Alberto Núñez Feijóo reclama que el nuevo fiscal general del Estado cuente con el aval del Consejo General del Poder Judicial, más de dos décadas de ejercicio profesional y un pasado sin cargos políticos recientes. Sobre el papel, la propuesta parece un gesto de responsabilidad institucional. En la práctica, es un ejercicio de oportunismo que ignora su propio papel en el bloqueo del CGPJ y el uso partidista de la justicia que ha marcado al PP durante años. Feijóo exige un estándar que su partido no ha aplicado nunca.
Un discurso de pureza institucional construido sobre un órgano bloqueado
La primera exigencia de Feijóo —que el nombramiento del fiscal general reciba el aval del CGPJ— roza el cinismo político. El propio PP ha mantenido bloqueado al Consejo durante años, evitando cualquier renovación que no garantizara conservar su cuota de poder. Presentar ahora a ese órgano como garante de imparcialidad es una maniobra transparente: Feijóo intenta transformar una anomalía institucional provocada por su partido en un filtro obligatorio.
Ese gesto no pretende reforzar la independencia. Pretende algo mucho más sencillo: conservar el control. El PP ha hecho del CGPJ un instrumento de presión política, y Feijóo propone ahora que sea ese órgano el que valide el nombramiento del fiscal general. El argumento se desmonta solo: quien ha impedido la normalidad institucional no puede arrogarse la defensa de la neutralidad.
Condiciones imposibles para otros, irrelevantes para él
Feijóo añade dos requisitos adicionales: veinte años de ejercicio profesional y cinco años sin cargos políticos. Ninguno de los dos existe para otros nombramientos institucionales que el PP ha promovido sin reparar en esas limitaciones. Cuando su partido ha tenido la oportunidad de nombrar altos cargos, el criterio de independencia ha sido, como mucho, accesorio.
La dureza de Feijóo cuando se trata del fiscal general contrasta con la flexibilidad que practica cuando se trata de posiciones clave bajo su influencia. La exigencia no es, por tanto, un principio. Es un arma. Y al convertir la independencia en munición política, la desactiva.
Además, el PP ha construido históricamente redes de confianza que han colocado a perfiles estrechamente vinculados al partido en instituciones que deberían mantenerse ajenas al poder político. En ninguno de esos casos se invocaron décadas de ejercicio ni cuarentenas políticas.
Feijóo solo exige impecabilidad cuando el nombramiento no depende de él.
El PP como juez de la independencia ajena, un papel insostenible
El líder del PP denuncia que el Gobierno “coloniza instituciones” mientras su propio partido ha hecho de la estructura institucional un espacio de negociación interna y reparto. No se trata de recordar etapas pasadas como forma de reproche; se trata de constatar que Feijóo no ha introducido un solo cambio cultural en el modo en que su partido entiende la justicia y la fiscalía.
Su discurso no se alinea con una defensa real de la autonomía del Ministerio Fiscal. Se alinea con una estrategia: invalidez preventiva del nombramiento que realice el Gobierno, sea cual sea el perfil elegido. De ahí la obsesión por presentar como imprescindible un aval del CGPJ que el PP ha mantenido como rehén político.
Feijóo no defiende la separación de poderes. Defiende su influencia sobre uno de ellos.
Exige neutralidad desde una posición partidista
Mientras Feijóo pide perfiles sin vinculación política, su propio partido mantiene una retórica abiertamente hostil hacia el Gobierno, judicializando el debate institucional y alimentando una percepción de parcialidad que compromete la serenidad democrática. No es solo una cuestión de tono. Es una cuestión de intención.
El PP no concibe una fiscalía independiente del poder político; concibe una fiscalía independiente del Gobierno, pero no del propio PP. El matiz lo es todo. Si el nuevo fiscal general no se ajusta al canon que el PP establece —un canon diseñado para excluir a quienes no sean del gusto de Génova—, Feijóo lo presentará como una imposición. Es un guion escrito antes de conocer el reparto. Lo relevante no es el nombre. Es la estructura de desconfianza que el PP necesita mantener activa para sostener su relato.