,ha respondido a una de las mayores crisis sociales de España con una palabra que hasta hace relativamente poco permanecía en los márgenes de la derecha radical europea y que Vox ha decidido incorporar abiertamente a su vocabulario político: «remigración». El presidente del partido sostiene que la falta de vivienda se debe a las «políticas de fronteras abiertas» de Pedro Sánchez y propone, entre otras medidas, que parte de la población extranjera deje España.
No se trata únicamente de una nueva acusación contra el Gobierno ni de otra discusión sobre cuántas viviendas necesita el país. Abascal introduce un cambio mucho más profundo en el debate porque desplaza la pregunta desde qué política residencial necesita España hasta qué personas deberían tener derecho preferente a permanecer, alquilar o acceder a una vivienda pública en ella.
Su receta incluye «remigración», construcción de vivienda libre y pública «para familias españolas», desregulación de los alquileres y reducción de impuestos. El planteamiento reúne así dos de los grandes ejes que Vox ha ido consolidando en su programa, preferencia nacional y liberalización económica. La vivienda deja de presentarse únicamente como un problema de oferta, precios, suelo o salarios y pasa a convertirse también en un instrumento de diferenciación por nacionalidad.
El contexto tampoco es irrelevante. Abascal lanzó su propuesta después de que el Consejo de Ministros aprobara dos reales decretos con medidas para ampliar hasta 2030 determinadas protecciones frente a los desahucios, regular los alquileres de temporada y por habitaciones, limitar temporalmente las compras de vivienda por determinados fondos y facilitar la prórroga de contratos de alquiler. El Congreso deberá pronunciarse sobre su convalidación.
Las medidas del Gobierno pueden discutirse, y de hecho están siendo discutidas incluso dentro de la izquierda y por el movimiento de vivienda. Podemos ha criticado que el Ejecutivo haya dividido las medidas en dos decretos y el Sindicato de Inquilinas también ha rechazado ese fraccionamiento. La existencia de discrepancias sobre la respuesta del Gobierno no convierte, sin embargo, la expulsión o salida de extranjeros en una política residencial.
Una palabra que cambia el debate
«Remigración» no significa construir más vivienda, acelerar licencias, movilizar suelo, aumentar el parque público o facilitar la emancipación juvenil. Su objeto no son los inmuebles, sino las personas.
Ahí reside la novedad política del mensaje de Abascal. Vox no se limita a afirmar que la inmigración incrementa la demanda residencial, algo que puede analizarse desde la demografía y la economía, sino que incorpora la reducción de población extranjera a su catálogo de soluciones para el acceso a la vivienda.
La utilización del término tampoco aparece por primera vez en esta discusión. Abascal lo empleó este mismo septiembre en Barcelona dentro de un discurso migratorio que incluía repatriaciones de personas en situación irregular, deportaciones de extranjeros delincuentes, «prioridad nacional» y «remigración». Vox había defendido igualmente durante este año la prioridad de los españoles en determinadas ayudas públicas.
La cuestión adquiere una dimensión diferente al trasladarse a la vivienda. Si el problema es que faltan casas y la solución propuesta incluye que determinados residentes abandonen el país, la política residencial comienza a formularse también como una política de selección de población.
Eso permite entender mejor la referencia de Abascal a la construcción de vivienda pública «para familias españolas». Vox no reclama simplemente que las administraciones construyan más vivienda protegida, sino que introduce la nacionalidad dentro de la definición de sus destinatarios preferentes.
El debate deja entonces de girar exclusivamente alrededor del número de viviendas que España debe construir y entra en otro terreno: quién debe tener prioridad para acceder a los recursos públicos y qué lugar corresponde a los extranjeros que viven y trabajan en el país.
Menos regulación para un mercado que expulsa por precio
La segunda parte de la propuesta tampoco debería quedar eclipsada por la palabra «remigración». Abascal reclama simultáneamente desregular los alquileres y bajar impuestos, una orientación coherente con el programa general de desregulación presentado por Vox este año, en el que el partido llegó a proponer la eliminación de tres normas por cada nueva regulación aprobada.
En materia de vivienda, esta posición coloca a Vox prácticamente en las antípodas del modelo que acaba de impulsar el Gobierno. Frente a límites, prórrogas, protección ante determinados desahucios y regulación de modalidades de alquiler que habían encontrado vías para escapar de la normativa del arrendamiento habitual, Vox apuesta por reducir la intervención pública sobre el mercado.
Ahí existe una discusión económica legítima. Los partidarios de la liberalización sostienen que una regulación excesiva puede retraer la oferta, aumentar la inseguridad de los propietarios y terminar perjudicando a quienes buscan casa. Quienes defienden una mayor intervención consideran que un bien esencial sometido a una oferta insuficiente y a fuertes tensiones especulativas no puede dejarse exclusivamente en manos del mercado.
Lo peculiar de la propuesta de Abascal es la combinación de ambos elementos. Vox reclama menos intervención pública sobre los precios y las relaciones entre propietarios e inquilinos, pero más intervención para decidir quién debe tener preferencia en la vivienda pública y qué población extranjera debería abandonar España.
El Estado sería demasiado intervencionista cuando regula el mercado del alquiler, pero su intervención resulta aceptable cuando establece una «prioridad nacional». Esa tensión ideológica merece bastante más atención que el intercambio de acusaciones entre Abascal y Sánchez.
También permite comprender qué modelo de vivienda está defendiendo Vox. El partido propone ampliar la construcción, facilitar la actividad privada, reducir impuestos y regulaciones y reservar una posición preferente a los nacionales. El criterio económico se liberaliza al mismo tiempo que el criterio de acceso se nacionaliza.
De un problema social a una frontera interior
La crisis de vivienda tiene responsables políticos y el Gobierno no puede eludir los suyos. Después de años de precios crecientes y enormes dificultades de emancipación, las administraciones continúan muy lejos de ofrecer el parque asequible que necesita el país. Que el Ejecutivo apruebe medidas después de una fuerte movilización social tampoco borra el deterioro acumulado ni garantiza que los decretos sean suficientes.
Precisamente por eso resulta significativo que, ante un problema que exige discutir sobre construcción, alquileres, vivienda pública, salarios, suelo, fiscalidad y regulación, Abascal coloque la «remigración» entre sus primeras respuestas.
El concepto ofrece una salida política sencilla para un problema que no lo es. Si hay demasiada demanda, se reduce el número de demandantes; si la vivienda pública es insuficiente, se restringen sus destinatarios; si los jóvenes no pueden emanciparse, se presenta la presencia de extranjeros como parte central de la explicación.
La consecuencia es que dos personas que pueden compartir edificio, empresa, salario precario y dificultades para pagar el alquiler dejan de aparecer como víctimas del mismo mercado residencial. Una pasa a ser presentada como perjudicada y la otra como parte del problema.
Ese desplazamiento resulta especialmente útil para una formación que ha convertido la inmigración en uno de los ejes de su proyecto político. La vivienda proporciona un terreno extraordinariamente fértil porque el malestar existe, los precios son insoportables para muchas familias y la frustración de una generación que no puede emanciparse necesita respuestas.
Vox ofrece la suya. No se limita a construir más, porque Abascal podría haber terminado ahí su propuesta. Añade la «remigración», la prioridad para las familias españolas y la desregulación del alquiler. La elección de esas tres piezas permite entender que su política de vivienda no habla solamente de casas. Habla también de quién considera Vox que debe ocuparlas.
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