La confrontación forma parte de cualquier democracia saludable. El problema aparece cuando la discrepancia deja paso a una dinámica donde la acusación permanente sustituye al debate y donde las sospechas se presentan como si fueran hechos acreditados.
La intervención de la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, encaja precisamente en esa lógica. Sus palabras contra Félix Bolaños no se limitaron a cuestionar decisiones políticas o iniciativas legislativas impulsadas desde el Ministerio de Justicia. Fueron mucho más allá. Le atribuyó la intención de coaccionar jueces, colaborar con supuestas cloacas políticas y participar en una estrategia organizada para atacar a periodistas, fiscales y magistrados.
Las acusaciones son de enorme gravedad. Precisamente por eso exigen pruebas igualmente sólidas. Hasta el momento, sin embargo, el Partido Popular continúa moviéndose en un terreno donde las afirmaciones rotundas avanzan mucho más rápido que las evidencias. La oposición tiene la obligación de fiscalizar al Gobierno. Es una función esencial en cualquier sistema democrático. Otra cuestión muy distinta consiste en convertir cualquier información periodística, cualquier investigación abierta o cualquier filtración interesada en una condena política inmediata.
El mismo Partido Popular que exige prudencia cuando determinadas investigaciones afectan a dirigentes de su entorno político parece haber abandonado cualquier cautela cuando se trata de señalar a adversarios políticos. La presunción de inocencia, tan reivindicada en unos casos, desaparece con sorprendente facilidad en otros.
En el centro de esta ofensiva aparece Félix Bolaños, probablemente uno de los ministros que mayor protagonismo ha acumulado durante la legislatura. Su papel en las negociaciones parlamentarias, en las reformas institucionales y en la relación con los distintos grupos políticos le ha convertido en una figura especialmente incómoda para la oposición. No es difícil entender por qué el PP ha decidido convertirlo en uno de sus principales objetivos políticos.
La aprobación de reformas judiciales, la renovación de órganos institucionales bloqueados durante años o los cambios introducidos en la organización de la Justicia han generado una intensa confrontación política. Eso forma parte del debate democrático. Lo que resulta mucho más discutible es presentar cualquier discrepancia institucional como un ataque a la independencia judicial. La realidad es bastante más compleja.
La independencia de los jueces no depende de los discursos inflamados de la oposición ni de las declaraciones grandilocuentes pronunciadas en una jornada parlamentaria. Depende de la fortaleza de las instituciones, del respeto al Estado de derecho y del cumplimiento efectivo de las reglas democráticas.
Conviene recordar además que quienes hoy se presentan como guardianes exclusivos de la separación de poderes protagonizaron algunos de los episodios más polémicos en la relación entre política y justicia durante las últimas décadas. La memoria democrática también forma parte del debate público.
Resulta difícil escuchar determinadas lecciones sin recordar los años de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, las conversaciones sobre el control de órganos institucionales o las numerosas causas de corrupción que afectaron a dirigentes del Partido Popular durante años. Aquellos episodios no invalidan las críticas actuales, pero sí aconsejan una cierta prudencia antes de repartir certificados de ejemplaridad.
La ofensiva contra Bolaños parece responder, además, a una estrategia más amplia. Ante la dificultad para construir una alternativa política claramente diferenciada, el PP ha optado por centrar buena parte de su discurso en una narrativa de deterioro institucional permanente. Según ese relato, todo funciona mal, todas las instituciones están amenazadas y cualquier actuación del Gobierno encierra una intención oscura.
Cuando se presenta cada desacuerdo como una crisis democrática, cada decisión como una amenaza institucional y cada adversario como un enemigo del sistema, termina debilitándose precisamente aquello que se dice defender. La democracia necesita crítica y también necesita responsabilidad, y ambas cosas deberían ser compatibles con un debate político menos dominado por la exageración, la sospecha y el enfrentamiento permanente.