El bloque de la investidura asiste hoy a una de sus jornadas más amargas. El persistente goteo de informaciones sobre el caso Leire y la inédita imagen de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil accediendo a la sede socialista de la calle Ferraz han quebrado la ya de por sí frágil paz del espacio progresista. En los pasillos del Congreso se respira una mezcla de estupor y desencanto que va más allá de la mera estrategia parlamentaria. Es el síntoma de una fractura emocional profunda que amenaza con engullir la estabilidad del Ejecutivo y que deja al descubierto la vulnerabilidad de una mayoría parlamentaria atada por el fantasma de la sospecha.
Para la militancia y los sectores sociales que sostienen al Gobierno, ver cómo la sombra de la sospecha alcanza a figuras de referencia y penetra en el corazón organizativo de la formación mayoritaria supone un golpe demoledor a las expectativas de cambio social. El debate público ha mutado de golpe: ya no se discute sobre la viabilidad de las leyes o el alcance de los presupuestos, sino sobre la propia supervivencia ética de una coalición obligada a lidiar con un persistente frente judicial en su propio cuartel general.
La encargada de verbalizar este sentimiento de orfandad política ha sido la líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha transformado la sesión de control al Gobierno en un crudo espejo del malestar de las bases progresistas. Dirigiéndose al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, Belarra ha evocado el espíritu del 15M para canalizar la frustración de un electorado que contempla con incredulidad el devenir judicial de la izquierda institucional. Sus palabras, directas y cargadas de reproche, han resonado en el hemiciclo al lamentar la enorme decepción provocada por un Ejecutivo al que acusa de inacción ante las movilizaciones de una "primavera caliente" protagonizada por profesores, jubilados y mineros.
El reproche de la secretaria general de la formación morada ha alcanzado su punto álgido al aludir a las últimas novedades que salpican al expresidente del Gobierno. Con una dureza inusitada, Belarra ha cuestionado el impacto anímico de ver que «hasta Zapatero ha podido meter la mano en la caja», hilando de manera directa su imputación por el caso Plus Ultra con el despliegue policial de la UCO en la sede de Ferraz para reclamar los registros de supuestos pagos ilícitos a Leire Díez. La respuesta de la bancada del Gobierno, personalizada en un Carlos Cuerpo que ha optado por esquivar las referencias a la corrupción para refugiarse en las métricas de la seguridad económica, ilustra la alarmante desconexión discursiva que empieza a imperar entre los antiguos aliados de coalición.
Mientras el ala morada verbaliza el desgarro, desde Izquierda Unida la reacción se mueve entre la exigencia de explicaciones internas y la búsqueda de un enemigo exterior. Su coordinador federal, Antonio Maíllo, ha puesto voz a la ineludible necesidad de convocar de forma urgente una reunión bilateral entre los socios del Gobierno para evaluar los daños provocados por la imputación de Zapatero. Maíllo ha admitido con realismo que, pese a que el expresidente ya no ostente cargos formales, la convulsión en el campo de la izquierda es indudable. No obstante, el dirigente andaluz ha preferido girar la mirada hacia la delegación diplomática estadounidense, sumándose a las tesis que apuntan a que la desclasificación de datos responde a una maniobra orquestada en la embajada con líderes de la oposición para forzar la caída del Ejecutivo.
Por su parte, el independentismo catalán ha decidido fijar con claridad el precio de su permanencia en el bloque parlamentario. El portavoz de Esquerra Republicana en la Cámara Baja, Gabriel Rufián, ha advertido con tono solemne que el descubrimiento de una estructura delictiva continuada obligaría a revisar de inmediato sus compromisos. Aunque ha pedido cautela ante la complejidad de las macrocausas judiciales, Rufián ha dejado claro que la confirmación de una presunta financiación ilegal del PSOE constituiría una línea roja insalvable para su formación, un escenario extremo que les empujaría a exigir una convocatoria inmediata de elecciones generales para que los ciudadanos decidan el rumbo del país en las urnas. Con las costuras de la mayoría gubernamental cediendo ante la presión, el Ejecutivo de Sánchez se adentra en un terreno pantanoso donde la retórica de los avances sociales empieza a ser insuficiente para aplacar el temor a un colapso ético e institucional