Esperanza Aguirre tiene una nueva cita con la justicia. La expresidenta de la Comunidad de Madrid deberá comparecer este miércoles ante la Audiencia Nacional como testigo en el juicio del caso Lezo contra Ignacio González, quien durante años fue su vicepresidente, colaborador más cercano y sucesor al frente del Gobierno madrileño. La declaración devuelve al primer plano una etapa del Partido Popular marcada por graves investigaciones de corrupción y por la responsabilidad política de quienes dirigían las instituciones en las que se produjeron los hechos investigados. Aguirre no está acusada en este procedimiento, pero su condición de máxima responsable del Ejecutivo madrileño durante buena parte de los acontecimientos resulta políticamente relevante.
La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión y una multa de 550.000 euros para González y otros cuatro acusados por presuntos delitos de cohecho relacionados con dos contratos del Canal de Isabel II. Entre los procesados figuran el hermano y el cuñado del expresidente madrileño, vinculados a la empresa Tecnoconcret, que habría recibido adjudicaciones mediante una intervención irregular de los responsables del organismo público. Según el Ministerio Público, la sociedad carecía de capacidad técnica para ejecutar los trabajos, pero su participación permitió obtener beneficios de al menos 504.780 euros con cargo a fondos públicos. Los acusados niegan los hechos.
El negocio familiar detrás de un campo de golf
El origen de la causa se encuentra en las obras del campo de golf construido sobre el tercer depósito del Canal de Isabel II, en el distrito madrileño de Chamberí. Un proyecto inicialmente concebido para dotar al barrio de espacios públicos terminó convertido en una instalación deportiva rodeada de denuncias vecinales y sospechas de irregularidades. La Fiscalía sostiene que los responsables del Canal modificaron las condiciones de contratación para favorecer a una empresa relacionada con familiares de González, que posteriormente subcontrató los trabajos y obtuvo beneficios por su intermediación.
El caso retrata, de confirmarse judicialmente los hechos, una utilización del poder público para favorecer intereses privados. La gravedad no reside únicamente en las cantidades investigadas, sino en el funcionamiento de una administración en la que los cargos políticos tenían capacidad para influir sobre contratos financiados con dinero de todos los madrileños.
La responsabilidad política que Aguirre no puede eludir
La comparecencia de Aguirre recupera una cuestión que el PP madrileño nunca ha conseguido cerrar satisfactoriamente. Durante su presidencia, entre 2003 y 2012, Ignacio González ocupó la vicepresidencia autonómica y presidió el Consejo de Administración del Canal de Isabel II. No era un dirigente secundario ni un nombramiento ajeno a su proyecto político. Era uno de los principales responsables de su Gobierno y la persona que terminó heredando la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Aguirre dimitió de sus responsabilidades municipales en 2017, después de la detención de González. Sin embargo, aquella renuncia no resolvió las preguntas sobre los mecanismos de supervisión política de su Ejecutivo. La expresidenta ha defendido reiteradamente su desconocimiento de las irregularidades atribuidas a antiguos colaboradores, una explicación que no constituye por sí misma una responsabilidad penal, pero que tampoco elimina el debate sobre su gestión.
El caso Lezo, además, no se limita a este campo de golf. La investigación judicial ha dado lugar a distintos procedimientos relacionados con operaciones del Canal de Isabel II, incluidas adquisiciones empresariales en el extranjero. La acumulación de causas obliga a examinar cómo se administraron recursos públicos durante aquellos años y qué controles fallaron.
El PP puede invocar legítimamente la presunción de inocencia de los acusados, pero esa garantía judicial no debe confundirse con una absolución de las responsabilidades políticas. Aguirre comparecerá como testigo, no como acusada, y será el tribunal quien determine si existieron delitos. Lo que ya resulta difícil de ignorar es que uno de sus colaboradores más estrechos se enfrenta a una petición de prisión por presuntas irregularidades cometidas cuando ambos ocupaban puestos centrales en el Gobierno madrileño. La responsabilidad política también consiste en responder por la gestión y los controles de las instituciones que se dirigen.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.