Josep Borrell ha introducido en el debate político español una idea incómoda para quienes reclaman elecciones inmediatas. Una democracia parlamentaria no funciona a golpe de ansiedad, sino de mayorías. Su argumento es sencillo, pero políticamente relevante. Hoy no existe una mayoría alternativa clara para sustituir al Gobierno y, por tanto, pedir un adelanto electoral se parece más a una estrategia de presión que a una salida institucional inevitable.
Borrell no niega la gravedad del momento. Al contrario, parte de ella. Reconoce que los escándalos que afectan al PSOE han creado una situación difícil y que Pedro Sánchez no atraviesa su mejor etapa política. Pero precisamente por eso considera poco razonable que el presidente optara ahora por convocar elecciones. Su tesis es que el Gobierno seguirá hasta 2027 “contra viento y marea”, porque ninguna de las vías abiertas para anticipar el final de la legislatura parece hoy realmente viable.
La clave está en la moción de censura. Borrell recuerda que esa alternativa solo tiene sentido si existe una mayoría parlamentaria capaz de sostenerla, y hoy esa mayoría no aparece con nitidez. El PP puede desear elecciones, Vox puede agitarlas y algunos socios pueden elevar el tono, pero otra cosa muy distinta es articular una operación parlamentaria viable que reúna apoyos suficientes sin pagar costes políticos enormes.
El razonamiento de Borrell devuelve el debate al terreno institucional. No se trata de saber quién grita más fuerte ni quién domina mejor el clima mediático, sino de comprobar si existe una mayoría real para cambiar el Gobierno. Esa diferencia es esencial en una democracia parlamentaria.
También hay en sus palabras una advertencia interna al PSOE. Cuando cita a Santa Teresa y recuerda que “en tiempos de dificultad no haga usted mudanza”, Borrell no está pidiendo complacencia. Está defendiendo prudencia. En momentos de crisis, los partidos pueden cometer el error de confundir reacción con solución. Y un congreso extraordinario, una sustitución apresurada o un adelanto electoral podrían añadir más incertidumbre a un escenario que ya tiene suficiente ruido.
Su defensa del Ejecutivo tampoco es acrítica. Borrell reivindica la dimensión social del Gobierno y su peso internacional, pero su argumento principal no es sentimental, sino político. España necesita estabilidad, las mayorías parlamentarias siguen contando y una legislatura no debe darse por terminada solo porque la oposición haya decidido instalar ese relato.
La aportación de Borrell consiste en recordar algo elemental que a menudo se pierde en la política española actual, las crisis no sustituyen a las reglas. Puede haber desgaste, investigaciones y presión pública. Pero mientras exista una mayoría suficiente para gobernar y no haya una alternativa parlamentaria sólida, la continuidad del Ejecutivo no es una anomalía, sino una consecuencia del sistema.
Por eso su intervención tiene valor. No porque cierre el debate sobre las responsabilidades políticas del PSOE, sino porque impide reducirlo todo a una consigna. Pedir elecciones puede ser legítimo. Convertir esa petición en una obligación democrática cuando no existen condiciones parlamentarias claras ya es otra cosa.
En ese punto, Borrell introduce un elemento que escasea en la política española contemporánea, la calma. No para ignorar los problemas, sino para recordar que las democracias parlamentarias se sostienen sobre mayorías, procedimientos y tiempos políticos propios. Y que acelerar artificialmente los acontecimientos no siempre ayuda a resolver las crisis; a veces simplemente añade más ruido al ruido.