La construcción de una alternativa de Estado exige una solidez argumental que el Partido Popular parece relegar a un segundo plano cuando se adentra en el debate demográfico. La virulenta arremetida de Génova contra la aplicación de la Ley de Nietos y la memoria democrática desvela una estrategia fronteriza con la demagogia, orientada a agitar el miedo a una alteración artificial del censo. Al calificar de "ingeniería social" una instrucción administrativa destinada a resolver los derechos de descendientes de la emigración, Alberto Núñez Feijóo no solo torpedea los lazos históricos con la comunidad en el exterior, sino que incurre en una flagrante contradicción con las propuestas que su propia formación defendió en el pasado para los migrantes económicos.
El núcleo del ataque de Feijóo en una entrevista en Espejo Público se ha centrado en desacreditar la vía reglamentaria utilizada por el Ejecutivo, personalizando la crítica en la figura de la directora general encargada de la instrucción. Feijóo denuncia una supuesta devaluación de la jerarquía normativa al no haberse modificado formalmente el Código Civil, obviando que los procedimientos administrativos de nacionalización han operado de forma similar bajo distintos signos políticos. Al magnificar los datos de solicitudes en países como Cuba y proyectar un volumen de millones de nuevos ciudadanos sin arraigo efectivo, la oposición construye un escenario de colapso institucional que busca rentabilidad electoral a corto plazo a costa de erosionar la confianza en el sistema electoral exterior.
El equilibrismo dialéctico se vuelve aún más precario cuando se aborda el impacto económico de la población extranjera en las comunidades autónomas. La advertencia del líder conservador sobre el supuesto riesgo de quiebra en la sanidad y la educación gratuita por la falta de una memoria económica presupuestaria choca de frente con los análisis de las agencias de calificación, que vinculan el crecimiento macroeconómico del país a la aportación de la población migrante. Al situar el foco en los costes asistenciales que deben asumir las administraciones autonómicas bajo control popular, Feijóo oculta que la sostenibilidad de los ingresos fiscales y el sistema de pensiones depende directamente de la dinamización demográfica que estos flujos representan.
La propuesta alternativa del Partido Popular, sintetizada en el mantra de una inmigración regular con contrato de trabajo, se presenta como una fórmula idílica desconectada de las dinámicas laborales reales y de los cauces de asilo humanitario. Al acusar al Gobierno de promover un "efecto llamada" que colisiona con el ordenamiento comunitario, la oposición intenta alinearse con el ala más dura de Bruselas mientras esquiva la realidad socioeconómica de los sectores productivos nacionales, que demandan flexibilidad en la contratación. Este discurso de la sospecha constante, que vincula la regularización con la falta de antecedentes policiales o el fraude censal, sitúa a Feijóo en una posición reactiva, más preocupado por no ser desbordado por su derecha que por estructurar una política migratoria de Estado realista y humanista.
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