lo preocupante es que tres años después de las elecciones generales siga resultando tan difícil identificar un proyecto político que vaya más allá de la sustitución de Pedro Sánchez.
La comparecencia terminó con otra frase destinada a resumir la legislatura. "Lo malo es que llegaron, pero lo bueno es que ya se van", como eslogan está bien, pero no es un programa de gobierno.
Alberto Núñez Feijóo sigue hablando mucho de quién debe marcharse. España continúa esperando escuchar con la misma claridad qué país quiere construir cuando llegue su turno.
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