La política española tiene una relación peculiar con la memoria reciente. El llamado escudo social, ese conjunto de medidas destinadas a amortiguar el impacto de las crisis en los hogares más vulnerables, acaba de protagonizar uno de esos giros que explican bien el clima político. Hace apenas unas semanas, la derecha parlamentaria lo derribó en el Congreso. Ahora reclama medidas similares para afrontar las nuevas turbulencias económicas.
La votación fue clara y quedó registrada en el Congreso. La prórroga del escudo social no salió adelante después de que PP, Vox, Junts y UPN sumaran sus votos para tumbar el decreto del Gobierno.
El paquete incluía herramientas que llevan años formando parte de la red de protección social como las limitaciones a los cortes de suministros básicos en hogares vulnerables, ayudas energéticas y otras medidas destinadas a evitar que las crisis económicas golpeen con mayor dureza a quienes tienen menos margen para afrontarlas.
El bloque conservador justificó su voto negativo argumentando que el decreto mezclaba asuntos distintos y que algunas disposiciones podían generar efectos indeseados. El eje del debate giró en torno a la idea de que determinadas protecciones podían favorecer situaciones irregulares en el acceso a la vivienda. Ese argumento fue suficiente para articular la mayoría parlamentaria que terminó derribando el texto. Las votaciones parlamentarias tienen una ventaja frente a los discursos políticos: no desaparecen con el paso de las semanas.
Por eso el cambio de tono que ha llegado después resulta tan llamativo. Apenas transcurrido un breve periodo desde aquella votación, la derecha ha comenzado a reclamar que el Gobierno adopte medidas de protección social frente al nuevo contexto económico internacional. El argumento ahora es otro, se trata de la necesidad de proteger a los ciudadanos ante el encarecimiento de la energía, la inflación o las consecuencias de los conflictos internacionales. Es decir, exactamente la lógica que inspiraba el escudo social que ese mismo bloque decidió tumbar.
La historia de estas medidas se remonta a la pandemia. A partir de 2020, el Gobierno articuló una serie de herramientas para evitar que las crisis económicas derivaran en un deterioro abrupto de las condiciones de vida de millones de hogares. Con el tiempo, ese conjunto de políticas terminó agrupándose bajo una etiqueta que se ha hecho habitual en el debate público: escudo social.
Durante años, la mayor parte de esas medidas se fueron prorrogando en el Parlamento con apoyos amplios, incluso de algunos partidos que en otras ocasiones mostraban reticencias. La última votación rompió esa dinámica.
El terreno político de la protección social
El rechazo al decreto no fue solo una discrepancia técnica. Formaba parte de una estrategia política más amplia: cuestionar la política social del Gobierno mientras se insistía en la necesidad de otras soluciones económicas. Sin embargo, cuando el contexto internacional vuelve a tensarse y el riesgo de una nueva crisis aparece en el horizonte, el discurso cambia de registro. La exigencia ahora es que el Ejecutivo actúe para proteger a los ciudadanos frente a las consecuencias económicas de la situación global.
En la práctica, eso significa pedir instrumentos de intervención pública muy parecidos a los que hace poco se rechazaron en el Congreso. La política tiene esa capacidad para alterar el orden de los acontecimientos. Lo que ayer se consideraba intervencionismo hoy se presenta como una obligación del Gobierno.
El escudo social se ha convertido así en un ejemplo bastante elocuente de esa dinámica. Porque las medidas pueden cambiar de nombre, de formato o de alcance, pero la lógica que las sustenta sigue siendo la misma, cuando llegan las crisis, las sociedades necesitan mecanismos de protección colectiva.