La escena fue reveladora y no por casualidad. En un acto solemne, con el rey Felipe VI como testigo institucional, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, advirtió de algo que en una democracia madura debería activar todas las alarmas: la existencia de presiones externas directas y formas de influencia indirectas sobre los jueces. La respuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, no fue la de un responsable político preocupado por la salud del Estado de derecho, sino la de un estratega partidista molesto por el lugar, el tono y el momento. El sanchismo es eso. No conoce ideologías, sino que su único objetivo es la defensa del líder máximo porque hay que recordar que Isabel Perelló pertenece al sector progresista de la judicatura. Pero eso, a los sanchistas les da igual.
Calificar esas palabras como “discurso político” no es un desliz semántico. Es una operación consciente de deslegitimación. Al reducir la advertencia de la máxima representante del poder judicial a una intervención política más, Bolaños no solo evade el fondo del mensaje, sino que refuerza una narrativa peligrosa: que cualquier crítica institucional a la acción del Gobierno es, en realidad, oposición encubierta. Es una lógica binaria impropia de una democracia liberal y más cercana a los reflejos defensivos de los sistemas iliberales.
El ministro se declaró sorprendido, no tanto por el contenido de las palabras de Perelló, sino por el escenario en el que fueron pronunciadas. Que una presidenta del CGPJ denuncie presiones ante el jefe del Estado parece incomodarle más que la posibilidad de que esas presiones existan. La prioridad, a la vista de sus declaraciones, no es garantizar la independencia judicial, sino controlar el relato, administrar los tiempos y decidir quién puede decir qué, dónde y delante de quién.
La referencia reiterada a la creación de 500 nuevas plazas de jueces funciona aquí como cortina de humo. Es una cifra presentada como logro histórico y, por tanto, como escudo frente a cualquier crítica. Sin embargo, Perelló no cuestionó la necesidad de más jueces, sino la insuficiencia estructural de una medida que no aborda el problema de fondo: la sobrecarga crónica del sistema judicial y su creciente exposición a presiones políticas y mediáticas. Confundir inversión cuantitativa con independencia cualitativa es una simplificación interesada.
El tono condescendiente de Bolaños, aderezado con una broma sobre la paciencia y el “próximo discurso”, revela una concepción profundamente jerárquica del poder. En esa visión, el poder judicial no es un contrapeso constitucional, sino un actor que debería mostrar gratitud y moderación cuando el Ejecutivo decide concederle recursos. Es una lógica de concesión, no de equilibrio institucional.
Cuando el ministro advierte contra el “inmovilismo”, conviene detenerse en la inversión retórica que propone. En su discurso, quienes alertan de presiones y defienden la autonomía judicial representan el pasado, mientras que el Gobierno encarna el progreso reformista. Sin embargo, la historia reciente demuestra que muchas de las reformas impulsadas desde el Ministerio de Justicia han tenido como efecto colateral —y en algunos casos como objetivo implícito— una mayor politización del sistema, desde la Fiscalía hasta los órganos de gobierno judicial.
El problema no es la reforma en sí, sino quién la diseña, con qué incentivos y con qué límites. Reformar la justicia desde el Ejecutivo sin aceptar críticas del poder judicial equivale a remodelar un dique mientras se niega la existencia de la marea. La insistencia de Bolaños en presentarse como garante de una “justicia del siglo XXI” contrasta con su incapacidad para tolerar una advertencia pública sobre interferencias en el presente.
Lo más inquietante no es una discrepancia puntual entre el Gobierno y el CGPJ, algo normal en cualquier democracia. Lo inquietante es el patrón. Un patrón en el que las advertencias institucionales se tachan de políticas, las preocupaciones estructurales se reducen a ingratitud y la independencia judicial se subordina a la disciplina del mensaje gubernamental.
Las democracias consolidadas cuentan con ministros de Justicia que reaccionan con prudencia extrema cuando los jueces hablan de presiones. En España, bajo la gestión de Félix Bolaños, la reacción es defensiva, irónica y estratégicamente descalificadora. No es un detalle menor. Es un síntoma muy peligroso.
Cuando un Gobierno empieza a tratar la independencia judicial como un problema de comunicación y no como un pilar constitucional, el deterioro institucional no llega de golpe. Llega envuelto en sonrisas, bromas y discursos sobre reformas inevitables. Y cuando se hace evidente, ya no basta con crear 500 plazas más.