La huelga general del 11 de noviembre ha abierto una grave controversia sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado después de que las cargas contra piquetes informativos y manifestantes provocaran numerosos heridos, detenciones y denuncias por el uso desproporcionado de la fuerza. Las imágenes difundidas durante la jornada, especialmente las procedentes de Mercamadrid y las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, han desencadenado una reacción política que ha obligado al Ministerio del Interior a ordenar investigaciones específicas sobre las intervenciones policiales.
Fernando Grande-Marlaska ha solicitado este jueves, 12 de noviembre, a la Dirección General de la Policía que examine las incidencias registradas durante la huelga, con independencia de las inspecciones internas ordinarias. Además, ha ordenado que en adelante no se utilice gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones.
La decisión llega después de una jornada en la que los sindicatos denunciaron actuaciones policiales injustificadas contra trabajadores que participaban en piquetes informativos, una actividad vinculada al ejercicio del derecho constitucional de huelga.
Mercamadrid: trece personas atendidas y un trabajador detenido
Uno de los episodios más graves tuvo lugar durante la madrugada en Mercamadrid, donde cerca de un millar de manifestantes acudieron para participar en los piquetes organizados por UGT y CCOO.
Los sindicatos denunciaron que los agentes recurrieron a cargas y al lanzamiento de gas pimienta durante una intervención que terminó con trece personas atendidas por los servicios sanitarios y un trabajador detenido.
La Policía atribuyó el arresto a un incidente relacionado con el lanzamiento de una valla contra los agentes, mientras las organizaciones sindicales cuestionaron la proporcionalidad del dispositivo. CCOO Madrid anunció acciones penales por las cargas y por la detención, al considerar que las intervenciones estaban impidiendo a los piquetes desarrollar su labor informativa.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, denunció públicamente que la Policía Nacional estaba dificultando el ejercicio de un derecho fundamental y arrinconando a quienes participaban en las protestas.Los hechos exigen esclarecer no solamente las circunstancias de la detención, sino también si el empleo de la fuerza respondió a una situación de riesgo que justificara semejante intervención.
Fuencarral y Carabanchel: nuevas denuncias de violencia policial
La tensión se extendió a las cocheras de autobuses municipales de Fuencarral y Carabanchel, donde los piquetes se concentraron desde primera hora para informar a los trabajadores sobre la convocatoria.
UGT, CCOO y el Sindicato de Inquilinas denunciaron cargas y el empleo de agentes químicos irritantes contra los participantes. Según los colectivos convocantes, al menos ocho personas resultaron heridas en Carabanchel y otras cinco en Fuencarral. Los afectados presentaban principalmente contusiones e irritaciones relacionadas con el gas pimienta. Algunas personas fueron trasladadas al Hospital 12 de Octubre, según la información facilitada por las organizaciones sindicales.
Los distintos balances difundidos a lo largo del miércoles elevaron a unas 25 las personas heridas en estos tres puntos de Madrid, una cifra provisional que procede de fuentes sindicales y que deberá contrastarse con los registros asistenciales. También se denunciaron actuaciones policiales en Granada y otros puntos del país, mientras que las protestas de la tarde concluyeron con incidentes y nuevas intervenciones de los antidisturbios.
Pepe Álvarez y Unai Sordo denuncian una actuación policial inadmisible
Los máximos responsables de UGT y CCOO han sido especialmente contundentes al valorar las intervenciones policiales. Pepe Álvarez calificó de «impresentable» el comportamiento de la Policía durante los piquetes madrileños y recordó que las fuerzas de seguridad también tienen la obligación de proteger el ejercicio de los derechos fundamentales. «Es un acto no solo absolutamente impresentable en un país democrático, sino que atenta contra los derechos fundamentales», afirmó el secretario general de UGT.
Unai Sordo denunció igualmente el empleo de gas pimienta contra trabajadores que participaban en las protestas y anunció que las organizaciones sindicales exigirán responsabilidades penales y de otra naturaleza. El secretario general de CCOO cuestionó que una interrupción temporal de la salida de vehículos pudiera justificar actuaciones policiales de semejante intensidad.
La respuesta sindical no se ha limitado, por tanto, a una condena política. Las organizaciones han anunciado su intención de acudir a los tribunales para que se investiguen las circunstancias de las intervenciones y se determinen las responsabilidades que correspondan.
Marlaska prohíbe el uso de gas lacrimógeno y abre investigaciones
La reacción del Ministerio del Interior supone el reconocimiento institucional de que las denuncias requieren un examen específico. Grande-Marlaska ha ordenado investigar los incidentes registrados durante el miércoles y ha dado instrucciones para que no se emplee gas lacrimógeno en futuros dispositivos de control de manifestaciones. Esta decisión no equivale a admitir que todas las intervenciones policiales fueran ilegales, pero evidencia la necesidad de revisar los protocolos y las circunstancias en las que se utilizaron los medios antidisturbios.
También será necesario determinar qué sustancias concretas fueron empleadas en cada actuación, ya que las denuncias sindicales hacen referencia reiteradamente al uso de gas pimienta, mientras que la instrucción comunicada por Interior menciona el gas lacrimógeno. La investigación deberá esclarecer las órdenes operativas, los motivos de las cargas, la identificación de los agentes intervinientes y si existían alternativas menos lesivas para garantizar la seguridad.
Sumar y Podemos reclaman la dimisión del ministro
La polémica ha provocado una fractura dentro del espacio político que sostiene al Gobierno. La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, ha reclamado explicaciones y la dimisión de Marlaska, al considerar que las intervenciones no pueden atribuirse únicamente a decisiones individuales de determinados agentes. «Seremos socios de Gobierno, pero Marlaska no nos representa», ha afirmado, cuestionando que las cargas fueran hechos aislados.
La portavoz de Podemos, Ione Belarra, también ha exigido la salida del ministro por lo que considera una actuación de «brutalidad y abuso policial».
Por su parte, el dirigente de ERC Gabriel Rufián ha recordado que las responsabilidades políticas corresponden al Gobierno, aunque puedan existir sectores policiales que actúen contra sus intereses.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha pedido igualmente explicaciones y ha distinguido las movilizaciones mayoritariamente pacíficas de los incidentes violentos registrados posteriormente.
Las críticas coinciden en una cuestión fundamental: Interior deberá aclarar quién impartió las instrucciones, qué protocolos se aplicaron y por qué se recurrió a la fuerza en determinados piquetes.
Cuarenta y siete detenidos y más de mil incidencias
El balance provisional comunicado por Interior hasta las 23:00 horas del miércoles recoge 1.144 incidencias relacionadas con la huelga y 47 detenciones practicadas por Policía Nacional y Guardia Civil.
Madrid concentra veinte de esos arrestos, seguida de Valencia, con seis; Málaga y Almería, con cuatro cada una; y Granada y Castellón, con tres. Las cifras todavía no incluyen las actuaciones de las policías autonómicas de Cataluña y el País Vasco.
Es importante señalar que el número de incidencias policiales no equivale al número de enfrentamientos violentos ni permite establecer por sí mismo cuántas intervenciones fueron justificadas. Tampoco todas las detenciones están necesariamente relacionadas con las cargas denunciadas por los sindicatos.
El derecho de huelga exige protección, no una respuesta indiscriminada
La Constitución española reconoce el derecho de huelga en su artículo 28.2, mientras que la actuación de las fuerzas policiales debe ajustarse a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad establecidos en la legislación vigente.
Los piquetes informativos están amparados por ese derecho siempre que desarrollen su actividad dentro de los límites legales. Del mismo modo, las fuerzas de seguridad tienen la obligación de intervenir ante conductas violentas o que pongan en peligro a otras personas. La cuestión central es si la fuerza utilizada durante el 11N fue necesaria y proporcionada en cada uno de los episodios denunciados.
No basta con invocar la existencia de incidentes para justificar cualquier actuación policial, del mismo modo que tampoco puede atribuirse automáticamente una conducta ilegal a todos los agentes que participaron en los dispositivos.
La investigación ordenada por Marlaska deberá establecer responsabilidades individuales y operativas, pero también aclarar si existieron instrucciones o prácticas que comprometieron injustificadamente el ejercicio de un derecho fundamental.
La huelga general ha terminado, pero la controversia por las cargas policiales continúa. Y la respuesta del Ministerio del Interior será determinante para saber si las investigaciones anunciadas se traducen en transparencia, rendición de cuentas y garantías efectivas para futuras movilizaciones.
Verificación adicional: Amnistía Internacional también denuncia un uso excesivo de la fuerza
Amnistía Internacional ha denunciado actuaciones policiales preocupantes en Madrid, Alicante, Castellón, Vitoria, Valencia, Málaga, Granada y Santiago de Compostela. La organización afirma haber documentado golpes de porra contra personas que protestaban pacíficamente y el uso indiscriminado de espray de pimienta. También recuerda que la fuerza policial debe emplearse como último recurso y de forma proporcionada.
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