En el frío análisis de la supervivencia institucional, existe un axioma universal: no es el error inicial lo que suele derribar a un gobierno, sino la arquitectura del encubrimiento posterior. La Generalitat Valenciana, atrapada en el eco de aquel 29 de octubre de 2024 que se cobró 230 vidas, atraviesa ahora su fase más crítica. La dimisión de Raúl Quílez, director general de Innovación en Emergencias, tras su comparecencia ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, no es un simple relevo por fatiga administrativa, sino la apertura de una vía de agua jurídica que amenaza con anegar de forma definitiva la planta noble del PP valenciano.
La declaración de Quílez ante la magistrada ha quebrado la cohesión del relato oficial. Al señalar las "dudas" y la parálisis de la entonces consejera de Interior y Justicia, Salomé Pradas, el exdirector ha transformado una negligencia política en un posible indicio de imprudencia temeraria con resultado de muerte. La confirmación de que el envío del sistema Es-Alert fue "tardío y erróneo" ya no es una opinión de la oposición, sino un hecho que Quílez, bajo obligación de decir la verdad, ha ratificado en sede judicial. Este testimonio sitúa a la cúpula de la Consejería de Justicia (y por extensión a la presidencia de Carlos Mazón) en una posición de vulnerabilidad legal extrema, ya que acredita que el mando técnico advirtió la vacilación política en el momento en que se debían tomar decisiones de vida o muerte.
Sin embargo, el elemento que podría precipitar imputaciones por obstrucción a la justicia o infidelidad en la custodia de documentos es la trama de los vídeos ocultos. El hecho de que existieran grabaciones de las reuniones del CECOPI captadas por una productora externa de la empresa pública Sgise, y que estas se mantuvieran fuera del radar judicial hasta octubre de 2025, sugiere una voluntad deliberada de sustraer pruebas al escrutinio de la ley. Para la cúpula del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, esto supone un riesgo sistémico: si la jueza determina que hubo una orden superior para no entregar ese material audiovisual, donde se ve a Pradas dando instrucciones durante la tarde del desastre, la responsabilidad penal podría escalar verticalmente, afectando no solo a los mandos intermedios, sino a los responsables directos de la gestión de la crisis.
Las implicaciones legales se agravan al considerar que el Gobierno valenciano está ejecutando una purga que incluye a la secretaria autonómica Irene Rodríguez, esposa de Quílez. Este movimiento, lejos de proyectar la "renovación" que vende el departamento de comunicación, puede ser interpretado por la fiscalía como un intento de aislar el foco del conflicto y silenciar a los testigos de cargo. El testimonio de Quílez ha dejado claro que la cadena de mando no solo falló en la ejecución, sino que posteriormente falló en la transparencia, ocultando pruebas durante casi un año. En este escenario, la estrategia de defensa del PP valenciano, basada en diluir la culpa entre distintos organismos, choca frontalmente con una evidencia física y una declaración testifical que apunta a la omisión de socorro y a una gestión administrativa que rozó la criminalidad.