La reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el fin de la acampada que durante más de un mes ocupó el kilómetro cero de la capital constituye uno de los ejercicios más cínicos y estridentes de intoxicación política de los últimos años. Lejos de asumir la complejidad social del conflicto o de ejercer la mesura institucional que exige la Jefatura de un Ejecutivo autonómico, Ayuso optó por desatar una furibunda andanada dialéctica contra el Gobierno central. Elevó el tono hasta el esperpento. Convirtió un desalojo policial en un aquelarre propagandístico contra el «sanchismo».
El relato construido por la Puerta del Sol subvierte la realidad con una audacia propia de los regímenes populistas. Para Ayuso, «Pedro Sánchez ha permitido otra vez una situación ilegal que se ha producido en Madrid durante 38 días». Llegó a afirmar con una desfachatez hiperbólica que el presidente del Ejecutivo «consintió, por interés político, que se ocupara ilegalmente la Puerta del Sol». Esta acusación, además de carecer de cualquier rigor jurídico, ignora deliberadamente la distribución constitucional de competencias en materia de seguridad ciudadana y orden público. Pretende trasladar a la Moncloa la responsabilidad exclusiva de un fenómeno de protesta urbana que afectaba de lleno a la movilidad y a la convivencia en el centro neurálgico de la ciudad. Una gestión policial y administrativa que comparte múltiples niveles de intervención institucional.
La retórica del catastrofismo
En su empeño por pintar un cuadro dantesco que justifique su permanente estado de confrontación con el Estado, la presidenta autonómica no dudó en cargar las tintas sobre los supuestos perjuicios económicos ocasionados por la ocupación temporal del espacio público. Según el argumentario desgranado por la dirigente popular, el Ejecutivo central es el único responsable «de la ruina que han provocado a todo el comercio de la zona, a personas inocentes que incluso han tenido que despedir a empleados». Cuantificó en «más de 30 millones de euros» unas pérdidas que atribuye directamente al colapso turístico y comercial.
Esta dramatización económica resulta profundamente cínica viniendo de una administración regional que ha hecho de la desregulación comercial y de la negativa a aplicar medidas efectivas de limitación de precios del alquiler el principal motor de la verdadera asfixia que padecen los comerciantes y vecinos del centro histórico de Madrid. La hipocresía del discurso se hace todavía más evidente cuando se analiza el balance final de la intervención policial. Tras alabar selectivamente la labor de los efectivos de seguridad y de los servicios de limpieza municipales, a quienes agradeció haber retirado «toneladas de basura y suciedad que han acumulado los acampados para vergüenza de todos» —, Ayuso sentenció que «es el legado que deja el sanchismo: ilegalidad, caos, abandono, suciedad, violencia y miseria» .
Reducir el debate político y social de una gran capital europea a una suerte de apocalipsis higiénico-sanitario provocado por un adversario político demuestra una miseria intelectual alarmante. La presidenta utiliza los desmanes puntuales de una acampada para estigmatizar cualquier forma de disidencia. Asimila la protesta ciudadana con la delincuencia. Y exige medidas judiciales ejemplarizantes para «que sepan todos que hacer daño de manera gratuita tiene consecuencias». Un aviso a navegantes dirigido a cohibir futuras movilizaciones en las calles madrileñas.
Uso patrimonialista de las instituciones madrileñas
Lo más peligroso de la andanada protagonizada por Isabel Díaz Ayuso no es el esperpento verbal ni la exageración propagandística. Es la instrumentalización patrimonialista de las instituciones madrileñas. Al denunciar que la acampada ponía en peligro «la sede de Presidencia de la Comunidad de Madrid, la Real Casa de Correos» , la mandataria intenta blindar su despacho contra el murmullo de la protesta social. Como si el kilómetro cero de España fuera una finca privada exenta de las tensiones democráticas del país. Esta visión patrimonial del poder convierte a la Puerta del Sol en un plató televisivo desde el cual lanzar proclamas electorales permanentes. Transforma la confrontación con el Gobierno de la nación en su única razón de ser política.
La deriva de la líder del trumpismo español evidencia que el conflicto institucional no es un accidente en su gestión. Es su método preferido de supervivencia política. Incapaz de ofrecer soluciones estructurales a los graves problemas de vivienda, sanidad pública y desigualdad que ahogan a la región, Ayuso prefiere refugiarse en el victimismo madrileño. Agita el fantasma de la conspiración estatal para movilizar a su electorado más radicalizado. Cuando la presidencia de una comunidad autónoma se reduce al insulto cotidiano y a la descalificación tabernaria de las instituciones del Estado, la democracia madrileña retrocede varios casilleros. Atrapada en el fango de una dirigente que prefiere ver arder la convivencia civil con tal de acaparar un titular en los informativos de la tarde.
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