Feijóo descubre que para gobernar España hay que entender a Catalunya, aunque todavía no sepa muy bien cómo hacerlo

Alberto Núñez Feijóo ha llegado a una conclusión que, a estas alturas de su carrera política, debería formar parte del equipaje de cualquier aspirante a La Moncloa: para presidir España hay que entender a Catalunya. El descubrimiento, formulado en una entrevista con La Vanguardia, tiene algo de revelación tardía y bastante de necesidad electoral. Después de años en los que el Partido Popular ha encontrado en el conflicto catalán uno de sus argumentos más rentables para movilizar al electorado conservador, su presidente parece haber comprendido que también necesita votos allí donde su partido ha contribuido a alimentar la desconfianza.

Feijóo sostiene que nadie puede ser presidente del Gobierno sin saber interpretar Catalunya y asumir compromisos explícitos con ella. La afirmación resulta razonable. Lo verdaderamente interesante empieza cuando se examina qué entiende el dirigente popular por interpretar una realidad política, cultural y lingüística tan compleja. Porque una cosa es comprender Catalunya y otra pretender que Catalunya se adapte al programa del PP.

El candidato conservador se presenta como constitucionalista, autonomista y conocedor de las singularidades territoriales gracias a sus catorce años al frente de la Xunta de Galicia. Sin embargo, su discurso combina esa proclamada sensibilidad con una colección de advertencias sobre delincuencia, ocupaciones ilegales, impuestos y conflictos lingüísticos. Catalunya aparece así descrita como un territorio al que dice querer comprender, pero cuyo retrato político parece elaborado para satisfacer antes a sus votantes del resto de España que a los propios catalanes.

No deja de resultar curioso que quien reclama comprensión comience por enumerar problemas sin detenerse demasiado en las aspiraciones políticas de una parte considerable de la sociedad catalana. Entender una comunidad autónoma exige algo más que conocer sus estadísticas, discutir sus competencias o recordar que uno también ha gobernado un territorio con lengua propia.

Un autonomista que necesita a Vox

La principal contradicción de Feijóo no está en sus declaraciones sobre Catalunya, sino en sus alianzas. El presidente del PP pide una oportunidad a los socialistas catalanes desencantados y se presenta como garantía de moderación institucional, pero mantiene abierta la cooperación con Vox, una formación cuyo proyecto político cuestiona elementos fundamentales del actual Estado autonómico. Feijóo considera perfectamente legítimo entenderse con Santiago Abascal porque Vox representa a una parte del electorado español. Es cierto que sus votantes merecen representación democrática. Lo que no explica es cómo piensa conciliar las exigencias de un partido centralista con su recién proclamada vocación de profundizar en el respeto a las autonomías.

Porque no basta con declararse autonomista en Barcelona y considerar imprescindible la alianza con quienes defienden un modelo territorial radicalmente distinto. Ambas posiciones pueden convivir en una estrategia parlamentaria, pero difícilmente constituyen un proyecto coherente de país. El dirigente popular insiste en que su único cordón sanitario se dirige contra Bildu. Vox, en cambio, no encuentra obstáculos para convertirse en socio político. La distinción permite apreciar hasta qué punto la apelación al constitucionalismo funciona en su discurso como una frontera variable, más relacionada con la conveniencia electoral que con una reflexión sobre los principios democráticos.

También resulta llamativo su acercamiento retórico a Junts. Feijóo reprocha a la formación independentista haber facilitado la investidura de Pedro Sánchez, pero reconoce los intercambios mantenidos con sus representantes y celebra las ocasiones en las que sus votos han contribuido a derrotar iniciativas del Gobierno. Parece que dialogar con Junts es un problema cuando lo hace Sánchez y un ejercicio de responsabilidad cuando lo hace el PP. La diferencia, por lo visto, no está en el interlocutor, sino en quién obtiene el beneficio parlamentario.

La lengua gallega como argumento y como coartada

La entrevista alcanza uno de sus momentos más reveladores cuando Feijóo utiliza Galicia como ejemplo de su sensibilidad lingüística. Asegura que allí existe un equilibrio educativo entre gallego y castellano y sostiene que actualmente se habla más gallego en Galicia que catalán en Catalunya. La comparación merece bastante más rigor del que le dedica el candidato. Los datos del Instituto Galego de Estatística muestran que en 2023 solamente el 24,37% de la población gallega hablaba siempre gallego, una proporción que había descendido 6,2 puntos respecto a 2018. La evolución de la lengua propia de Galicia plantea, por tanto, un problema serio de transmisión y uso social que no desaparece por convertirla en argumento electoral.

Feijóo presidió la Xunta durante catorce años. Puede reivindicar su experiencia institucional, pero esa trayectoria también permite exigirle responsabilidades por las políticas lingüísticas desarrolladas durante sus mandatos. La situación del gallego no constituye precisamente un certificado indiscutible de éxito que pueda exhibirse para impartir lecciones a Catalunya.

Su propuesta sobre el castellano en las aulas catalanas vuelve a situar la cuestión lingüística en el terreno de la confrontación jurídica. Naturalmente, las resoluciones judiciales deben respetarse. Pero gobernar una sociedad bilingüe exige también comprender la función de la escuela en la protección de una lengua propia y evitar que el idioma se convierta en un instrumento permanente de disputa política.

Feijóo pretende presentarse como un experto en diversidad territorial utilizando una experiencia gallega que, examinada con detenimiento, resulta bastante menos concluyente de lo que sugiere. La respuesta de Salvador Illa tampoco se hizo esperar. El presidente de la Generalitat replicó que Feijóo no entiende Catalunya y recordó su oposición al catalán y a la amnistía. Una contestación política que devuelve al candidato popular al terreno donde sus declaraciones deben medirse con sus actuaciones.

Prometer inversiones, rechazar competencias

En materia de infraestructuras, Feijóo anuncia que visitará Catalunya trimestralmente para explicar el grado de ejecución de las inversiones comprometidas. La promesa puede resultar atractiva para quienes padecen las deficiencias de Rodalies, aunque presenta un inconveniente, el dirigente popular habla como si los incumplimientos presupuestarios hubieran comenzado con Pedro Sánchez. Durante la propia entrevista, los periodistas le recuerdan que los déficits de ejecución también existieron bajo los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy. Feijóo no ofrece una explicación convincente de aquella trayectoria y prefiere trasladar el debate a sus compromisos futuros.

Su posición respecto al traspaso de Rodalies resulta igualmente significativa. Dice desconocer si a la Generalitat le interesa asumir un servicio tan complejo y necesitado de inversión. Es legítimo advertir de los costes y dificultades de una transferencia competencial, pero defender el autogobierno exige reconocer también la capacidad de las instituciones catalanas para decidir qué responsabilidades desean asumir, siempre dentro del marco legal y con la financiación correspondiente. Feijóo parece dispuesto a respetar la autonomía siempre que las decisiones autonómicas coincidan con sus recomendaciones. Una interpretación bastante particular del principio de autogobierno.

Y todavía hay otra contradicción que merece atención. El candidato anuncia que derogará la Ley de Amnistía incluso reconociendo que esa derogación no tendrá efectos retroactivos. Es decir, promete una medida cuyo alcance práctico admite de antemano que será limitado. El gesto político importa más que sus consecuencias jurídicas y algo parecido ocurre con su compromiso de eliminar la Ley de Memoria Democrática. Feijóo argumenta que pretende evitar la reapertura de heridas, como si reconocer a las víctimas de la dictadura y garantizar sus derechos fuese una forma de enfrentamiento y no una obligación democrática.

La memoria histórica no consiste en pedir a los ciudadanos que compartan una interpretación partidista del pasado. Consiste, entre otras cuestiones, en que quienes sufrieron persecución y represión puedan obtener reconocimiento, reparación y acceso a la verdad. Resulta difícil conciliar esa voluntad derogatoria con la imagen de un dirigente empeñado en construir una España más comprensiva y plural.

El episodio más delicado de la entrevista llega con el accidente ferroviario de Toledo. Feijóo reclama responsabilidades políticas y sostiene que España atraviesa un fallo generalizado de gestión. La gravedad de una tragedia ferroviaria obliga, desde luego, a investigar las causas, determinar posibles negligencias y exigir responsabilidades donde corresponda. Pero convertir el accidente en una explicación universal de todos los problemas del país, desde el mantenimiento ferroviario hasta la vivienda o los apagones, no constituye un diagnóstico técnico. Es una interpretación electoral que adelanta conclusiones antes de que la investigación permita establecerlas.

La oposición tiene el derecho y la obligación de fiscalizar al Gobierno. También debería tener la prudencia de distinguir entre una responsabilidad acreditada y una acusación política. Feijóo reclama para sí la imagen de un gestor experimentado, moderado y previsible. Sin embargo, su discurso combina promesas de diálogo con alianzas difíciles de explicar, reivindicaciones autonomistas con recelos ante nuevas competencias y llamamientos a la concordia con derogaciones de marcado contenido ideológico.

La paradoja es que el presidente del PP parece haber comprendido perfectamente que necesita a Catalunya para llegar a La Moncloa. Lo que todavía no ha demostrado es que esté dispuesto a aceptar su pluralidad política sin intentar corregirla a su conveniencia. Porque Catalunya no es una asignatura que se aprueba con una entrevista dominical, cuatro visitas al año y un puñado de promesas electorales. Es una sociedad con instituciones, memoria, lengua y aspiraciones propias que merece algo más que convertirse en escenario de una operación de imagen.

Feijóo asegura que no se puede gobernar España sin entender Catalunya. Tal vez debería empezar por aplicar esa exigencia a su propio proyecto político.