La política tiene momentos que permiten identificar con claridad qué modelo de sociedad defiende cada formación. La aprobación en Comisión de la reforma del Código Penal para castigar las denominadas terapias de conversión es uno de ellos.
La iniciativa impulsada por el PSOE, respaldada por la mayoría de fuerzas progresistas y nacionalistas de la Cámara, busca sancionar prácticas destinadas a modificar, reprimir o negar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género de una persona. Un objetivo que conecta con una realidad ampliamente documentada por organismos internacionales, asociaciones profesionales y entidades de defensa de los derechos humanos.
Las terapias de conversión no son tratamientos médicos. Tampoco constituyen un acompañamiento psicológico ordinario. Diversas organizaciones científicas llevan años advirtiendo de que se trata de procedimientos que pueden provocar graves daños emocionales, psicológicos y sociales en quienes los sufren.
Por eso resulta significativo que el debate ya no se centre en si estas prácticas son adecuadas o no. La discusión política gira ahora en torno a si la protección administrativa resulta suficiente o si es necesario incorporar una respuesta penal para aquellos casos más graves.
La mayoría parlamentaria ha considerado que sí. La posición adoptada por PP y Vox vuelve a situarlos en una posición difícil de explicar ante una parte creciente de la sociedad española. Especialmente en el caso de Vox, cuya estrategia pasa con frecuencia por cuestionar las políticas de igualdad y los avances en derechos LGTBI. Más llamativa resulta la actitud del Partido Popular, que continúa mostrando una enorme incomodidad cada vez que debe decidir entre alinearse con los consensos sociales mayoritarios o aproximarse a los postulados de la ultraderecha.
La igualdad de derechos nunca debería entenderse como una cuestión ideológica. Se trata de garantizar que ninguna persona sea sometida a presiones, tratamientos o procedimientos dirigidos a corregir algo que no necesita corrección alguna.
La reforma todavía deberá superar su tramitación parlamentaria definitiva, pero el mensaje político ya ha quedado definido. España continúa avanzando en la protección de los derechos civiles de las personas LGTBI+, incluso en un contexto internacional donde los discursos reaccionarios han recuperado visibilidad y presencia institucional.
Porque detrás de cada ley de este tipo existe una idea sencilla pero fundamental. La diversidad no es un problema que deba solucionarse. Lo que debe erradicarse es cualquier intento de perseguirla, ocultarla o castigarla.