José María Aznar ha regresado una vez más al registro político que mejor domina desde que abandonó La Moncloa. El de las advertencias apocalípticas. El de los diagnósticos terminales. El de la España que, según sus palabras, se encuentra siempre al borde del precipicio cuando gobiernan otros.
Durante la presentación de su libro en Bilbao, el expresidente aseguró que una continuidad del actual Gobierno supondría el final del sistema constitucional, pondría en riesgo la nación española, la monarquía parlamentaria y la convivencia entre ciudadanos. Son afirmaciones de enorme gravedad. También son afirmaciones que conviene analizar con cierta perspectiva histórica.
Porque cuando Aznar habla de deterioro institucional resulta inevitable recordar algunos episodios de su propia trayectoria política. Fue durante los gobiernos del Partido Popular cuando España asistió a algunas de las mayores crisis de confianza institucional de las últimas décadas. La participación en la guerra de Irak contra una opinión pública ampliamente contraria, la gestión informativa de los atentados del 11 de marzo de 2004 o la posterior utilización partidista de aquellos acontecimientos forman parte de una memoria democrática difícil de borrar.
Resulta llamativo escuchar hoy apelaciones a la defensa de las instituciones por parte de quien protagonizó una de las etapas más intensas de confrontación política de la democracia española. No porque el actual Gobierno esté exento de críticas o problemas. Los tiene y algunos son evidentes. Sino porque la credibilidad de ciertos discursos depende también de la coherencia de quien los pronuncia.
La Constitución española no es una propiedad ideológica. No pertenece a la derecha ni a la izquierda. Tampoco se encuentra en riesgo cada vez que un gobierno desarrolla políticas que desagradan a la oposición. Las democracias constitucionales se sostienen precisamente sobre la alternancia política, sobre el pluralismo y sobre la capacidad de integrar posiciones diferentes dentro de un marco común.
Por eso sorprende que se presente como una amenaza existencial la mera posibilidad de que una mayoría parlamentaria legítima vuelva a sostener un gobierno progresista. Las elecciones sirven exactamente para eso. Para que los ciudadanos decidan quién gobierna y con qué apoyos parlamentarios.
En el discurso que una parte de la derecha española ha construido durante los últimos años serepite una y otra vez la idea de la sensación constante de que España vive una situación extraordinaria, una emergencia democrática permanente que justificaría cualquier tono y cualquier diagnóstico.
Sin embargo, los datos objetivos dibujan una realidad bastante más compleja que la descrita por Aznar. España registra cifras récord de empleo, mantiene un crecimiento económico superior al de las principales economías europeas y conserva intactos los mecanismos esenciales de funcionamiento institucional. El Parlamento legisla, los tribunales actúan, los medios informan y los ciudadanos votan.
Eso no significa que no existan problemas. Existen desafíos importantes relacionados con la vivienda, la productividad, la financiación autonómica, la calidad institucional o la polarización política. Pero convertir cada discrepancia política en una amenaza para la supervivencia nacional contribuye más a deteriorar el debate público que a fortalecerlo.
Especialmente llamativa resulta la crítica de Aznar a los nacionalismos vasco y catalán. Durante años, el propio Partido Popular no dudó en negociar con fuerzas nacionalistas cuando necesitó sus votos para gobernar. La historia parlamentaria española está llena de acuerdos entre gobiernos del PP y partidos nacionalistas. Presentar ahora cualquier interlocución como una anomalía democrática responde más a una estrategia política que a una lectura rigurosa de los hechos.
La democracia española ha demostrado una capacidad de resistencia mucho mayor de la que algunos auguran periódicamente. Ha superado crisis económicas, desafíos territoriales, amenazas terroristas y momentos de enorme tensión política. Pensar que su supervivencia depende exclusivamente del resultado de unas elecciones refleja una visión sorprendentemente frágil de las propias instituciones que se pretende defender.
Quizá la verdadera cuestión no sea si España afronta el final de su sistema constitucional. Nada indica que sea así. La cuestión es por qué algunos dirigentes insisten en describir la política democrática como si fuera una batalla definitiva entre la salvación y el colapso.
Porque las democracias no suelen debilitarse por exceso de pluralismo. A menudo se erosionan cuando una parte de sus élites deja de aceptar con normalidad que otros puedan gobernar dentro de las mismas reglas que ellas ayudaron a construir.