La salida de José Tomé de la presidencia de la Diputación de Lugo y de la secretaría provincial se produjo en un contexto de presión creciente dentro del partido y entre los socios de gobierno. Las denuncias presentadas por varias mujeres han reabierto interrogantes sobre los mecanismos de supervisión internos y sobre cómo se gestionaron durante años alertas que no cristalizaron en respuestas formales. Tomé, que anuncia que presenta su renuncia como presidente “de forma voluntaria”, mantiene sin embargo la alcaldía de Monforte de Lemos —como no adscrito— y su escaño en la Diputación, abriendo una fase política marcada por la incertidumbre.
La mañana de la dimisión dejó al descubierto la fragilidad del liderazgo provincial de Tomé. Aunque los acontecimientos avanzaban ya con velocidad, el dirigente quiso enmarcar su salida en términos políticos: aseguró que dejaba la Diputación “voluntariamente”, reivindicó al PSOE como “el partido más democrático” y el que “transformó positivamente la política española”, y sostuvo que las acusaciones contra él “no son inocentes”.
Esa defensa, sin embargo, chocaba con una realidad interna que se aceleraba por momentos. La ejecutiva provincial, que hasta hace poco mantenía una disciplina férrea, se desmarcó de manera explícita y mostró respaldo público a las denunciantes. La dirección autonómica evitó cualquier gesto de apoyo a Tomé y calificó la situación de “triste” y “repugnante”, un lenguaje que en la práctica anticipaba el desenlace.
En el plano institucional, el ultimátum del BNG —o renunciaba Tomé o se ponía en riesgo la continuidad del gobierno provincial— inclinó definitivamente la balanza. La renuncia dejó de ser una opción política para convertirse en el único cortafuegos posible ante una crisis mayor. El ya ex dirigente confirmó también que quedaba suspendido de militancia y que mantendría la alcaldía de Monforte como no adscrito, trasladando al mismo estatus a los otros diez miembros del gobierno municipal tras su salida del PSOE.
Las mujeres que han presentado denuncias describen comportamientos reiterados que, según su testimonio, se prolongaron en el tiempo: conversaciones desviadas hacia contenidos sexuales, mensajes inapropiados, tocamientos no consentidos y, en situaciones especialmente graves, una posible vinculación entre oportunidades laborales y favores sexuales.
Tomé, por su parte, rechaza la totalidad de los hechos. Afirma “desconocer cualquier tipo de prueba” que lo señale y se presenta como víctima de un ataque que “no es inocente”. Reconoce que en algún momento pudo hacer “algún chiste” fuera de tono, pero niega categóricamente que esa conducta pueda interpretarse como acoso. “Todo se termina sabiendo”, advirtió, adelantando acciones legales y reafirmando que sigue defendiendo su inocencia pese a su dimisión.
Más allá del contenido concreto de las denuncias, el caso ha puesto el foco en la estructura interna del partido. Las denunciantes sostienen que durante años percibieron reacciones que relativizaban su experiencia o la reducían a una “forma de ser” del dirigente. La dirección gallega, por su parte, subraya que el canal interno contra el acoso está operativo y que la denuncia fue recibida recientemente, lo que desencadenó el procedimiento.
La coincidencia temporal con otros procesos abiertos en la organización contribuye a la percepción de un problema sistémico: un desfase entre los compromisos públicos de igualdad y la capacidad real de detectar y corregir dinámicas impropias.
La trayectoria de Tomé —alcalde, presidente de Diputación y secretario provincial— le otorgaba un poder orgánico significativo. Ese cúmulo de cargos le permitía intervenir en nombramientos y estructuras administrativas, y es precisamente ese contexto el que ahora alimenta la lectura crítica del caso: cuando los contrapesos fallan, la concentración de poder genera vulnerabilidades institucionales. El escándalo no afecta únicamente a la figura del dirigente, sino al funcionamiento interno de un partido que reivindica la igualdad como uno de sus pilares identitarios.
La renuncia de Tomé obliga a un relevo inmediato en la Diputación y a una recomposición acelerada de las relaciones con el BNG, que emerge con una posición reforzada tras marcar los tiempos de la reacción. En Monforte, la continuidad del alcalde como no adscrito abre un escenario político incierto, con implicaciones para la gobernabilidad municipal y para el propio PSOE.
Más allá de los relevos, el caso deja en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, escucha y protección dentro de las estructuras públicas y organizativas. No es un episodio aislado, sino el reflejo de una tensión de fondo entre la cultura interna y los principios que las organizaciones dicen defender.