Isabel Díaz Ayuso ha presentado el estreno de la Fórmula 1 en Madrid como un triunfo colectivo. “Estamos encantados con el resultado”, asegura, antes de afirmar que estar en los circuitos internacionales “siempre es bueno para todos”. Pero ese “para todos” exige una demostración que ninguna fotografía del palco puede sustituir: cuánto ha costado, cuánto se ha ingresado, quién obtiene los beneficios y quién responde si las cuentas fallan.
En las declaraciones facilitadas, la presidenta dedica buena parte de su intervención a reprochar al Gobierno la ausencia de sus ministros. “Todo lo que tenga que ver con España, con un éxito nacional o con algo que le venga bien a Madrid, lo odian”, sostiene. Es una acusación política que no aporta pruebas de sabotaje ni responde a la cuestión económica. La asistencia de un ministro no convierte una inversión en rentable; su ausencia tampoco la convierte en un fracaso.
La documentación consultada permite identificar contratos, previsiones y riesgos. No permite certificar todavía el beneficio neto de esta primera edición.
Los 467 millones de impacto económico no son beneficios
La cifra más difundida procede de un estudio de PwC publicado por Madring el 3 de agosto: 467 millones de euros de impacto económico estimado, 8.850 empleos y unos 83 millones de recaudación entre impuestos y cotizaciones sociales. Aunque utiliza información real de ventas e inversiones, la propia comunicación oficial califica sus resultados de preliminares y anuncia un análisis posterior a la carrera para contrastarlos.
La diferencia es decisiva. El impacto económico mide actividad asociada al evento; el beneficio del organizador exige descontar de sus ingresos todos los costes correspondientes. Una factura de construcción puede generar actividad y empleo y, al mismo tiempo, ser un gasto que el promotor necesita recuperar.
Tampoco la recaudación fiscal estimada equivale a dinero ingresado íntegramente en la caja de la Comunidad de Madrid: agrupa impuestos y cotizaciones.
Para evaluar la rentabilidad social habría que considerar, además, qué gasto es realmente adicional, qué actividad sustituye a otra que habría ocurrido igualmente y qué costes soportan las administraciones y los vecinos. Presentar una estimación de impacto como dinero ganado por los madrileños sería falsear su significado.
Cuánto cuesta la Fórmula 1 de Madrid: el circuito no es toda la factura
Existe una cifra oficial de partida: Madring anunció en abril de 2025 la adjudicación de las obras a la unión de Acciona y Eiffage por 83,2 millones de euros. El contrato comprende el trazado, estructuras temporales y actuaciones de desmontaje y reposición de los viales. Es el importe anunciado de una adjudicación, no una liquidación final de todo el proyecto.
El balance completo requiere incorporar las demás inversiones y los gastos de explotación: adaptación de instalaciones, derechos de celebración, seguridad, mantenimiento, personal, financiación y servicios contratados. También debe separar los desembolsos iniciales de los recurrentes y distribuir las inversiones entre los años en que se utilizan.
Por eso sería tan incorrecto reducir toda la factura a las obras del circuito como sumar indiscriminadamente compromisos de diez años y presentarlos como el coste de un fin de semana. Hace falta una contabilidad completa y comparable, no escoger la cifra que mejor encaje en el discurso político.
Hay dinero público vinculado al Gran Premio
El debate sobre la financiación tiene un dato concreto: Ayuntamiento y Comunidad han aprobado 1,9 millones de euros cada uno para acciones promocionales vinculadas al Gran Premio, un total de 3,8 millones entre ambas administraciones. La aportación autonómica se encuadra en una adenda al convenio de promoción turística con Madrid Destino e Ifema.
Promocionar una ciudad puede ser una decisión defendible. Pero esa defensa exige explicar qué se compra, cómo se mide su retorno y por qué merece esa prioridad presupuestaria. El gasto promocional sigue siendo público aunque no pague directamente el asfalto.
También conviene distinguir los recursos comerciales de Ifema de una transferencia presupuestaria: no todo euro gastado por el consorcio procede automáticamente de impuestos. Esa precisión, sin embargo, no elimina la obligación de rendir cuentas sobre los compromisos asumidos por una institución bajo control público.
Los 8.850 empleos necesitan apellidos: duración, salarios y contratación
La previsión oficial de empleo tampoco acredita por sí sola 8.850 nuevos puestos estables. La nota de Madring ofrece una estimación asociada al impacto del evento, pero no un balance de contrataciones con duración, jornada y remuneración.
Una evaluación laboral debe distinguir los trabajos de construcción de los servicios durante la carrera, el empleo directo del indirecto y los contratos breves de los puestos que permanecen después.
Que un acontecimiento genere trabajo es relevante. También lo es saber cuánto dura y en qué condiciones se presta. Convertir una cifra agregada en un anuncio de prosperidad permanente evita precisamente esas preguntas.
Quién hace negocio y quién asume el riesgo
Los beneficiarios comerciales identificables incluyen las constructoras adjudicatarias y los operadores de servicios del evento. En las zonas VIP, el acuerdo oficial con MATCH Hospitality contempla una inversión de 400 millones durante diez años para construcción, montaje, gestión y comercialización. Esa cantidad no equivale a beneficios de Ifema ni a una transferencia íntegra para sufragar todos sus gastos.
Hoteles, restaurantes y transportistas también pueden obtener ingresos adicionales. Pero facturar más no permite conocer, sin sus costes, cuánto gana cada empresa. Tampoco demuestra que las ventajas se repartan de manera uniforme entre la ciudadanía.
El riesgo del promotor está documentado. Según la información de elDiario.es sobre las cuentas de Ifema de 2024, el consorcio recogía un posible impacto negativo de 270,36 millones por incumplimientos contractuales. Se trata de una contingencia, no de una pérdida ya producida. La entidad defendía que los ingresos previstos serían suficientes para afrontar sus compromisos.
Ese riesgo no prueba un fracaso. Sí demuestra que organizar el Gran Premio supone obligaciones económicas que merecen mucho más escrutinio que una discusión sobre invitados al palco.
El éxito económico se demuestra publicando las cuentas
La respuesta a si la Fórmula 1 es un buen negocio para Madrid sigue dependiendo de información que las fuentes consultadas no ofrecen todavía de forma completa: ingresos finales, gastos efectivos, resultado del organizador, retorno público y evaluación posterior del empleo.
Ayuso puede celebrar la carrera. Lo que no puede convertir en evidencia económica es su entusiasmo. Y acusar de odiar a España a quienes cuestionan el proyecto introduce una descalificación donde debería haber explicaciones.
Si el Gran Premio es tan buen negocio para todos, demostrarlo debería ser la parte más sencilla del discurso: publicar las cuentas. Pedirlas es defender el interés de Madrid.
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