Detrás de cada denuncia hay una mujer que ha decidido romper el miedo

Hoy comienzan en Burgos las XIV Jornadas de Abogados y Abogadas contra la Violencia de Género, una cita que este año coincide con la publicación de los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. Más de 50.000 denuncias en apenas tres meses y una tasa de condenas superior al 81 % obligan a mirar más allá de las cifras y preguntarse qué ocurre desde que una mujer decide denunciar hasta que obtiene una respuesta del sistema judicial.

Las cifras ayudan a comprender la dimensión del problema, pero nunca cuentan toda la historia. Detrás de cada denuncia hay una decisión difícil, una historia de miedo, de aislamiento o de violencia sostenida durante años. Cuando solo hablamos de porcentajes resulta fácil olvidar que cada expediente judicial tiene nombre, rostro y una vida que intenta empezar de nuevo.

Las 50.911 denuncias presentadas durante el primer trimestre de 2026 no son únicamente un dato estadístico. Son más de cincuenta mil mujeres que, por motivos distintos, decidieron atravesar uno de los momentos más difíciles de su vida. Algunas llevaban años soportando el maltrato. Otras encontraron la fuerza después de un episodio especialmente grave. Todas tuvieron que vencer el miedo para acudir a una comisaría o a un juzgado y contar lo que les estaba ocurriendo.

El segundo dato resulta igualmente revelador. El 81,78 % de las sentencias dictadas terminaron en condena. Ocho de cada diez resoluciones judiciales desmontan con contundencia ese discurso que, una y otra vez, intenta sembrar dudas sobre la credibilidad de quienes denuncian. La violencia machista no es una construcción ideológica. Es una realidad que los tribunales acreditan cada día.

Con ese escenario como punto de partida, Burgos reúne desde hoy a fiscales, magistrados y profesionales de la abogacía para analizar los nuevos retos en la protección de las víctimas de violencia de género y de los delitos contra la libertad sexual. Puede parecer un encuentro reservado al ámbito jurídico. En realidad, habla de algo mucho más profundo. Habla de cómo una democracia responde cuando quienes llaman a la puerta de sus instituciones lo hacen en una situación de extrema vulnerabilidad.

Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía Española, lleva tiempo defendiendo una idea que merece especial atención. La defensa jurídica especializada no constituye un requisito burocrático ni una reivindicación corporativa. Es una garantía para que las víctimas puedan ejercer de manera efectiva los derechos que las leyes les reconocen. De poco sirve un marco normativo avanzado si quien necesita protección no encuentra, desde el primer momento, una asistencia preparada para acompañarla.

La diferencia parece pequeña sobre el papel. No lo es cuando una mujer entra por primera vez en una comisaría, cuando tiene que declarar ante un juez, cuando desconoce qué ocurrirá con sus hijos o cuando necesita comprender un procedimiento judicial que puede cambiar por completo su vida.

Quienes trabajan habitualmente con víctimas de violencia machista saben que muchas llegan al sistema judicial convencidas de que nadie las va a creer. Otras temen las consecuencias económicas, familiares o emocionales que puede desencadenar una denuncia. En ese contexto, la primera asistencia jurídica no consiste únicamente en explicar un procedimiento. También supone ofrecer seguridad, confianza y orientación en uno de los momentos de mayor vulnerabilidad.

En esos momentos, el abogado o la abogada dejan de ser únicamente profesionales del Derecho. Se convierten en la primera persona capaz de traducir el lenguaje de la Justicia a alguien que llega con miedo, dudas y, muchas veces, una enorme sensación de soledad. Esa labor silenciosa rara vez ocupa titulares, pero resulta decisiva para que la víctima no abandone el procedimiento ni vuelva a sentirse desprotegida.

España ha construido durante las últimas dos décadas uno de los sistemas de protección frente a la violencia de género más avanzados de Europa. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género primero y las reformas posteriores comprendieron algo esencial. Las leyes, por sí solas, no protegen a nadie. Necesitan instituciones que funcionen, recursos suficientes y profesionales con una formación específica y permanente.

Ese esfuerzo explica que hoy exista una red de abogados y abogadas especializados que alcanza tanto a las grandes ciudades como a los municipios más pequeños. Puede parecer un detalle organizativo. En realidad, significa que una mujer no debería recibir una protección distinta por el simple hecho de vivir lejos de una capital. La igualdad ante la ley también se construye garantizando que la asistencia especializada llegue a cualquier rincón del territorio.

Las jornadas de Burgos analizarán cuestiones como la protección de la infancia, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las consecuencias prácticas de las últimas reformas procesales o la coordinación entre los distintos operadores jurídicos. Son debates de enorme trascendencia porque la violencia machista evoluciona y la respuesta del sistema judicial también debe hacerlo.

El debate público suele simplificar un problema extraordinariamente complejo. Hay quien minimiza la violencia de género y quien cree que todo se resuelve endureciendo las penas. La experiencia de jueces, fiscales, abogados y profesionales que trabajan cada día con las víctimas demuestra que la realidad es mucho más compleja. La protección también depende de la calidad de la asistencia jurídica, de la formación especializada, de la coordinación institucional y de la capacidad de evitar que una mujer vuelva a sentirse sola precisamente cuando decide pedir ayuda.

Los datos conocidos esta semana vuelven a recordarlo. Las denuncias aumentan, las condenas siguen siendo abrumadoramente mayoritarias. La violencia continúa formando parte de la realidad cotidiana de miles de mujeres.

Durante unos días las cifras ocuparán titulares y abrirán informativos. Después llegarán otros asuntos y otros debates. Sin embargo, las mujeres que hoy deciden denunciar seguirán recorriendo un camino largo y difícil, lleno de incertidumbres y obstáculos que rara vez aparecen en las estadísticas.

Las jornadas que comienzan hoy en Burgos recuerdan precisamente eso. La calidad de una democracia también se mide por la forma en que acompaña a quienes más protección necesitan cuando deciden romper el silencio. Porque detrás de cada denuncia no hay solo un procedimiento judicial. Hay una mujer que ha decidido dejar de vivir con miedo y un sistema que tiene la obligación de estar a la altura de ese paso.