Ayuso acusa de violencia a los profesores en huelga y de atentar contra jueces al Gobierno sin aportar pruebas

​​​​​​​La presidenta madrileña convierte su mitin de Segovia en una sucesión de acusaciones contra Pedro Sánchez, los sindicatos y la izquierda

19 de Noviembre de 2026
Actualizado a las 10:07h
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Ayuso en Segovia
Ayuso en Segovia

Isabel Díaz Ayuso volvió a utilizar un mitin electoral, celebrado este miércoles en Segovia, para lanzar graves acusaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez, los sindicatos y los profesores madrileños que participan en la huelga educativa. La presidenta de la Comunidad de Madrid recurrió a las comparaciones con Venezuela, a las denuncias sobre una supuesta destrucción de las instituciones españolas y a la descalificación de sus adversarios, mientras anunciaba nuevas medidas contra los efectos de las movilizaciones docentes.

El discurso, pronunciado a once días de las elecciones generales del 29 de noviembre, mezcló titulares periodísticos, acusaciones judiciales todavía no acreditadas, afirmaciones económicas discutibles y comparaciones históricas que no se corresponden con los datos disponibles.

Entre las expresiones más graves destacó la acusación de que el Gobierno intenta acabar con la vida de jueces, una afirmación que requiere pruebas de una extraordinaria solidez y que Ayuso no aportó durante su intervención.

Ayuso acusa de violencia subvencionada a los profesores mientras anuncia más servicios mínimos

La presidenta madrileña dedicó una parte importante de su intervención a la huelga educativa que se desarrolla en la Comunidad de Madrid. Calificó las movilizaciones de «huelgas salvajes» y sostuvo que estaban perjudicando gravemente al alumnado, especialmente a quienes preparan la Prueba de Acceso a la Universidad.

Pero fue mucho más allá al asegurar que «la tensión, el boicot y la violencia en las calles cada vez se propagan más porque están subvencionados».

La acusación resulta particularmente grave porque sugiere que existe una financiación destinada a promover actuaciones violentas, sin identificar a los supuestos responsables ni aportar documentos que permitan comprobarlo.

Ayuso anunció, además, una ampliación de los servicios mínimos durante la huelga educativa y dos nuevas instrucciones destinadas, según explicó, a garantizar el aprendizaje y la neutralidad ideológica en los centros.

El anuncio se produce en medio de un conflicto laboral en el que los sindicatos cuestionan las condiciones de trabajo del profesorado y denuncian que los servicios mínimos ya establecidos limitan desproporcionadamente el ejercicio de la huelga.

CSIF ha denunciado expresamente la ausencia de una negociación efectiva sobre esos servicios mínimos. El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho de huelga y exige garantizar los servicios esenciales, pero las limitaciones deben ser proporcionadas y estar justificadas.

La presidenta tiene derecho a defender la continuidad de las clases y a adoptar medidas dentro de sus competencias, pero atribuir motivaciones violentas o intereses partidistas a quienes ejercen un derecho constitucional exige algo más que declaraciones pronunciadas desde un atril electoral.

Del insulto de la «garrapata» a la descalificación de sus adversarios

Ayuso volvió a recurrir a una comparación que ya había utilizado en intervenciones anteriores: la garrapata como metáfora de quienes, según su discurso, viven del esfuerzo ajeno.

Aseguró que la decadencia entra en las sociedades lentamente, «como todas las personas que te chupan la energía como una garrapata», y volvió a utilizar esa imagen al hablar de los impuestos y de las políticas del Gobierno.

También afirmó que el socialismo fomenta la dependencia de las subvenciones y una cultura en la que deja de compensar trabajar o emprender.

Son posiciones políticas que pueden debatirse, pero presentarlas como una descripción general de quienes reciben prestaciones o defienden políticas redistributivas omite las diferencias entre ayudas sociales, incentivos empresariales, prestaciones contributivas y servicios públicos.

La contradicción discursiva apareció cuando Ayuso afirmó que el proyecto del Partido Popular representa el respeto, la convivencia y la pluralidad, después de dedicar buena parte del mitin a describir a sus adversarios como una amenaza para España.

La acusación sobre la jueza Biedma: una sospecha convertida en responsabilidad política

Uno de los momentos más delicados llegó cuando Ayuso acusó al Gobierno de intentar desprestigiar a los jueces y añadió: «Cuando no intentan acabar con la vida de ellos», en referencia a las denuncias de amenazas contra la jueza Beatriz Biedma, instructora de una causa relacionada con el hermano de Pedro Sánchez.

Las amenazas denunciadas por la magistrada y las investigaciones sobre posibles maniobras de intimidación son asuntos de extrema gravedad que requieren una respuesta judicial.

Sin embargo, la existencia de una investigación no demuestra que el Gobierno de España, el PSOE o Pedro Sánchez hayan ordenado atentar contra una jueza.

Las diligencias conocidas no permiten establecer como hecho acreditado esa responsabilidad política o criminal. Tampoco justifican convertir una hipótesis sometida a investigación en una acusación categórica contra todo un Ejecutivo.

En un Estado de derecho, la gravedad de una denuncia no elimina la obligación de demostrarla.

La falsedad de que no se permite hablar español en el Congreso

Ayuso también acusó al presidente del Gobierno de no permitir «que la gente hable en español en el Congreso de los Diputados».

La afirmación es falsa. 

Desde la reforma del Reglamento del Congreso de septiembre de 2023 pueden utilizarse, además del castellano, las otras lenguas oficiales reconocidas en las comunidades autónomas. Ninguna de esas modificaciones ha prohibido utilizar el español en la Cámara Baja. La reforma amplió los derechos lingüísticos de los diputados; no eliminó los que ya existían.

Se trata de una afirmación especialmente fácil de comprobar mediante la normativa parlamentaria, lo que plantea una cuestión evidente sobre el rigor con el que se incorporan determinados mensajes a los discursos electorales.

Venezuela no fue la cuarta economía mundial y España no es una dictadura

Otra de las comparaciones centrales del mitin fue la de España con Venezuela. Ayuso aseguró que Venezuela había llegado a ser la cuarta economía del mundo y que sus habitantes vivían con apenas tres dólares mensuales.

La primera afirmación confunde la posición histórica de Venezuela en determinados indicadores de renta por habitante con su tamaño económico total. La segunda transforma las remuneraciones extremadamente bajas de algunos sectores en una descripción general de los ingresos de toda la población.

La crisis política, económica y humanitaria venezolana es un hecho documentado, pero esas circunstancias no convierten automáticamente en correctas las cifras empleadas por Ayuso ni permiten establecer una equivalencia entre los sistemas políticos de ambos países. 

La presidenta también sostuvo que España se encontraba a las puertas de un sistema prácticamente imposible de revertir y atribuyó a Sánchez el propósito de desmembrar territorialmente el país. No aportó documentos, proyectos legislativos ni acuerdos que demostraran la existencia de ese supuesto plan.

La economía real tampoco encaja con el relato de una España destruida

Ayuso presentó una imagen de España caracterizada por la decadencia económica, el empobrecimiento generalizado y la destrucción institucional. Sin embargo, las previsiones de otoño de la Comisión Europea, publicadas el 17 de noviembre, estiman que la economía española crecerá un 2,6 % en 2026, frente al 1,2 % previsto para la eurozona.

Esos datos no eliminan problemas como la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de determinados hogares o las dificultades de acceso a la vivienda, pero tampoco respaldan la descripción de una economía paralizada o en proceso generalizado de destrucción.

Las cifras económicas permiten cuestionar las políticas de cualquier Gobierno. Lo que no permiten es sustituir el análisis por una sucesión de metáforas alarmistas sin contexto estadístico.

Los derechos constitucionales no deberían confundirse con amenazas a España

La intervención de Ayuso dejó una cuestión especialmente relevante para la política madrileña: mientras advertía contra una supuesta destrucción de las libertades, anunció nuevas medidas que afectan al desarrollo de una huelga legítimamente convocada.

La protección del derecho a la educación y la garantía de servicios esenciales deben compatibilizarse con el derecho fundamental de huelga. Ese equilibrio exige motivación, proporcionalidad y control judicial, no únicamente descalificaciones sobre las intenciones de los convocantes.

Las acusaciones contra los docentes, la insinuación de una responsabilidad gubernamental en amenazas a una jueza y las afirmaciones falsas sobre el uso del castellano en el Congreso merecen un escrutinio riguroso.

Los responsables políticos pueden discrepar profundamente del Gobierno, cuestionar las leyes y defender un cambio de Ejecutivo. Pero cuando sus intervenciones contienen imputaciones de conductas delictivas, datos económicos incorrectos o acusaciones de violencia, corresponde exigir pruebas y distinguir los hechos de la propaganda electoral.

La controversia del mitin de Segovia no reside simplemente en la dureza del lenguaje de Ayuso, sino en la distancia entre algunas de sus acusaciones y lo que permiten afirmar los hechos comprobados.

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