El discurso pronunciado por Isabel Díaz Ayuso en un foro económico reciente fue, una radiografía de su estrategia: elevar el tono hasta el límite, introducir un relato de amenaza permanente y presentar a España como un país al borde del colapso institucional mientras la Comunidad de Madrid aparece como el último bastión de la libertad económica.
Es una narrativa conocida. No tanto en la política española como en la estadounidense de los últimos años. El paralelismo es inevitable: construir un enemigo permanente, desacreditar las instituciones y convertir cualquier discrepancia política en una supuesta batalla por la supervivencia de la democracia.
El problema es que ese relato no resiste un análisis serio de los hechos.
Desde el inicio de su intervención, Ayuso situó el discurso en un marco dramático: un “nuevo desorden mundial”, una supuesta pérdida de fiabilidad de España y una deriva institucional que, según ella, pondría en riesgo el Estado de derecho. Sin embargo, esa retórica catastrofista contrasta con una realidad bastante más compleja y, sobre todo, menos apocalíptica.
España sigue siendo una democracia consolidada, miembro de la Unión Europea, con instituciones plenamente operativas y sometida a los mismos controles democráticos que el resto de los países de su entorno. Ningún organismo internacional ha señalado que el país esté en una situación de ruptura institucional. Tampoco hay indicios de que España haya dejado de ser un socio fiable en el contexto europeo o atlántico.
Sin embargo, en el discurso de Ayuso todo parece formar parte de una conspiración permanente contra el orden democrático. Desde el Gobierno central hasta el fiscal general del Estado, pasando por el Parlamento o los medios de comunicación críticos.
Esta forma de hacer política no es nueva. Consiste en erosionar la confianza en las instituciones para convertir cualquier resultado electoral adverso en sospechoso y cualquier decisión del adversario político en ilegítima.
La Trumpista en Madrid
Es, en esencia, el mismo mecanismo que popularizó Donald Trump en Estados Unidos: desacreditar el sistema para poder presentarse como su único salvador.
La paradoja es evidente. Mientras acusa al Gobierno de “populismo”, la propia estructura de su discurso reproduce los patrones clásicos del populismo contemporáneo: un pueblo virtuoso frente a unas élites corruptas, una nación amenazada desde dentro y una líder que se presenta como la voz de la resistencia.
Pero el problema no es solo retórico. El peligro real aparece cuando ese discurso comienza a erosionar la convivencia democrática.
Cuando se afirma que el país se dirige hacia un régimen autoritario sin aportar pruebas, lo que se está haciendo es sembrar desconfianza en las instituciones que sostienen la democracia. Cuando se acusa al adversario político de conspirar contra el orden constitucional de manera sistemática, lo que se alimenta es una lógica de confrontación permanente.
España ya ha vivido etapas históricas en las que la política se convirtió en una batalla de bloques irreconciliables. Y la historia demuestra que ese camino nunca termina bien.
La otra realidad de Ayuso
El contraste entre la gravedad del relato y la realidad política es llamativo. España tiene problemas, como cualquier país europeo: inflación, dificultades de acceso a la vivienda, desigualdades territoriales o tensiones políticas. Pero ninguno de esos desafíos se resuelve convirtiendo la política en un campo de guerra permanente.
Tampoco ayuda recurrir a datos económicos sin el contexto necesario. La evolución de los precios de los alimentos, por ejemplo, responde a fenómenos globales —desde la crisis energética hasta las tensiones geopolíticas— que han afectado a toda Europa.
Reducir esos procesos complejos a una supuesta estrategia del Gobierno para “recaudar impuestos” es, como mínimo, una simplificación interesada.
Lo mismo ocurre con la presentación de Madrid como un milagro económico aislado. La Comunidad de Madrid es una de las regiones más dinámicas del país, pero también se beneficia de factores estructurales: concentración institucional, capitalidad del Estado, sede de grandes empresas y centralización de infraestructuras.
No es únicamente el resultado de una política fiscal determinada.
El verdadero problema de este tipo de discursos no es la crítica política, que es legítima y necesaria en cualquier democracia. El problema es la sustitución del debate racional por la retórica de la amenaza permanente.
Cuando la política se transforma en un relato de enemigos y conspiraciones, el espacio para el acuerdo desaparece.
Y cuando desaparece el acuerdo, la democracia se debilita.
Ayusi debilita a la democracia
Europa atraviesa un momento delicado, con tensiones geopolíticas, conflictos armados en sus fronteras y un clima internacional cada vez más incierto. En ese contexto, lo que menos necesita la política española es importar modelos de confrontación que han demostrado ser profundamente destructivos en otras democracias.
La responsabilidad de los dirigentes públicos debería ser exactamente la contraria: rebajar la tensión, fortalecer las instituciones y defender el Estado de derecho desde la serenidad y el respeto a los hechos.
La democracia no se defiende con discursos de guerra.
Se defiende con responsabilidad. Con rigor. Y con la convicción de que el adversario político no es un enemigo al que destruir, sino un rival al que derrotar en las urnas.
Ese es, precisamente, el principio básico de cualquier democracia madura. Y también el que conviene recordar cuando la política se convierte en espectáculo de confrontación permanente.