El ascenso de Antonio Balas a coronel de la Guardia Civil podía provocar un movimiento de piezas especialmente delicado para el Ministerio del Interior. Su nuevo rango obligaba, en condiciones normales, a abandonar la plaza de teniente coronel desde la que dirigía el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la Unidad Central Operativa, precisamente el departamento que concentra algunas de las investigaciones judiciales más comprometedoras para el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez. La solución elegida por la Dirección General de la Guardia Civil consiste, esencialmente, en no mover nada.
El boletín oficial del cuerpo ha publicado una convocatoria con 71 vacantes para tenientes coroneles y entre ellas no aparece la jefatura del departamento de Anticorrupción de la UCO que ocupaba Balas. La ausencia resulta decisiva porque permite que el coronel continúe en comisión de servicios y conserve el mando sobre las investigaciones que ya estaban bajo su responsabilidad. No solamente seguirá con el caso Koldo, para el que un juez y la Fiscalía Anticorrupción habían solicitado expresamente su permanencia, sino también con el resto de las causas que dirige el departamento.
Interior disponía de otra posibilidad. Podía mantener a Balas únicamente en aquellas diligencias cuya continuidad había sido reclamada judicialmente y convocar su antigua plaza para que otro teniente coronel asumiese el departamento y, con él, las demás investigaciones. Eso habría creado una dirección compartida bastante difícil de administrar dentro de una unidad policial especialmente sensible y en un momento de enorme exposición pública.
El Ministerio ha evitado esa arquitectura y, con ella, una decisión que inevitablemente habría provocado preguntas sobre las razones para apartar a Balas de unas investigaciones mientras permanecía en otras. El oficial seguirá dirigiendo las pesquisas que afecten al Gobierno y al PSOE del mismo modo que seguirá haciéndolo con aquellas que afectan al PP, entre ellas la investigación judicial sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La continuidad que reclamaron el juez y Anticorrupción
La permanencia de Balas en la UCO empezó a resolverse antes de que Interior decidiera qué hacer con su antigua plaza. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor del caso Koldo, trasladó en julio al responsable de la UCO la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción para que el entonces teniente coronel continuase participando en la investigación pese a su inminente ascenso.
Anticorrupción justificó la solicitud por el «papel relevante» desempeñado por Balas en las pesquisas sobre la presunta trama de corrupción relacionada con José Luis Ábalos y Koldo García y reclamó su permanencia durante el tiempo necesario para permitir que avanzase la investigación. El magistrado hizo suya esa petición y la trasladó formalmente a la Guardia Civil.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, terminó firmando el 1 de septiembre la orden de ascenso y autorizó que Balas permaneciera en la UCO mediante una comisión de servicios no indemnizable. La resolución establece que esa situación concluirá cuando desaparezcan las circunstancias que la motivan, se incorpore quien obtenga la vacante, Balas consiga otro destino o se alcance el plazo máximo establecido.
Quedaba, sin embargo, una decisión relevante en manos de Interior. Una cosa era garantizar que Balas terminase una investigación cuya continuidad habían solicitado expresamente el juez y el fiscal, y otra mantenerlo al frente de todo el Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción. La convocatoria de vacantes despeja esa segunda incógnita y amplía de hecho la continuidad del coronel al conjunto de las pesquisas que estaban bajo su dirección.
La decisión adquiere una dimensión política evidente por la identidad de algunas de esas investigaciones. Balas continuará al frente del caso Koldo y también de las pesquisas relacionadas con Leire Díez, la exmilitante socialista investigada en una causa en la que la UCO analiza una presunta estructura destinada a obtener información contra investigadores y fiscales vinculados a procedimientos sensibles para el PSOE.
El coronel tampoco es un mando desconocido en los procedimientos que durante los últimos años han rodeado al Gobierno. Su departamento ha intervenido en investigaciones sobre Begoña Gómez y participó en las diligencias relacionadas con el anterior fiscal general del Estado, además de otras causas de enorme repercusión política. Su nombre adquirió una notoriedad singular después de hacerse pública una grabación en la que Leire Díez pronunciaba la frase «si Balas está muerto, mejor».
Esa acumulación de investigaciones explica por qué una decisión administrativa aparentemente limitada a una convocatoria de plazas tenía capacidad para convertirse en otro conflicto político. Sustituir a Balas justo después de su ascenso habría obligado a Interior a explicar por qué el responsable policial cuya continuidad reclamaban un juez y Anticorrupción dejaba algunas de las causas más sensibles que estaban bajo su dirección. Mantenerlo evita esa discusión y preserva la estructura actual de la unidad.
Una relación interna sometida a una presión extraordinaria
La decisión llega además después de meses especialmente complicados dentro de la Guardia Civil. La investigación del caso Leire Díez alcanzó a la propia cúpula del instituto armado y provocó un enfrentamiento público alrededor de la actuación de la UCO. La unidad constató al menos tres reuniones entre Díez y la directora general, Mercedes González, y sostuvo que la exmilitante socialista la había instado a promover una investigación interna contra la UCO.
Mercedes González ha negado tajantemente haber interferido en las investigaciones de la unidad o haber participado en ninguna operación destinada a perjudicarla. Durante su comparecencia en el Senado llegó a defender el trabajo «escrupuloso» de Balas y sostuvo que nunca recibió de ella presión alguna relacionada con sus pesquisas.
Fernando Grande-Marlaska también ha situado fuera del Ministerio del Interior cualquier eventual trama relacionada con Leire Díez y ha respaldado públicamente a la directora general. El ministro ha rechazado que existieran presiones políticas sobre la UCO y ha defendido la autonomía con la que trabajan las unidades de policía judicial.
Ese contexto obliga a ser especialmente cuidadosos al interpretar la continuidad de Balas. No existe ningún elemento que permita afirmar que Interior pretendiera apartarlo de las investigaciones ni que su permanencia constituya una victoria de la UCO sobre el Gobierno. Lo que sí puede afirmarse es que el Ministerio tenía que resolver una situación administrativa susceptible de alterar la dirección de varias investigaciones políticamente explosivas y ha adoptado la alternativa que menos modifica el escenario existente.
La paradoja resulta difícil de ignorar. Un Gobierno sometido durante meses a sospechas y acusaciones sobre sus relaciones con la UCO termina garantizando que uno de los mandos policiales que mayor protagonismo ha tenido en investigaciones que afectan al PSOE conserve íntegramente su capacidad para seguir investigándolas.
Eso incluye las causas presentes y, mientras permanezca al frente del departamento, también las nuevas investigaciones que le correspondan. La comisión de servicios tiene carácter temporal y la Dirección General podrá volver a plantear la cuestión cuando convoque nuevas vacantes. Por tanto, la solución actual no convierte la permanencia de Balas en indefinida ni impide que su puesto termine siendo ocupado por otro oficial. Hasta entonces, la estructura permanece intacta.
Y esa continuidad tiene una consecuencia política que merece más atención que cualquier interpretación sobre vencedores y vencidos. Interior no ha blindado al PSOE frente al investigador que dirige algunas de las causas que más daño político le han causado, sino que ha optado por asumir el coste de que Balas continúe investigando con las mismas competencias que tenía antes de ascender. Al hacerlo evita alimentar cualquier sospecha de que una decisión administrativa pudiera utilizarse para modificar el curso de investigaciones judiciales especialmente sensibles.
En una legislatura donde cada movimiento de la UCO se examina como si escondiera una batalla política, la decisión más prudente para Interior ha resultado ser también la más sencilla desde el punto de vista institucional. El ascenso cambia las estrellas del uniforme de Antonio Balas, pero no cambia las investigaciones que seguirán llegando a su mesa.
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