El Partido Popular ha inaugurado su primer gran fin de semana de campaña electoral en Galicia con una exhibición de ataques personales, acusaciones de corrupción y promesas económicas que, una vez más, no han venido acompañadas de una explicación convincente sobre su financiación. Ante unas 8.000 personas, según las cifras facilitadas por el propio partido, Alberto Núñez Feijóo convirtió este sábado el Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela en el escenario de una ofensiva contra Pedro Sánchez, mientras Miguel Tellado elevaba todavía más el tono con insinuaciones sobre el futuro judicial de Begoña Gómez.
El mitin, en el que también participaron Alfonso Rueda, Fabiola García y Diego Calvo, estuvo construido alrededor de una idea repetida hasta la saciedad: presentar al Partido Popular como sinónimo de decencia y al Gobierno socialista como representación de la corrupción, la incompetencia y el deterioro institucional. Una estrategia que puede servir para movilizar a los convencidos, pero que deja demasiadas preguntas sin responder sobre las políticas que Feijóo pretende aplicar si llega a La Moncloa.
Tellado cruza la frontera entre la crítica política y la insinuación judicial
El secretario general del PP protagonizó uno de los momentos más agresivos del acto cuando comparó a Pedro Sánchez y Begoña Gómez con el matrimonio Kirchner y afirmó que solamente les faltaba una pulsera de arresto domiciliario, para añadir: «Todo se andará».
No se trató de una crítica a una decisión política ni de una valoración sobre un procedimiento judicial. Tellado fue más lejos al insinuar cuál podría ser el desenlace de una causa que corresponde resolver a los tribunales.
El dirigente popular también describió la presencia de Begoña Gómez en la campaña socialista como una muestra de desesperación del PSOE y aprovechó su situación procesal para convertirla en objeto de burla ante miles de simpatizantes.
La investigación judicial debe seguir su curso, con todas las garantías y sin privilegios para nadie. Pero estar investigado o procesado no equivale a haber sido condenado, y mucho menos permite a un dirigente político anticipar públicamente medidas privativas de libertad.
Resulta especialmente contradictorio que un partido que reclama continuamente respeto a las instituciones utilice un mitin electoral para especular con decisiones que únicamente corresponden a los jueces.
Feijóo promete que nunca volverá a haber corrupción, una garantía imposible
Feijóo aseguró que, si llega a la Presidencia del Gobierno, no volverá a haber corrupción y que en su primer Consejo de Ministros ordenará una auditoría de la gestión del Ejecutivo saliente. La lucha contra la corrupción exige medidas concretas de prevención, transparencia, contratación pública y control institucional, no garantías absolutas que ningún presidente democrático puede ofrecer de manera responsable.
Durante su intervención, Feijóo resumió ocho años de Gobierno socialista mediante cuatro conceptos: corrupción, machismo, incompetencia y soberbia. También anunció que no habrá indultos para corruptos.
El problema no consiste en que la oposición denuncie los casos de corrupción. Tiene la obligación política de hacerlo y el derecho a exigir responsabilidades. El problema aparece cuando las investigaciones, las condenas y las simples acusaciones se presentan como si fueran exactamente lo mismo y se utilizan para atribuir culpabilidad colectiva a todo un partido.
La corrupción debe perseguirse con independencia de quién gobierne. También cuando afecte al Partido Popular, cuyos antecedentes judiciales impiden presentar su historia como si estuviera completamente al margen de este fenómeno.
Los accidentes ferroviarios convertidos en arma electoral
Otro de los momentos más preocupantes llegó cuando Feijóo utilizó la tragedia de los accidentes ferroviarios para resumir la gestión del Ministerio de Transportes, desde José Luis Ábalos hasta Óscar Puente.
El presidente del PP aseguró que el balance de esa gestión había costado dinero y vidas a los españoles, estableciendo una relación política directa entre el funcionamiento del Ministerio y las víctimas mortales.
La responsabilidad política por el estado de la red ferroviaria puede y debe exigirse. También resulta imprescindible investigar las inversiones, el mantenimiento, las decisiones técnicas y las advertencias que pudieran haberse desatendido.
Pero una cosa es exigir responsabilidades por la gestión y otra presentar una relación causal entre decisiones concretas y fallecimientos antes de que las investigaciones técnicas o judiciales la hayan determinado.
La gravedad de los accidentes merece algo más que su utilización como argumento de campaña. Merece rigor, investigación independiente y explicaciones documentadas.
Feijóo conoce, además, la importancia de la continuidad administrativa en infraestructuras que requieren décadas de inversiones y mantenimiento. Precisamente por eso, atribuir todas las deficiencias al Gobierno actual sin examinar las políticas precedentes ofrece una explicación incompleta.
Un millón de viviendas, pero otra vez sin explicar cómo
En materia económica, Feijóo recuperó una de sus grandes promesas electorales: construir un millón de viviendas. Anunció también que situará la política de vivienda dentro de una vicepresidencia, después de haber defendido una reducción del número de ministerios.
Cambiar la ubicación de una competencia dentro del organigrama gubernamental no construye viviendas. Tampoco resuelve la escasez de suelo urbanizado, las dificultades de financiación, la falta de mano de obra o los largos procedimientos administrativos.
El Banco de España ha advertido de la existencia de un déficit acumulado de cientos de miles de viviendas, mientras que el ritmo actual de construcción se encuentra muy lejos del necesario para alcanzar el objetivo anunciado por el PP en una legislatura.
Feijóo no presentó en Santiago un presupuesto detallado, una programación territorial ni una explicación de cuánto correspondería financiar al Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos o el sector privado.
En cambio, volvió a responsabilizar al Gobierno de Sánchez de la crisis habitacional, pese a que las dificultades de acceso a la vivienda responden a problemas acumulados durante muchos años y a competencias repartidas entre diferentes administraciones.
El compromiso de construir un millón de viviendas debería ser evaluado como cualquier gran programa público: con costes, calendarios, financiación y mecanismos de seguimiento.
Menos impuestos, más servicios públicos y la palabra mágica: «gestión»
La contradicción económica más evidente del discurso apareció cuando Feijóo prometió reducir impuestos, mejorar los servicios públicos, impulsar nuevas infraestructuras y construir viviendas, todo ello sin explicar qué recursos permitirían sostener simultáneamente esos compromisos.
El candidato popular resolvió la cuestión con una palabra: «gestión». Gestionar mejor es una obligación de cualquier Gobierno, pero no sustituye una memoria económica. Eliminar gastos innecesarios puede generar ahorros, aunque para afirmar que serán suficientes hay que cuantificarlos.
Feijóo también aseguró que la recaudación fiscal había aumentado un 69 % desde 2018 y que la deuda pública se había incrementado alrededor de 600.000 millones de euros.
Las cifras absolutas necesitan contexto. Una mayor recaudación no significa necesariamente que cada ciudadano soporte un incremento proporcional de impuestos, porque también influyen el crecimiento económico, la ocupación, los salarios nominales y la inflación. Del mismo modo, la evolución de la deuda exige distinguir importes nominales, porcentaje sobre el PIB y necesidades de financiación.
Presentar todos esos incrementos como prueba automática de despilfarro es una simplificación que dificulta comprender la situación real de las cuentas públicas.
Feminismo, inmigración y servicios públicos: las contradicciones del discurso popular
Fabiola García centró buena parte de su intervención en acusar al Gobierno de machismo y de haber desprotegido a las mujeres. Mencionó los casos de corrupción y conductas sexuales investigadas o denunciadas que han afectado a distintas figuras políticas, así como las incidencias en los dispositivos telemáticos de protección de víctimas.
Son asuntos graves que requieren responsabilidades individuales, auditorías y soluciones efectivas. Sin embargo, no todos tienen la misma situación judicial ni pueden utilizarse indistintamente como si constituyeran delitos ya acreditados.
En materia migratoria apareció otra contradicción significativa. Mientras determinados discursos de la derecha presentan la inmigración como una amenaza generalizada, Feijóo reivindicó expresamente a los venezolanos, peruanos y ecuatorianos que viven, trabajan y cumplen las leyes en España.
El reconocimiento de su contribución social es positivo. Pero también obliga al PP a explicar cómo compatibilizará esa posición con las propuestas migratorias de Vox si necesita sus votos para gobernar.
Una campaña que promete moderación mientras multiplica los ataques
Alfonso Rueda defendió que Feijóo representa la serenidad, la experiencia y el sentido común gallego. Tellado habló de salvar España, mientras otros intervinientes presentaban las elecciones como una elección entre decencia y delincuencia.
El contraste entre el discurso de moderación y el lenguaje empleado durante el mitin resulta difícil de ignorar.
Feijóo tiene derecho a pedir un cambio de Gobierno y a cuestionar duramente la gestión socialista. También puede exigir explicaciones por los casos de corrupción y por los errores administrativos.
Pero quien aspira a gobernar España debe ofrecer algo más que acusaciones, descalificaciones personales y grandes compromisos económicos sin desarrollo presupuestario.
La alternativa no puede consistir únicamente en prometer que todo funcionará mejor porque cambiará la persona que se siente en La Moncloa.
El mitin de Santiago dejó una imagen muy clara: un Partido Popular que reclama confianza en su capacidad de gestión mientras dedica buena parte de su discurso a desacreditar personalmente a sus adversarios, y que todavía debe explicar cómo financiará sus promesas sin poner en riesgo los servicios públicos y los derechos sociales que asegura querer proteger.
A quince días de las elecciones del 29 de noviembre, esa es una pregunta mucho más importante que cualquier aplauso multitudinario.
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