La presencia de Santos Cerdán esta semana en la comisión de investigación del Senado sobre el denominado caso Koldo no es un trámite parlamentario más. Llega después de cinco meses de prisión provisional, de un informe de la Guardia Civil que lo sitúa en una posición central dentro de una presunta trama de cobro de comisiones y en un momento en el que el procedimiento judicial ha alcanzado ya una fase de máxima exposición política e institucional.
Cerdán comparecerá ante los senadores casi un mes después de abandonar la cárcel y con una causa abierta en el Tribunal Supremo que condiciona cualquier palabra que pueda pronunciar. El ex secretario de Organización del PSOE está investigado por pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, y todo apunta a que optará por acogerse a su derecho a no declarar, como ya han hecho otros imputados en situaciones procesales similares. Ese silencio, previsiblemente, no reducirá la intensidad política de la sesión.
La comisión del Senado se ha convertido, desde su constitución, en un espacio donde se superponen dos planos distintos: el parlamentario y el judicial. La comparecencia de Cerdán refuerza esa intersección. No se trata solo de esclarecer hechos pasados, sino de medir hasta qué punto una investigación penal puede erosionar estructuras políticas que durante años fueron decisivas en el funcionamiento interno de un partido de gobierno.
Un papel descrito como “preeminente”
El juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, justificó el ingreso en prisión provisional de Cerdán al apreciar indicios de un papel “preeminente” en una supuesta trama orientada a obtener comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública. Según los autos judiciales, el exdirigente socialista habría actuado como nexo operativo entre las empresas beneficiadas y los responsables políticos.
La investigación sitúa el origen de la operativa en el entorno de la empresa Servinabar, vinculada a Cerdán, y describe un proceso de expansión coincidente con la llegada de José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes y el nombramiento de Koldo García como asesor. Es en ese momento cuando, según el instructor, se habría aprovechado la posición institucional para orientar adjudicaciones en ámbitos clave como Carreteras o Adif.
El relato judicial subraya que no se trataría de actuaciones aisladas, sino de un patrón continuado, con reparto de funciones y una lógica de recaudación sistemática. Esa caracterización es la que ha llevado a la Fiscalía y a las acusaciones a sostener la existencia de una organización criminal.
La comisión como escenario político
La comparecencia de Cerdán se produce, además, tras el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo García y la apertura de juicio oral contra ambos y contra el empresario Víctor de Aldama por las irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Ese contexto refuerza la carga política de la sesión en el Senado.
La comisión no puede sustituir a los tribunales, pero sí actúa como amplificador político de una causa que afecta a la credibilidad institucional. En ese marco, la eventual decisión de Cerdán de no responder a las preguntas no impedirá que su figura vuelva a ocupar el centro del debate público.
Su esposa, Francisca Muñoz, no comparecerá finalmente ante la Cámara Alta tras alegar motivos de salud, lo que reduce el alcance inmediato de la sesión, pero no su impacto.
La investigación judicial sigue abierta y su recorrido será largo. La comparecencia de esta semana no resolverá las incógnitas de fondo, pero sí añade un elemento clave: la constatación de que el caso ya no se limita a responsabilidades individuales, sino que proyecta una sombra más amplia sobre la gestión del poder y los límites entre lo político y lo penal.