Alberto Núñez Feijóo ha encontrado en los disturbios callejeros un argumento con el que intentar cambiar el rumbo de la campaña electoral. Después de semanas en las que el debate político ha girado alrededor de la vivienda, los derechos sociales y las propuestas económicas, el presidente del PP ha decidido colocar la seguridad en el centro de su discurso. La violencia registrada en Barcelona le ofrece la oportunidad de presentar al Gobierno de Pedro Sánchez como incapaz de garantizar el orden público, aunque para hacerlo tenga que convertir los actos de grupos violentos en una supuesta estrategia del Ejecutivo.
Los graves incidentes del sábado en la capital catalana, con destrozos, saqueos y 128 detenidos, entre ellos 73 menores, merecen una condena inequívoca. Ninguna reivindicación política justifica la destrucción de establecimientos, las agresiones o los ataques contra el mobiliario urbano. Pero una cosa es exigir responsabilidades a quienes protagonizan esos hechos y otra muy distinta utilizar la violencia de unos grupos para atribuir al adversario político una responsabilidad que no se ha demostrado.
Durante un acto celebrado en Salamanca aseguró que los socialistas, al haber perdido la calle, pretenden incendiarla. Fue todavía más lejos al acusarlos de resistirse a abandonar el poder mediante la violencia. Son afirmaciones de una gravedad extraordinaria que el líder popular no acompañó de pruebas. El candidato que aspira a presidir el Gobierno ha pasado así de reclamar seguridad a insinuar que el Ejecutivo participa, de alguna manera, en los disturbios.
El PP compra el discurso de Vox
Santiago Abascal lleva días atribuyendo los incidentes a lo que denomina las «milicias de Sánchez». El presidente de Vox incluso ha hablado de violencia organizada desde La Moncloa, una acusación que tampoco ha respaldado con evidencias. La estrategia consiste en presentar cualquier protesta contra la extrema derecha como una extensión del Gobierno socialista, sin distinguir entre manifestantes pacíficos, grupos violentos y ciudadanos que ejercen legítimamente su derecho de reunión.
Lo preocupante es que Feijóo parece dispuesto a seguir ese camino. En lugar de establecer una distancia clara con las acusaciones de Vox, el PP ha incorporado una parte sustancial de su relato. La seguridad se convierte así en un instrumento para desacreditar al adversario y alimentar la idea de que España vive una situación de desorden generalizado.
La operación tiene una evidente utilidad electoral. Hablar de disturbios permite desplazar otros debates menos cómodos para la derecha, como el acceso a la vivienda, la protección de los salarios, las pensiones o las posiciones del PP sobre el aborto y la eutanasia. La campaña deja de girar alrededor de lo que cada partido propone para mejorar la vida de los ciudadanos y pasa a centrarse en quién consigue transmitir más miedo.
No significa que la seguridad sea una preocupación secundaria. Es un derecho de la ciudadanía y una obligación de cualquier Gobierno democrático. Precisamente por eso merece algo más que consignas electorales y acusaciones sin fundamento.
La izquierda no puede regalar la seguridad a la derecha
Los incidentes de Barcelona también han obligado a reaccionar a los dirigentes progresistas. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha condenado con contundencia los actos violentos y ha defendido la actuación de las instituciones para garantizar la convivencia. Una posición que también han mantenido responsables socialistas en otras ciudades afectadas por alteraciones del orden público.
Las alcaldesas de A Coruña y Avilés, Inés Rey y Mariví Monteserín, han rechazado igualmente los episodios de violencia registrados en sus municipios. No existe, por tanto, fundamento para presentar al conjunto del socialismo como una fuerza que ampara los disturbios.
Gabriel Rufián ha introducido una reflexión que merece atención. El dirigente de ERC considera que la izquierda debe defender sin complejos la seguridad y el orden público, precisamente para impedir que la extrema derecha se apropie de esas reivindicaciones. La seguridad no pertenece ideológicamente al PP ni a Vox. Es también una condición indispensable para ejercer las libertades democráticas.
La izquierda cometería un error si interpretase cualquier demanda de seguridad como una concesión al discurso conservador. Los vecinos que sufren destrozos en sus barrios, los comerciantes cuyos establecimientos son atacados y los ciudadanos que quieren manifestarse pacíficamente tienen derecho a recibir protección.
Pero esa defensa debe incluir también el respeto a los derechos fundamentales, la proporcionalidad de las actuaciones policiales y la investigación de posibles abusos. Las denuncias por cargas policiales contra colectivos como los docentes recuerdan que garantizar el orden público no puede convertirse en una excusa para restringir el derecho de protesta.
El miedo como sustituto de las propuestas
El PSOE había diseñado una campaña centrada en las políticas sociales, la igualdad y la defensa de los avances laborales frente a las propuestas del PP y Vox. La intención era contraponer dos modelos de país: uno basado en la ampliación de derechos y otro en las reformas que pudieran impulsar las fuerzas conservadoras si alcanzasen el Gobierno.
Los disturbios introducen ahora un elemento que los socialistas no pueden ignorar. Sánchez tendrá que hablar de seguridad, exigir que se investigue quién promueve los actos violentos y defender la respuesta de las instituciones. Pero hacerlo no implica aceptar el marco político que pretende imponer Feijóo.
La violencia debe investigarse y castigarse conforme a la ley, no utilizarse para fabricar culpabilidades colectivas ni para desacreditar a quienes piensan diferente. También resulta necesario esclarecer el papel de las redes sociales en las convocatorias que desembocaron en los incidentes y determinar si existió algún tipo de coordinación, sin dar por acreditadas hipótesis que todavía están siendo investigadas.
La paradoja es que el PP, que acusa constantemente al Gobierno de alimentar la tensión política, ha decidido elevar el tono hasta responsabilizar a Sánchez de una supuesta estrategia de violencia callejera. Una acusación de semejante alcance exigiría pruebas, no únicamente declaraciones pronunciadas ante un auditorio electoral.
Queda algo más de un mes para las elecciones del 29 de noviembre y la campaña todavía puede cambiar muchas veces de escenario. Sin embargo, los últimos acontecimientos dejan una advertencia importante: cuando el miedo sustituye a las propuestas, la extrema derecha suele encontrar el terreno preparado.
La obligación de las instituciones es garantizar la seguridad y perseguir los delitos. La de los partidos, explicar qué harán con la vivienda, los salarios, las pensiones, la sanidad y los derechos de la ciudadanía. Feijóo parece haber encontrado en los disturbios una oportunidad para evitar algunas de esas respuestas. Lo que todavía está por ver es si los electores aceptarán que la violencia de unos pocos termine dictando el debate político de todo un país.
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