Díez permanece en dependencias de la Guardia Civil en Tres Cantos a la espera de declarar; ella niega actuar en nombre del PSOE y sostiene que recopilaba información para un trabajo periodístico. La Guardia Civil detuvo este miércoles a Leire Díez, exmilitante del PSOE y exconcejal, por orden del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid. Está investigada por cohecho, tráfico de influencias y, en algunas piezas del procedimiento, por posible obstrucción a la Justicia. Según fuentes judiciales, permanece en los calabozos del complejo de Tres Cantos a la espera de que se le tome declaración.
La causa sitúa a Díez, de 52 años, como principal responsable de un intento de obtener información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO), fiscales de Anticorrupción y una magistrada, con el objetivo de desacreditarlos y condicionar investigaciones en curso relacionadas con políticos y empresarios. La instrucción atribuye a la detenida un “liderazgo” en una red que ofrecía presuntas ventajas procesales a cambio de datos destinados a desactivar procedimientos sensibles.
Díez niega estos hechos. En intervenciones públicas recientes ha asegurado que su actividad formaba parte de un trabajo de investigación periodística, y rechaza haber actuado en nombre del PSOE, partido del que dejó de formar parte hace años. Los autos incorporados a la causa, sin embargo, recogen testimonios que señalan que se presentaba como persona con cercanía a la dirección socialista, extremo que la defensa niega.
La investigación se apoya en grabaciones en las que se escucha a la detenida prometer supuestos accesos o influencias en causas judiciales. Estos audios fueron incorporados a la causa tras denuncias de particulares y después de que la Fiscalía considerara que los hechos podían constituir delitos de relevancia penal.
El juez sostiene que las conversaciones registradas muestran intentos de interferir de forma indirecta en el trabajo de la UCO y de Anticorrupción, con el propósito de desviar o desacreditar investigaciones sobre terceros. Para el ministerio público, estas prácticas habrían buscado obtener ventajas procesales para determinadas personas inmersas en procedimientos judiciales.
Además de Díez, la instrucción rastrea la participación de empresarios y otros intermediarios, cuyas identidades y grado de implicación permanecen bajo secreto parcial. La Guardia Civil considera que el grupo operaba mediante contactos selectivos y ofrecimientos que, de ser acreditados, constituirían una forma de tráfico de influencias basada en la promesa de acceso a decisiones reservadas.
El PSOE ha reiterado que ninguna de las actuaciones de Díez guarda relación con el partido y subraya que no ocupa cargo ni posición orgánica desde hace años. Está previsto que la detenida pase a disposición judicial en las próximas horas. La causa continúa en fase de instrucción y permanece abierta en varias líneas, pendientes de análisis técnico y de nuevas declaraciones.