Feijóo apuesta por el pesimismo como principal argumento político

Alberto Núñez Feijóo ha dado instrucciones a los dirigentes del Partido Popular para trasladar a la ciudadanía una idea sencilla y fácilmente reconocible de cara al próximo ciclo electoral. España, sostiene el líder de la oposición, está peor que hace tres años y el Gobierno de Pedro Sánchez ha fracasado en los problemas que afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos. Vivienda, cesta de la compra, presión fiscal, inseguridad o sanidad conforman el núcleo de un discurso que el PP pretende convertir en el eje de su campaña política durante los próximos meses.

Toda oposición tiene el derecho y la obligación de fiscalizar al Gobierno. Esa función resulta indispensable en cualquier democracia parlamentaria y exige denunciar los errores, reclamar responsabilidades y ofrecer una alternativa. Otra cuestión distinta consiste en construir un relato político que presenta el conjunto del país como una realidad instalada en un deterioro permanente, con independencia de la evolución de los indicadores o de la complejidad de los problemas que pretende describir.

La vivienda constituye probablemente el mejor ejemplo de esa simplificación. El acceso a una casa se ha convertido en una de las mayores preocupaciones sociales y el incremento de los precios del alquiler y de la compraventa exige respuestas públicas de mayor alcance. Ese diagnóstico es ampliamente compartido. Sin embargo, reducir una crisis acumulada durante décadas a la actuación exclusiva del actual Ejecutivo ignora factores estructurales como la escasez de vivienda asequible, la insuficiente oferta residencial o el comportamiento de determinados mercados urbanos, cuya evolución comenzó mucho antes de la actual legislatura.

Algo similar ocurre con la economía. La inflación ha deteriorado el poder adquisitivo de muchas familias y la cesta de la compra continúa muy por encima de los niveles anteriores a la crisis energética. Esa dificultad es real y afecta especialmente a los hogares con rentas más bajas. Pero el balance económico no puede limitarse a ese único indicador. España mantiene uno de los mayores ritmos de crecimiento de la zona euro, registra niveles récord de afiliación a la Seguridad Social y organismos internacionales como la Comisión Europea o la OCDE siguen situando a la economía española entre las más dinámicas del entorno comunitario.

Precisamente por esa razón, afirmar que España está simplemente "peor" constituye una conclusión política, no una descripción objetiva de la realidad. El país presenta déficits importantes en vivienda, productividad o servicios públicos sometidos a una fuerte presión, pero también exhibe fortalezas económicas que distinguen su comportamiento del registrado por otras grandes economías europeas. Negar cualquiera de esas dos dimensiones conduce a un diagnóstico incompleto.

El propio discurso de Feijóo refleja una estrategia orientada a convertir el malestar social en una explicación global del estado del país. La corrupción que afecta al entorno del Gobierno, las dificultades parlamentarias del Ejecutivo y los problemas cotidianos de los ciudadanos aparecen integrados en un mismo relato cuyo propósito consiste en transmitir la idea de un agotamiento general de la legislatura. Es una opción legítima desde el punto de vista político, aunque corre el riesgo de sustituir el análisis por una narrativa en la que todo confirma una conclusión previamente decidida.

Esa forma de hacer oposición plantea además una dificultad adicional. Cuando el debate público se organiza exclusivamente alrededor del deterioro, desaparece el espacio para discutir qué soluciones concretas propone quien aspira a gobernar. El Partido Popular denuncia con intensidad la política de vivienda, la presión fiscal o la gestión de los servicios públicos, pero con mucha menor claridad explica qué reformas impulsaría, cómo las financiaría o cuáles serían sus prioridades presupuestarias en un contexto marcado por las nuevas reglas fiscales europeas.

La política democrática necesita oposición firme, pero también proyectos reconocibles. La crítica constituye una herramienta imprescindible de control institucional, aunque difícilmente puede convertirse en el único programa de gobierno. Los ciudadanos tienen derecho a conocer qué balance hace cada partido de la situación del país, pero también qué modelo de país pretende construir.

La proximidad del ciclo electoral explica el endurecimiento del discurso político. También hace más necesaria una discusión pública apoyada en hechos verificables y no únicamente en consignas. España afronta desafíos de enorme envergadura y merece un debate capaz de reconocer los problemas sin convertir el pesimismo en un método permanente de oposición ni el optimismo en una forma de negar la realidad.