La batería de medidas anunciadas por el presidente del Gobierno introduce un cambio relevante en la política de vivienda: por primera vez en años, el Ejecutivo intenta alinear incentivos privados con objetivos públicos sin renunciar a intervenir allí donde el mercado ha mostrado fallos persistentes. No es un giro retórico. Es una operación quirúrgica sobre tres grietas concretas del alquiler —renovaciones al alza, contratos de temporada y habitaciones— en paralelo a un esfuerzo sostenido por ampliar el parque público.
El anuncio lo hizo Pedro Sánchez en el arranque de las obras del nuevo barrio de Campamento, en Madrid, un escenario elegido con intención: regulación y oferta avanzan juntas. El real decreto ley que prepara el Gobierno se apoya en una lógica doble. Por un lado, premiar al propietario que estabiliza precios; por otro, cerrar vías de escape que han permitido esquivar la ley de vivienda sin aumentar ni calidad ni oferta.
Incentivos con letra pequeña
La bonificación del 100% en el IRPF para los caseros que mantengan el precio al renovar contratos es una pieza clave. No se trata de subvencionar indiscriminadamente, sino de compensar el coste de oportunidad de no subir rentas en un contexto inflacionario. El mensaje es claro: quien contribuya a la estabilidad del alquiler no perderá ingresos netos por ello.
La medida asume una realidad incómoda: buena parte del parque de alquiler está en manos de pequeños propietarios, no de grandes tenedores. Interpelarlos desde la fiscalidad, y no solo desde la sanción, permite ensanchar el perímetro de cumplimiento sin judicializar el mercado. Es un enfoque pragmático que reconoce límites y, a la vez, fija un estándar.
Temporales y habitaciones, el perímetro de la ley
El segundo eje apunta a los contratos de temporada, convertidos en una fórmula de uso intensivo en ciudades tensionadas. La futura regulación busca definir con precisión cuándo existe una causa real —laboral, académica, asistencial— y cuándo se trata de un alquiler encubierto para eludir controles. La clave será el régimen sancionador y la coordinación con comunidades y ayuntamientos para su aplicación efectiva.
Algo similar ocurre con el alquiler por habitaciones. Extender las garantías del contrato habitual a esta modalidad supone reconocer que no es un nicho marginal, sino una respuesta forzada a la escalada de precios. Limitar la renta agregada al precio de la vivienda completa y aplicar controles en zonas tensionadas corrige un incentivo perverso que multiplicaba ingresos a costa de precarizar la vida cotidiana.
Estas dos medidas no persiguen eliminar modalidades, sino ordenarlas. El objetivo no es homogeneizar el mercado, sino impedir que la creatividad contractual se convierta en una vía de abuso sistemático.
Construir para que la regulación funcione
La intervención regulatoria sería insuficiente sin oferta. Ahí entra Campamento y el despliegue de vivienda pública a gran escala. El nuevo barrio —10.700 viviendas asequibles, 100% promovidas desde el sector público— marca un estándar poco habitual en el urbanismo reciente. Precios de alquiler ligados a la renta mediana de la zona y ventas por debajo de mercado, con criterios de acceso claros y verificables.
La ministra Isabel Rodríguez subrayó un aspecto relevante: no se trata solo de cantidad, sino de condiciones de acceso. El umbral de entre 2 y 7,5 veces el IPREM y la exclusión de quienes ya poseen vivienda buscan evitar el efecto sustitución que ha desvirtuado otros programas.
Además, la distribución del suelo —solo un 25% para vivienda y un 75% para usos públicos— apunta a un modelo urbano menos dependiente del coche, con servicios y zonas verdes integrados. Es una corrección tardía, pero necesaria, a décadas de crecimiento extensivo sin equipamientos suficientes.
Un cambio de clima
Las medidas no resolverán de inmediato un problema acumulado durante años. Pero introducen algo que faltaba: previsibilidad. Para inquilinos, porque acotan subidas y reducen la incertidumbre contractual. Para propietarios, porque clarifican reglas e incentivos. Y para las administraciones, porque combinan intervención con producción directa de vivienda.
El Ejecutivo calcula que más de tres millones de hogares en alquiler se verán beneficiados. La cifra es discutible, como todas las proyecciones, pero el vector es claro: la vivienda deja de tratarse como un asunto sectorial para convertirse en infraestructura social. No hay épica en ello, sí una cierta normalidad europea que empieza a abrirse paso tras años de excepcionalidad.