Hay dos maneras bastante diferentes de aproximarse al crecimiento de las bajas laborales en España. Una consiste en preguntarse por qué enferman los trabajadores y qué está ocurriendo dentro de las empresas. Otra comienza preguntándose cuántos de quienes faltan al trabajo podrían estar abusando del sistema. Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo han terminado situándose en extremos bastante reconocibles de ese debate.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha aprovechado las Jornadas de Salud Laboral de UGT para reclamar algo aparentemente elemental, pero convertido ya en cuestión política: diferenciar una ausencia injustificada de una incapacidad temporal, una huelga, un permiso legal o una medida de conciliación.
“La huelga no es ser un absentista, conciliar no es ser un absentista, tener un permiso por duelo no es ser un absentista”, defendió Díaz, que reclama un “esfuerzo colectivo” para aclarar qué significa realmente el término antes de convertirlo en una categoría donde quepa prácticamente cualquier día que un trabajador no se encuentre físicamente en su puesto.
La discusión no es puramente semántica. Detrás de la palabra absentismo conviven realidades completamente diferentes y meterlas todas en el mismo saco permite construir cifras llamativas, pero dice bastante menos sobre el supuesto fraude de lo que puede parecer.
La incapacidad temporal requiere una baja médica y está regulada por la Seguridad Social. Los permisos retribuidos son derechos reconocidos legalmente o mediante negociación colectiva. La huelga es un derecho fundamental. Y una ausencia injustificada pertenece a una categoría jurídica diferente y puede tener consecuencias disciplinarias. Confundirlas puede resultar políticamente eficaz. Para diagnosticar por qué aumentan las bajas laborales, bastante menos.
Feijóo puso la sospecha sobre la mesa
El debate que ahora intenta ordenar Díaz no ha surgido de la nada. En julio, Alberto Núñez Feijóo entró de lleno en la discusión durante un encuentro empresarial en Bilbao y calificó el absentismo laboral como “un cáncer que no podemos pagar”. El presidente del PP cuestionó además que una persona mantuviera las mismas condiciones económicas cuando trabajaba que cuando se encontraba de baja y planteó la necesidad de adoptar medidas “con o sin acuerdo” con los sindicatos.
Fue más lejos al vincular porcentajes elevados de absentismo con el fraude. Feijóo sostuvo que cuando una empresa supera determinados niveles de ausencias existe un “enorme porcentaje de fraude”, aunque no aportó en aquella intervención una evidencia que permitiera convertir un determinado porcentaje general de absentismo en prueba de bajas fraudulentas.
La reacción obligó al PP a precisar posteriormente la posición de su presidente. Fuentes populares reconocieron que Feijóo no se había explicado bien y aseguraron que se refería a las bajas injustificadas y al fraude, no a los trabajadores que enferman legítimamente. El partido anunció además la preparación de un plan contra el absentismo basado, entre otras medidas, en incentivos para “premiar al cumplidor”. La aclaración, sin embargo, no borra el problema conceptual que dejó abierto aquella intervención.
Una baja por incapacidad temporal no depende de que el trabajador decida una mañana quedarse en casa. Existe porque un facultativo acredita que temporalmente no puede desempeñar su trabajo. Si existe fraude debe perseguirse, pero el fraude no puede presumirse a partir de una cifra agregada de bajas ni convertir al conjunto de las personas enfermas en sospechosas.
Incluso desde posiciones alejadas del Gobierno se señaló entonces esa confusión. Un editorial de Cinco Días consideró legítima la preocupación empresarial por el crecimiento de las ausencias, pero criticó que Feijóo mezclara ausencias injustificadas e incapacidad temporal y centrara la solución en reducir los ingresos de los trabajadores enfermos.
Además, la prestación por incapacidad temporal ya supone en numerosos casos una reducción de ingresos. La regulación general no garantiza que el trabajador cobre automáticamente el cien por cien de su salario durante toda la baja; son determinados convenios colectivos los que complementan las prestaciones hasta acercarlas o igualarlas a la retribución ordinaria. La propuesta apuntada por Feijóo afectaría, por tanto, también al terreno de la negociación colectiva.
De contar enfermos a preguntarse por qué enferman
Ahí es donde el planteamiento de Trabajo cambia el ángulo de la discusión. La pregunta deja de ser únicamente cuánto cuestan las bajas y pasa a incluir qué parte de esas incapacidades podría evitarse mejorando las condiciones laborales.
No significa negar que pueda existir fraude. Significa distinguirlo de la enfermedad y utilizar mecanismos de inspección y control para perseguirlo sin convertir una incapacidad prescrita médicamente en una conducta sospechosa por definición. Ese cambio de perspectiva explica también la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que Díaz quiere llevar al Congreso.
La norma básica española fue aprobada en 1995. Treinta años después, una parte importante de los riesgos que condicionan actualmente la salud laboral apenas aparecía en el debate cuando se redactó: digitalización intensiva, algoritmos utilizados en la organización del trabajo, riesgos psicosociales, episodios climáticos extremos o nuevas formas de organización productiva.
El Consejo de Ministros aprobó en abril en primera vuelta el anteproyecto preparado por Trabajo, consensuado con CCOO y UGT pero no con las organizaciones empresariales. El texto incorpora expresamente cuestiones como la salud mental, los riesgos psicosociales, el cambio climático, la digitalización y la edad, además de reforzar la perspectiva de género en la prevención.
La reforma tampoco es una ocurrencia improvisada. Ha atravesado un prolongado proceso de diálogo social y el Consejo Económico y Social aprobó el pasado 27 de julio su dictamen sobre el anteproyecto que modifica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el Estatuto de los Trabajadores y el Reglamento de los Servicios de Prevención.
La derecha acepta la reforma pero discute cómo hacerla
La posición del Partido Popular requiere aquí una precisión importante. El PP no sostiene que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales deba permanecer intacta. En junio defendió en el Senado que, después de treinta años, el mundo del trabajo había cambiado y que habían aparecido nuevos riesgos y nuevas formas de organización que hacían necesaria una actualización legislativa. Su discrepancia se dirige fundamentalmente al procedimiento seguido por el Gobierno y al papel otorgado a las comunidades autónomas.
El Grupo Popular defendió una iniciativa en el Senado reclamando su incorporación efectiva al proceso de reforma y argumentando que son las administraciones autonómicas las encargadas de buena parte de la ejecución de las políticas preventivas.
Esa discusión competencial es legítima y puede abordarse durante la tramitación parlamentaria. Lo difícil de conciliar es que el mismo espacio político que reconoce que han surgido nuevos riesgos laborales haya colocado simultáneamente buena parte del foco público sobre quienes terminan de baja, en lugar de hacerlo sobre las causas que contribuyen a que esas bajas se produzcan.
El ejemplo más reciente está en Galicia.
El Gobierno de Alfonso Rueda acaba de anunciar un plan para controlar las bajas del profesorado después de que el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, vinculara buena parte de las vacantes existentes en los centros con las incapacidades temporales de los docentes. La Xunta defiende que pretende conocer mejor las causas y prevenirlas, mientras BNG, PSOE y CIG-Ensino denuncian que el planteamiento proyecta una sospecha general sobre los profesores enfermos.
El debate sobre el absentismo existe y merece respuestas. Pero una política pública seria necesita separar tres problemas distintos: enfermedad, fraude y prevención. Mezclarlos puede fabricar un adversario sencillo, el trabajador que falta, pero no explica por qué aumenta la incapacidad temporal ni qué ocurre en determinados sectores y empresas.
432 muertos en siete meses
La reforma llega, además, con una realidad que difícilmente permite considerar la prevención laboral un asunto secundario. Según los datos oficiales recopilados hasta julio, 432 trabajadores murieron en accidentes laborales durante los siete primeros meses de 2026, prácticamente tres cada día.
El año anterior ya había dejado cifras suficientemente contundentes. El avance oficial correspondiente a 2025 contabilizó 735 trabajadores fallecidos, de los que 584 eran hombres y 151 mujeres. El Gobierno registró también 30.713 enfermedades profesionales y 34.440 comunicaciones de patologías no traumáticas relacionadas con el trabajo. Esos números permiten colocar la discusión sobre las bajas en un marco bastante más amplio.
Una incapacidad temporal tiene un coste para las empresas y para el sistema público. Negarlo impediría analizar una parte real del problema. La CEOE estima que el crecimiento de las bajas por contingencias comunes exige una respuesta urgente y sostiene que durante 2025 1,4 millones de personas no acudieron ningún día a trabajar, dentro de su propia metodología sobre absentismo. La patronal reclama medidas para reducir tanto el impacto empresarial como el gasto público.
Pero de que exista un coste económico no se desprende que el enfermo sea el origen del problema. También puede ser su consecuencia.
Jornadas prolongadas, sobrecarga, enfermedades musculoesqueléticas, exposición a temperaturas extremas, envejecimiento de las plantillas, problemas de salud mental o deficiencias preventivas pueden terminar exactamente en el mismo lugar que preocupa a las empresas: una persona que no puede acudir a trabajar.
Por eso resulta relevante la propuesta de UGT de cruzar información de Seguridad Social e Inspección de Trabajo para elaborar un mapa de empresas y sectores con una concentración anormal de incapacidades temporales. En lugar de mirar únicamente quién falta, permitiría preguntarse dónde se producen más bajas y qué está ocurriendo allí.
La salud mental ya no cabe fuera de la empresa
Hay otro cambio que explica por qué una legislación concebida en 1995 resulta insuficiente para interpretar el trabajo de 2026. La salud mental ha pasado al centro de la discusión sobre prevención. Díaz habla de una “pandemia silenciosa” y rechaza considerar el agotamiento, el estrés o el burnout como asuntos exclusivamente privados del trabajador. El anteproyecto incorpora expresamente los riesgos psicosociales al marco preventivo, junto con los asociados a la digitalización y las nuevas tecnologías.
Aquí aparece probablemente la diferencia política más profunda. Si una baja se contempla fundamentalmente como un coste, la respuesta tenderá hacia el control del trabajador. Si se contempla también como un posible indicador de que algo está fallando en la organización laboral, la prevención entra inevitablemente en la ecuación.
Ambas dimensiones pueden coexistir. Perseguir el fraude no exige negar los riesgos laborales, del mismo modo que proteger a quien está legítimamente enfermo no obliga a mirar hacia otro lado cuando alguien abusa del sistema. Lo que resulta mucho más discutible es utilizar una categoría tan amplia como el absentismo para deslizar la sospecha desde quien defrauda hacia quien simplemente está enfermo.
Y ahí Díaz tiene un argumento difícil de esquivar: antes de discutir cómo reducir el absentismo conviene ponerse de acuerdo sobre qué estamos llamando absentismo. Porque una huelga no es una baja fraudulenta. Un permiso para cuidar tampoco. Un duelo no es fraude. Y una incapacidad temporal prescrita por un médico no se convierte en sospechosa porque aumenten las estadísticas.
El Congreso tendrá ahora la oportunidad de discutir una reforma preventiva que el propio PP reconoce necesaria. Después habrá margen para discrepar sobre competencias autonómicas, representación sindical, costes empresariales o mecanismos de vigilancia.
Pero bloquear siquiera el debate mientras España continúa contabilizando cientos de muertes laborales significaría desplazar la discusión desde el contenido de la ley hacia una batalla política en la que los riesgos del trabajo seguirían existiendo exactamente igual al día siguiente.
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