La sesión de control de este jueves en la Asamblea de Madrid volvió a retratar con nitidez el modelo político de Isabel Díaz Ayuso: mucho eslogan, mucha bronca, mucha huida hacia Pedro Sánchez y ni una sola explicación solvente sobre los problemas reales que sufren cada día los madrileños. La sanidad pública, el deterioro de los servicios, la precariedad salarial y el acceso a derechos básicos aparecieron en el hemiciclo, pero la presidenta respondió como acostumbra: sin entrar al fondo, levantando una nube de propaganda y presentándose a sí misma como víctima mientras elude su responsabilidad directa al frente de la Comunidad de Madrid. La sesión estuvo marcada por las críticas de Vox, PSOE y Más Madrid, y por una estrategia de defensa de Ayuso basada en negar, desviar y embarrar.
La intervención de Vox abrió el pleno con una pregunta sobre la atención sanitaria universal en Madrid, aunque rápidamente derivó hacia su habitual discurso xenófobo. Su portavoz denunció que hay “más de 1.000.000 de personas perdidas en una lista de espera” y reprochó a Ayuso que no respondiera sobre la sanidad, sino que volviera a usar la inmigración como coartada política. La presidenta contestó con una fórmula ya conocida: “Madrid es la casa de todos”, pero acto seguido culpó al Gobierno central de “desguazar los servicios públicos” con sus políticas migratorias. Es decir, volvió a hacer lo de siempre: apropiarse de un lenguaje humanitario mientras alimenta un marco de confrontación que le permite no hablar de lo esencial, que es la gestión de su propio Ejecutivo.
En la réplica, Vox endureció el tono y recuperó una frase que la propia Ayuso ya había pronunciado en febrero: “No le pienso negar la asistencia sanitaria a nadie que esté viviendo en Madrid, se encuentre como se encuentre su situación personal”. La extrema derecha intentó usar esa declaración para exigir exclusión sanitaria. Ayuso, por su parte, trató de ocupar una posición cínicamente intermedia: defendió que “nadie va a morir en las puertas de un hospital”, algo que es una obviedad democrática y legal, pero al mismo tiempo insistió en que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere “fundir” la sanidad madrileña. Ese es el núcleo de su truco político: asumir el mínimo humanitario para no aparecer abiertamente cruel, pero seguir fabricando un relato de amenaza externa para ocultar sus propias carencias.
Porque el problema no estaba en la bancada de la oposición, sino en la incapacidad de la presidenta para responder con datos, medidas y responsabilidades concretas. Cuando se le exige que hable de listas de espera, plantillas, urgencias saturadas o privatización encubierta, Ayuso no contesta: agita enemigos, mezcla inmigración con fraude, y convierte cualquier crítica en una supuesta conspiración contra Madrid. La táctica es transparente. Y a estas alturas, también demasiado vieja.
Más demoledora fue la intervención socialista. La diputada Mar Espinar ligó de forma directa la situación de la sanidad madrileña con las relaciones del Gobierno regional con Quirón. Su frase fue una de las más duras del pleno: “Qué curioso lo que le gusta criticar a Venezuela, pero cuando se trata de hacer business con su petróleo, la cosa cambia. Es usted rarita, moralmente hablando”. Espinar puso el foco en la relación entre el empresario Fernando Camino, directivo de Quirón, y la red de intereses que, según denunció, rodea a la presidenta y a su pareja. Y remató con una pregunta de enorme carga política: “Además de seguir pagando su ático, ¿cuáles son los objetivos de la sanidad pública?”. Ayuso respondió con una frase tan breve como reveladora: “Nuestro objetivo es que Madrid siga teniendo la mejor sanidad de España”. Nada más. Ni una sola explicación adicional. Ni una sola respuesta a las acusaciones de trato de favor. Ni una sola aclaración sobre los recursos públicos.
Esa contestación resume bien el ayusismo: un titular vacío donde debería haber rendición de cuentas. Después, en su dúplica, la presidenta optó por el insulto, la exageración y el ventilador. Atacó al PSOE con referencias a la corrupción nacional, a Ábalos, a “Miss Asturias” y a una larga retahíla de descalificaciones que no respondían a lo preguntado. Esa manera de gobernar no es firmeza; es escapismo. No es liderazgo; es una técnica de distracción permanente.
Más Madrid, por su parte, llevó al pleno dos de las grandes fracturas sociales de la legislatura: el derecho al aborto y la pérdida de poder adquisitivo. Su diputada celebró que las mujeres madrileñas estén “más cerca de poder tener garantizado el derecho al aborto en la sanidad pública” después de que el Gobierno regional se haya visto obligado a activar el registro de objetores, una medida adoptada por presión legal y política, no por convicción del Ejecutivo madrileño.
En la segunda parte de su intervención, la portavoz de Más Madrid fue directa al corazón del malestar social: “La mitad de los trabajadores en Madrid cobran menos de 1.500 euros”. Y remató la idea central que el Gobierno de Ayuso intenta ocultar bajo su propaganda de éxito: Madrid puede ser un escaparate para grandes fortunas y fondos de inversión, pero se ha convertido en una región hostil para quien vive de su sueldo. Educadoras infantiles en huelga, alquileres prohibitivos, imposibilidad de formar un proyecto de vida y servicios públicos cada vez más tensionados. Esa es la realidad material frente al eslogan de la “libertad”.
Ayuso respondió con otro repertorio ya ensayado: impuestos, comunismo, Cuba, asesores de Moncloa, Hollywood, México, coches oficiales. Mucho ruido y ninguna respuesta seria a una pregunta básica: cómo se llega a fin de mes en una comunidad donde trabajar ya no garantiza vivir con dignidad. La presidenta quiso presentar a Madrid como la región de los salarios altos y las oportunidades, pero omitió deliberadamente la otra mitad de la fotografía: la expulsión de miles de personas del mercado de la vivienda, la precariedad enquistada y la degradación de lo público.
La conclusión que deja esta sesión es incómoda para el Gobierno madrileño, pero evidente para cualquiera que escuche sin fanatismo. Ayuso no desmontó a la oposición. No rebatió las acusaciones. No aclaró las sombras sobre la sanidad ni explicó el deterioro cotidiano que denuncian profesionales y usuarios. Hizo lo que mejor sabe hacer: tapar con agresividad verbal el vacío de gestión. Su política se sostiene cada vez más en una maquinaria de confrontación que necesita mentiras, medias verdades y enemigos constantes para sobrevivir. Pero por mucho que grite, las listas de espera no desaparecen, los sueldos no suben y la sanidad pública no mejora sola. Madrid no necesita más propaganda. Necesita verdad, responsabilidad y un gobierno que deje de tratar a los ciudadanos como si fueran público de un mitin.