La sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Ley de Amnistía ha abierto una nueva etapa en uno de los principales debates políticos de la legislatura. El tribunal con sede en Luxemburgo ha concluido que la norma no vulnera el Derecho de la Unión, no afecta a los intereses financieros europeos y tampoco resulta incompatible con la directiva comunitaria sobre terrorismo en los asuntos que le habían sido planteados.
El pronunciamiento europeo no resuelve todos los procedimientos pendientes en España, pero sí elimina uno de los principales argumentos jurídicos utilizados por quienes cuestionaban la compatibilidad de la ley con el ordenamiento comunitario. La decisión responde a dos cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional y marca un criterio vinculante para los tribunales españoles en esos aspectos concretos.
La reacción política fue inmediata. Junts, ERC, PSC, Comuns y la CUP coincidieron en reclamar la aplicación efectiva de la ley, aunque cada formación otorgó un significado distinto al fallo europeo.
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont calificó la sentencia de "victoria" y sostuvo que el TJUE "no ha dejado ningún resquicio" para seguir discutiendo la validez de la amnistía. A su juicio, cualquier negativa de los tribunales españoles a aplicarla supondría entrar en conflicto con el Derecho europeo.
El secretario general de Junts, Jordi Turull, reclamó al Tribunal Constitucional que resuelva antes del parón estival los recursos pendientes y defendió que ya no existen razones para retrasar la plena aplicación de la norma. No obstante, reconoció que el regreso inmediato de Puigdemont a Cataluña sigue dependiendo de las decisiones que adopten los órganos judiciales españoles.
Desde ERC, Oriol Junqueras aseguró que "ya no hay excusas" para ejecutar la ley y expresó su deseo de poder recibir pronto a Puigdemont en Cataluña. El partido interpreta que el aval europeo despeja definitivamente las dudas sobre la legitimidad jurídica de la amnistía.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pidió una aplicación "diligente e integral" de la norma y sostuvo que la convivencia en Cataluña exige cerrar definitivamente una etapa de confrontación institucional. En términos similares se pronunciaron los Comuns, que interpretan la resolución como un respaldo a la estrategia de normalización política impulsada durante esta legislatura.
La CUP, aunque celebró el fallo, mantuvo una posición más crítica respecto a la evolución del movimiento independentista y reclamó recuperar una estrategia política propia al margen de la dinámica institucional española.
Frente a ese bloque, el Partido Popular reiteró su rechazo político a la amnistía, aunque manifestó su respeto por la decisión del TJUE. Los populares insisten en que la sentencia no modifica su valoración sobre lo ocurrido durante el proceso independentista y sostienen que la ley no puede borrar las responsabilidades derivadas de aquellos hechos.
Vox fue más allá y anunció que derogará la norma si llega al Gobierno. La formación considera que la amnistía constituye una cesión política al independentismo y mantiene que su aprobación supuso una quiebra del principio de igualdad ante la ley.
La resolución del tribunal europeo tiene además otra consecuencia relevante. El debate jurídico pierde peso y gana protagonismo el debate sobre su aplicación práctica. El foco se desplaza ahora hacia el Tribunal Constitucional, que debe resolver los recursos de amparo presentados por varios dirigentes independentistas, y hacia el Tribunal Supremo, que mantiene excluido de la amnistía el delito de malversación atribuido a Carles Puigdemont y otros responsables del procés.
La sentencia de Luxemburgo tampoco supone el archivo automático de todas las causas pendientes. Corresponderá a los tribunales españoles aplicar el criterio fijado por el TJUE en cada procedimiento concreto y determinar el alcance de la ley respecto de cada investigado.
Con todo, el pronunciamiento europeo modifica el escenario político y jurídico que ha acompañado a la Ley de Amnistía desde su aprobación. La discusión ya no gira sobre su compatibilidad con el Derecho de la Unión, sino sobre la rapidez y el alcance con que deberá ejecutarse en España.
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