La comparecencia que la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, protagonizará la próxima semana en el Congreso promete convertirse en uno de los episodios más relevantes del debate político de las últimas semanas. No tanto por la existencia de una irregularidad acreditada, que el propio organismo no ha afirmado, sino porque vuelve a poner sobre la mesa una cuestión cada vez más incómoda para el Gobierno y para el conjunto del sistema político español. La dificultad para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.
El informe de la Cuenta General del Estado correspondiente a 2024 detectó diversas incidencias técnicas y observaciones que el Tribunal considera necesario corregir. Entre ellas figura una operación presupuestaria que permitió movilizar cerca de 2.400 millones de euros procedentes de créditos no utilizados vinculados a los fondos europeos para atender obligaciones relacionadas con las pensiones de clases pasivas y determinados complementos de pensiones mínimas.
La cuestión ha adquirido una enorme dimensión política porque afecta a dos de los elementos más sensibles de cualquier gobierno. La gestión de las cuentas públicas y la sostenibilidad del sistema de protección social.
Sin embargo, conviene distinguir entre el debate político y las conclusiones estrictamente técnicas del informe. El Tribunal de Cuentas no sostiene que se haya producido un desvío ilegal de fondos europeos ni afirma que se hayan financiado pensiones con recursos comunitarios de manera fraudulenta. Lo que señala es la existencia de dudas jurídicas sobre la fundamentación utilizada para realizar esa operación presupuestaria y reclama una mejor justificación normativa.
Esa diferencia es importante porque ha quedado parcialmente eclipsada por la confrontación partidista. Mientras el Partido Popular ha convertido el asunto en una nueva ofensiva contra el Ejecutivo, la propia presidenta del Tribunal de Cuentas ha insistido públicamente en que no se han empleado fondos europeos para financiar gastos incompatibles con las reglas comunitarias y que la Comisión Europea tampoco ha cuestionado la legalidad de la actuación.
La prolongada prórroga de los Presupuestos Generales del Estado empieza a generar tensiones de gestión cada vez más visibles. Gobernar durante años con unas cuentas diseñadas para contextos económicos y políticos distintos obliga a recurrir con mayor frecuencia a mecanismos extraordinarios de adaptación presupuestaria.
No es una situación inédita en la democracia española, pero sí resulta cada vez más difícil de sostener cuando cambian las prioridades económicas, evolucionan los compromisos europeos y aumentan las necesidades de gasto público.
La oposición considera que la ausencia de nuevos presupuestos refleja una debilidad parlamentaria del Gobierno. El Ejecutivo, por su parte, defiende que la estabilidad económica y el crecimiento continúan garantizados pese a la falta de unas nuevas cuentas aprobadas por las Cortes.
Lo cierto es que ambas afirmaciones contienen parte de verdad. España mantiene una evolución económica positiva en comparación con buena parte de las grandes economías europeas, pero también resulta evidente que la aprobación de unos nuevos presupuestos proporcionaría mayor certidumbre política y financiera.
La comparecencia de Enriqueta Chicano servirá previsiblemente para aclarar algunos aspectos técnicos que han quedado atrapados en el ruido político. También permitirá comprobar hasta qué punto el debate gira alrededor de cuestiones contables o se convierte, una vez más, en un enfrentamiento sobre la legitimidad y la capacidad del Gobierno para gestionar la legislatura.
Porque el verdadero alcance de este informe no reside únicamente en una partida presupuestaria concreta. Lo que pone de manifiesto es la creciente dificultad para gobernar en un escenario parlamentario fragmentado donde incluso la herramienta más básica de cualquier ejecutivo, la aprobación de los presupuestos, se ha convertido en una negociación permanente.