Por enésima vez, las derechas vuelven a retratarse. Esta vez no ha sido contra avances sociales, ni en defensa de privilegios fiscales o laborales. Esta vez ha sido contra algo aún más básico: la posibilidad de prevenir y castigar la corrupción desde una institución independiente. Con los votos del Partido Popular, Vox y Junts, el Congreso ha rechazado este martes una iniciativa legislativa presentada por Sumar para la creación de una Oficina de Prevención de la Corrupción.
El resultado no es anecdótico: el PP vuelve a poner el pie en el freno cuando se trata de controlar el poder, Vox da otro paso en su cruzada contra las estructuras democráticas de control, y Junts actúa por puro cálculo táctico. El tridente reaccionario se ha unido esta vez no para gobernar, sino para garantizar que nadie vigile lo que hacen cuando gobiernan.
Un frente común contra la transparencia
La propuesta pretendía sentar las bases de un órgano con autonomía plena, capacidad inspectora y potestad sancionadora, al margen de cuotas partidistas, con el fin de investigar el uso irregular de fondos públicos y perseguir malas prácticas institucionales. Entre otras competencias, habría podido vetar contratos, imponer sanciones millonarias a empresas y personas físicas, y cruzar datos entre instituciones para detectar irregularidades.
Pero nada de eso interesaba a quienes llevan años usando lo público como cortijo, las instituciones como escudo y el poder como botín. Vox y el PP justificaron su rechazo acusando a Sumar de utilizar la corrupción como “arma política” tras el caso Koldo. Una excusa que chirría viniendo de partidos que saben bien lo que es financiarse ilegalmente o manejar sobresueldos en B. Lo que temen no es una oficina, sino perder el monopolio de la impunidad.
Junts, por su parte, fiel a su oportunismo parlamentario, prefirió la vendetta política a la ética pública. Se refugió en una crítica vacía para devolver la afrenta que, según ellos, les lanzó Yolanda Díaz por no apoyar la reforma laboral. Así, el partido que se declara adalid de la república catalana se alineó con las derechas más reaccionarias del Estado español para evitar que se investigue el uso del dinero público. Cuando el enemigo es común, la coherencia ya no importa.
Sin oficina, con más sospecha
La propuesta no era menor. Se trataba de articular una autoridad con capacidad real para intervenir donde los mecanismos tradicionales han fracasado: en los rincones opacos del poder, donde se reparten contratos a dedo, se manipulan licitaciones, se regalan subvenciones o se disfrazan sobresueldos. Pero con esta decisión, el Congreso demuestra que hay quien prefiere mantener el status quo antes que abrir ventanas en las salas donde se acumula el polvo de la corrupción estructural.
En un momento donde la ciudadanía exige instituciones más limpias, mecanismos de control efectivos y menos privilegios para los de siempre, el mensaje que lanzan PP, Vox y Junts es nítido: la limpieza no interesa si puede dejar manchas en sus filas.
Ni una palabra sobre la independencia del ente. Ninguna propuesta para mejorarlo. Solo bloqueo. Porque saben —y temen— que una Oficina así podría revisar contratos como los que han salpicado al PP en Madrid, en Galicia, o al propio Mazón en la Comunidad Valenciana. Podría auditar los fondos que llegan a medios afines, o los presupuestos ocultos tras fundaciones pantalla. Podría hacer lo que no hace el control parlamentario: actuar, sancionar, impedir.