La política migratoria europea acaba de dar otro paso hacia el endurecimiento. La comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo aprobó su posición para negociar la reforma de la directiva de retornos con un acuerdo impulsado por el Partido Popular Europeo y apoyado por varios grupos de ultraderecha. El texto, que aún deberá negociarse con los Estados miembros, incorpora medidas que amplían los plazos de detención de migrantes y refuerzan la externalización de deportaciones a terceros países.
El giro llevaba meses gestándose en Bruselas, pero terminó de materializarse en una votación que deja ver con claridad la nueva aritmética política europea. La comisión parlamentaria encargada de los asuntos de Interior y Justicia aprobó un mandato negociador que endurece de forma notable la política de retornos de la Unión Europea.
La mayoría se construyó alrededor del Partido Popular Europeo, que encontró aliados en varios grupos de ultraderecha para sacar adelante el texto. El resultado refleja una tendencia cada vez más visible en la política comunitaria, la convergencia entre la derecha tradicional y las posiciones más radicales en materia migratoria.
Frente a ese bloque, socialistas, verdes y la izquierda votaron en contra y advirtieron de que el nuevo enfoque compromete principios básicos del derecho europeo.
El mandato aprobado introduce varias medidas que hasta hace pocos años habrían sido políticamente difíciles de asumir en el Parlamento Europeo. Entre ellas, la obligación de que las personas a las que se les niegue el asilo cooperen activamente en su propio proceso de deportación, bajo la amenaza de detención prolongada si no lo hacen.
Los plazos de internamiento para quienes se resistan o sean considerados riesgo de fuga pueden alcanzar hasta 24 meses. La norma también abre la puerta a la detención de menores no acompañados y de familias con niños, una medida que el texto presenta como “último recurso” pero que organizaciones humanitarias consideran profundamente problemática. La arquitectura legal que se está diseñando gira alrededor de una idea central, facilitar las expulsiones.
El modelo de externalización
Uno de los elementos más controvertidos del texto es la consolidación de los llamados centros de retorno en países terceros, instalaciones donde podrían trasladarse migrantes para tramitar su expulsión fuera del territorio comunitario. Este modelo, inspirado en acuerdos que algunos gobiernos europeos han intentado negociar en los últimos años, ha sido criticado por numerosas organizaciones humanitarias. El temor es que esos centros se conviertan en espacios jurídicos opacos, alejados de los mecanismos de control judicial que existen dentro de la Unión Europea.
Diversas ONG alertan de que esta estrategia puede generar una especie de zona gris legal en la que los derechos de las personas migrantes queden debilitados.
La votación también refleja el cambio en la correlación de fuerzas dentro del Parlamento Europeo. Las negociaciones se habían prolongado durante semanas, pero el proceso dio un giro cuando el PPE decidió cerrar un acuerdo con la llamada “mayoría Venezuela”, un bloque parlamentario que reúne a varias formaciones de ultraderecha. Entre ellas figuran grupos vinculados a los gobiernos de Viktor Orbán o Giorgia Meloni, así como partidos como Vox. Ese pacto permitió sacar adelante el informe del eurodiputado francés François-Xavier Bellamy con 41 votos a favor frente a 32 en contra.
Desde las filas conservadoras, la decisión se presenta como un intento de recuperar eficacia en la política migratoria. Bellamy defendió que no puede existir una política de asilo creíble si las decisiones de retorno no se ejecutan. El argumento no es nuevo. Desde hace años, varios gobiernos europeos sostienen que el sistema de asilo pierde legitimidad cuando las expulsiones no se aplican con rapidez. El problema, según los críticos del texto, es el precio político y jurídico de esa eficacia.
Una fractura política cada vez más visible
Las reacciones de los grupos progresistas fueron especialmente duras. Eurodiputados socialistas, verdes y de la izquierda denunciaron que el texto aprobado se aleja de los principios fundacionales de la Unión Europea, basados en la protección de los derechos humanos y el respeto al Estado de derecho.
También advirtieron del riesgo de que Europa entre en una lógica de externalización sistemática de sus responsabilidades migratorias, trasladando a terceros países la gestión de personas que buscan protección. Algunas organizaciones humanitarias fueron aún más contundentes. Varias alertaron de que la reforma consolida una política de “retorno a cualquier precio”, en la que la prioridad pasa a ser la expulsión rápida incluso si eso implica medidas coercitivas o prolongar las detenciones.
El texto aprobado no es todavía definitivo. El mandato permitirá ahora iniciar negociaciones con el Consejo, donde se sientan los gobiernos de los 27 Estados miembros. Socialistas, verdes y la izquierda intentarán llevar la cuestión al pleno del Parlamento Europeo para intentar frenar el proceso o devolver el texto a la comisión para renegociarlo. La votación, en cualquier caso, deja una imagen difícil de ignorar: la política migratoria europea se está reescribiendo con una mayoría construida entre la derecha tradicional y la ultraderecha. Una alianza que hace apenas unos años parecía improbable y que ahora empieza a marcar la agenda legislativa de Bruselas.